La Fiscalía de París investiga posibles errores políticos en la gestión de la pandemia del Covid-19

España no es el único país en el que se pone en cuestión la gestión de las autoridades durante la pandemia del coronavirus. La Fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar tras recibir 60 denuncias presentadas desde finales de marzo por la mala gestión de las autoridades , a la que se le atribuyen más de 29.000 fallecidos en Francia.

Las denuncias están llegando con cuentagotas a los tribunales españoles, pero mientras bufetes de abogados preparan demandas masivas por parte de los familiares y afectados por la pandemia, la juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid donde se investigan las responsabilidades políticas por permitir la manifestación del 8-M y que, de momento, tiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

En Francia, las quejas atribuyen a la Administración posibles delitos como homicidio involuntario, denegación de auxilio o poner en peligro vidas. No afectan a ministros del Gobierno, que sólo pueden rendir cuentas ante un tribunal especial ajeno a la justicia ordinaria –lo que sería el Tribunal Supremo español–.

Según el fiscal de París, Rémy Heitz, el objetivo de las pesquisas será determinar «los procesos de toma de decisiones seguidos durante la crisis sanitaria para arrojar luz en cualquier delito penal que pueda haberse cometido», sin entrar en más valoraciones.

La Fiscalía de París ha asegurado que tres de las denuncias, relativas a residencias de ancianos, han sido remitidas a la Policía para que abran investigaciones separadas. Las autoridades estiman que casi la mitad de los muertos por COVID-19 en Francia eran residentes de estos centros o de instituciones similares.

La toma de decisiones en España

La causa principal abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid por un presunto delito de prevaricación, cuestiona que la decisión de permitir las manifestación feminista del 8-M, así como otros actos multitudinarios, se tomó en base a una decisión meramente política y no en base a criterios sanitarios.

El informe del forense, remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel, recoge,  por ejemplo, valoraciones tan graves como que «la hecatombe se veía venir» o que «no se alertó del gran riesgo» que suponían las concentraciones masivas de personas ante un virus que con una capacidad de contagio tan importante.

El forense al que se le ha encargado un análisis profesional sobre lo vivido en las semanas previas al 8-M desgrana que la grave crisis sanitaria del coronavirus, que ha puesto en jaque a España y ha provocado más de 40.000 fallecidos «se veía venir».

«La población no lo veía, quien estaba al cabo de la calle eran los expertos del CCAES pues son quienes tenían los datos continuamente de lo que estaba sucediendo, no en vano es un Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Tiene contacto, y es extraordinario como lo tienen con numerosos países del mundo y con todas las comunidades autónomas de España sobre la evolución del Covid-19. Las comunidades son a diario y al unísono», advierte.

Añade que el «el tsunami se preveía, se sabe que iba a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, pues así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir», insiste.