El informe forense del 8-M señala al Gobierno: «No se alertó del gran riesgo» que suponían las manifestaciones

El informe forense incorporado a la causa del 8-M, en la que se investiga por un presunto delito de prevaricación al delegado del Gobierno José Manuel Franco, es demoledor. El médico adscrito al Juzgado de Instrucción 51 del que es titular la juez Carmen Rodríguez-Medel expone abiertamente la existencia de un «tsunami que se veía venir». El texto apunta a la responsabilidad inequívoca de el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) Fernando Simón.

El forense al que se le ha encargado un análisis profesional sobre lo vivido en las semanas previas al 8-M desgrana que la grave crisis sanitaria del coronavirus, que ha puesto en jaque a España y ha provocado más de 40.000 fallecidos «se veía venir».

«La población no lo veía, quien estaba al cabo de la calle eran los expertos del CCAES pues son quienes tenían los datos continuamente de lo que estaba sucediendo, no en vano es un Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Tiene contacto, y es extraordinario como lo tienen con numerosos países del mundo y con todas las comunidades autónomas de España sobre la evolución del Covid-19. Las comunidades son a diario y al unísono», advierte.

Añade que el «el tsunami se preveía, se sabe que iba a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, pues así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir», insiste.

Y es que ya lo habían advertido organismos como la Organización Mundial de la Salud o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que anunció «claramente que nos preparáramos para una pandemia, que hiciéramos planes de pandemia, que el peligro era grande e inminente, que adoptáramos las medidas de distanciamiento social (evitar concentraciones masivas de personas) en ese momento».

La «tensión» de Simón

Además, también señala que en el centro dirigido por Fernando Simón «se notaba la tensión, a través de los correos electrónicos» que se intercambiaron entre el CCAES y otros organismos y expertos epidemiológicos de España. Añade, de esta manera, las advertencias que durante esos días manifestaban esos expertos autonómicos. Frases como «o sé si podemos controlarla»; «es la única forma de aguantar la situación»; «la sensación que tengo es que lo damos todo perdido». Todas ellas afirmaciones que OKDIARIO desveló con la publicación del segundo informe de la Guardia Civil incorporado a la causa.

«No me consta que se haya informado a los asistentes de ninguna de las manifestaciones del riesgo sanitario en el que estábamos. Y está indicado por la OMS, además de ser una cuestión lógica que debería haber sido fundamental en el estado en el que nos encontrábamos», asegura el forense sobre las recomendaciones de seguridad que debieron darse antes del 8-M y otras marchas.

El papel del delegado del Gobierno

Apunta directamente a la Delegación del Gobierno por permitir estas marchas, pese al «riesgo para la salud de todos los ciudadanos» que ya conocía. Y lo hacía «hasta el punto de proteger a sus trabajadores con medidas e información adecuadas», aunque «no consta que en ni una sola de las muchas solicitudes de manifestación se hiciera ni la más mínima mención al riesgo ya  la seguridad».

«No es porque no lo supieran, pues desde el 28 de febrero había información y medidas para la Delegación del Gobierno, sino por motivos que desconozco no se trató de igual forma a la población», explica el forense.

«El derecho a la información pasa por la información de riesgo que un manifestante corre al acudir a un acto. En mi opinión, las autoridades o los organizadores deberían informar a los convocados sobre los riesgos que corren, sobre todo si son riesgos que la población no conoce al detalle», advierte.

«Había miedo, y prueba de ello es que algunas manifestaciones fueron desconvocadas por los organizadores y, sólo pasado ampliamente el 8-M, la Delegación del Gobierno propuso desconvocar alguna más por miedo al coronavirus.

Illa y Simón lo sabían

Otro de los puntos en los que el forense apoya sus conclusiones sobre el posible delito de prevaricación administrativa cometido por el Gobierno a la hora de permitir el 8-M es el grado de conocimiento que tenían en ese momento sobre el virus el ministro Salvador Illa y Fernando Simón, así como la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio o «el propio acusado, don José Manuel Franco».

«La situación era conocida a la perfección por todos los intervinientes», asegura. También cita al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que acudió a una reunión el 5 de marzo con representantes de la iglesia evangélica, aunque el consejero madrileño no tenía ninguna competencia para suspender actos públicos.