Bárcenas contrató a un ‘hacker’ para encriptar las cuentas del PP e investigar a dos de sus testaferros

Luis Bárcenas
Bárcenas, Fernández Díaz, el chófer de Bárcenas, Villarejo y Francisco Martínez.
  • M.A. Ruiz Coll y Alejandro Entrambasaguas

El comisario José Villarejo informó a sus superiores de la Policía, en una nota interna firmada el 16 de octubre de 2014, de que tras ingresar en prisión el ex tesorero del PP Luis Bárcenas había contratado a un hacker de la República Dominicana para encriptar la documentación confidencial que poseía sobre la financiación irregular del partido.

Bárcenas habría intentado así proteger los documentos sensibles que el equipo de policías encabezado por Villarejo pretendía arrebatarle para evitar que llegaran a manos del juez, y para evitar que los utilizara para chantajear al Gobierno de Rajoy.

En el citado informe, el comisario explicaba que Bárcenas había utilizado al mismo hacker para investigar los correos electrónicos de dos de sus testaferros, William Jardim y Carmelo Tucker, ante la sospecha de que podían traicionarle.

José Villarejo había obtenido esta información a través de un confidente, al que denominó K7, que pertenecía al entorno más próximo al ex tesorero del PP: «Respecto a los datos facilitados por K7», señaló en su informe, «se confirma que LB [Luis Bárcenas] con ocasión del tiempo de internamiento, contactó con un sujeto dominicano quien le había asegurado que por una cifra cercana a 50.000 euros podría encriptar y/o desactivar todos los datos que en su día LB escondió en un espacio de Internet (nube), no estando aún claro si pretende con dicha actuación ocultar o recuperar dichos datos».

El comisario aludió en su informe a dos de las sociedades que Luis Bárcenas utilizaba para gestionar el dinero de sus cuentas suizas, en las que llegó a tener depositados 22 millones de euros: Impala LTD, con sede en las Islas Bermudas, y la Fundación Sinequanon, domiciliada en Panamá.

«LB habría solicitado a dicho internauta», continúa el informe de Villarejo, «para que le hackeara las cuentas [de correo electrónico] de dos personas, William Jardim y Carmelo Tucker, ambos vinculados a Impala LTD. Sujetos de los que LB desconfía y esperaba saber por la información que pudiera contener sus correos si le estaban traicionando».

«A falta de verificación», prosigue el memorándum, «algunos de estos datos podrían estar relacionados con parte de la documentación obtenida como consecuencia de la comisión rogatoria que se llevó a cabo en Suiza en las oficinas del fiduiciario Arturo Fasana».

Como desveló en exclusiva OKDIARIO, Fasana es investigado ahora por el fiscal suizo Yves Bertossa, porque también habría actuado como testaferro –junto a Álvaro de Orleans y Dante Canonica– para ocultar la fortuna secreta del Rey emérito Juan Carlos I.

El gibraltareño William Jardim era uno de los testaferros de Bárcenas que, como gestor de la compañía Impala LTD domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Bermudas, tenía acceso a las cuentas número 8401489 y 8005540 abiertas en 2001 en el banco Dresdner Bank en Suiza, cuyo beneficiario final era el ex tesorero del PP. Así lo hizo constar Villarejo en su informe.

La Operación Kitchen puesta en marcha por el Ministerio de Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, tenía como objetivo arrebatar a Luis Bárcenas los documentos que poseía sobre la financiación irregular del PP. En su informe fechado en octubre de 2014, el comisario José Villarejo hizo constar que, si la Operación Kitchen culminaba con éxito, dichas pruebas debían ponerse inmediatamente a disposición del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que investigaba el caso Bárcenas.

«Una vez que se puedan conocer detalles sobre dichos datos», señala el informe de Villarejo, «así como la posible ubicación de documentación que LB tendría oculta en un escondite sólo conocido por él, se deberá informar inmediatamente de ello a la Autoridad Judicial, no atendiendo por tanto cualquier instrucción que se recibiera en otro sentido». Villarejo era consciente de que, en realidad, el Ministerio del Interior pretendía conseguir dichos documentos para evitar que llegaran a manos del juez.

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