Magistrados y vocales del CGPJ alertan de la peligrosa deriva sanchista para «controlar la justicia»

Las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO que este jueves y viernes se celebran en Marbella han estrenado la primera de sus seis mesas redondas abordando las reformas judiciales pendientes, incluyendo aspectos cruciales como los «ataques» a jueces y medios de comunicación y las nuevas reformas para «controlar» la justicia y poner en jaque la «independencia judicial».

Moderada por Irene Tabera, periodista de Investigación y Tribunales de OKDIARIO, la mesa ha contado con la participación de Manuel Ruiz Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de Madrid y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, María Ángeles Carmona, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 3 de Sevilla, y José María Páez Martínez-Virel, vocal del CGPJ y ex decano de los Juzgados de Málaga.

Carmona ha atribuido a OKDIARIO un papel clave en el seguimiento de la reforma del Código Penal con la infausta ley del sólo sí es sí, con un recuento público de las sentencias rebajadas a agresores sexuales. El CGPJ pidió datos a todas las Audiencias provinciales y «gracias a medios de comunicación independientes como éste pudimos conseguir que se reformara la ley y que volviera otra vez la penalidad».

La también ex presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha denunciado que aquel episodio fue «el principio del fin» y abrió una etapa de ataques «injustos» al poder judicial, acusando a los jueces de «machistas», «elitistas» o «conservadores», y ha recordado que las rebajas a violadores siguen produciéndose sin un recuento público actualizado.

La letrada ha criticado especialmente las acusaciones de lawfare, que no es otra cosa que «prevaricar» e «imputar un delito a los jueces»: «No puede haber una falta de respeto tan grande al poder judicial como ésta». Además, Carmona ha recalcado que las nuevas leyes en trámite buscan «controlar la Justicia» y «difundir la idea de que hay que desconfiar de los jueces».

Por su parte, y a pesar de lo «doloroso» de la afirmación, Martínez-Virel ha sostenido que en España «la justicia no funciona bien», y ha atribuido el problema a la «falta de recursos». Hace tres años el gasto global de los Presupuestos Generales del Estado fue de 378.000 millones de euros y el Ministerio de Justicia contaba con apenas 2.000 millones, cifra que considera «absolutamente ridícula». «Esto atenta directamente contra la independencia judicial. No hay mayor atentado que no dejarle al juez hacer su trabajo. Ahí comienza el desprestigio. Llevamos un retraso incompatible con la idea de justicia. Los tribunales son el último sistema de control», ha sentenciado. Sobre las denuncias de lawfare, asegura que son «acusaciones muy serias y siempre interesadas».

De su lado, Ruiz Lara ha rechazado la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial, que podría suponer la «estocada de muerte a la independencia judicial». El magistrado ha descrito la oposición actual como una «prueba de excelencia», objetivable y transparente, que garantiza preparación sólida y acceso abierto, y advierte de que sustituir exámenes orales por casos prácticos poco definidos y subjetivos y crear vías de acceso «rebajadas» deterioraría la calidad de los jueces e introduciría más subjetividad y posible control político, sobre todo si la preparación pasa a depender de un organismo bajo el Ministerio.

Todo ello en un contexto de «casos de corrupción que afectan al Gobierno y ataques continuos y descalificaciones de ministros a los jueces que llevan estos casos». «La crítica a las resoluciones judiciales es legítima, pero acusar de prevaricación a los jueces no es aceptable», ha rematado.

Sobre la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (su condena se ha conocido minutos después de esta mesa redonda), Ruiz Lara ha puesto el foco en la ruptura de la imparcialidad del Ministerio Público: «No es razonable que el fiscal general, máximo garante de la legalidad, esté al mismo tiempo sentado en el banquillo. Se ha lesionado la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía».

En este sentido, la mesa ha recordado que el CGPJ declaró por primera vez «no idóneo» a García Ortiz como fiscal general por tres motivos: una sentencia del Supremo que anuló uno de sus nombramientos por desviación de poder, la instrucción dictada en la aplicación de la ley del sí es sí para evitar reducciones de condena frente al criterio fijado por las audiencias y el Supremo, y la falta de defensa pública a los fiscales atacados en el procés.

Asimismo, lo ponentes han reclamado cumplir las recomendaciones europeas para que los jueces elijan a los vocales judiciales del CGPJ y han denunciado la politización y la falta de voluntad para cambiar el sistema. El objetivo –han coincidido– pasa por volver a una Justicia basada en el consenso institucional y en la protección efectiva del ciudadano.