La condena a García Ortiz en las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO: «La pena es suave y puede haber indulto»

La condena del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar datos privados con el único objetivo de atacar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pillado en pleno directo a los expertos del ámbito judicial que debatían sobre la situación del sistema penal en las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO que se celebran esta semana en Marbella (Málaga). Fernán González, jefe de investigación del medio, anunciaba a los ponentes el bombazo informativo que ha supuesto la condena a García Ortiz. Los expertos, como no podía ser de otra manera, han analizado el fallo, lamentando que se trate de una «pena suave» y alertando de la posibilidad de que se produzca un indulto.

Pedro Agudo, comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial de Málaga, Adolfo Prego, ex magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y socio fundador de Adolfo Prego Abogados y Francisco Espinosa, presidente de la Nueva Asociación de Abogados del Estado, lamentaban en las mencionadas Jornadas Jurídicas que García Ortiz estuviera siendo juzgado justo cuando ha saltado la noticia: el fiscal general del Estado era condenado a dos años de inhabilitación. La reacción más inmediata ha sido la de aplaudir la valentía y la celeridad de los jueces, aunque también han considerado «suave» la pena.

Adolfo Prego ha destacado la contundencia de la prueba testifical de una fiscal que recibió instrucciones directas del fiscal general para difundir una nota de prensa con datos privados. En este sentido, el ex magistrado advierte de la relevancia de saber quién domina el acto de la filtración -García Ortiz-, aunque la ejecución material la realice otra persona. Eso sí, considera la pena «suave» dadas las circunstancias y la gravedad de la filtración y no descarta la posibilidad de que haya «indultos, recursos de amparo constitucional y votos particulares disidentes en el tribunal».

La mesa, en definitiva, ha reconocido, a expensas de poder leer el fallo con más detalle, la presión mediática sobre los jueces y la valentía de dictar una sentencia de este calibre.

Modernización y reformas

Antes de conocerse la condena a García Ortiz, la mesa redonda debatía sobre las dificultades que atraviesan los jueces para dictar determinadas sentencias. En este sentido, el comisario Pedro Agudo ha subrayado la necesidad urgente de modernización tecnológica: «Dentro de la Policía, no puedo acceder a todos los archivos policiales porque no son interoperables», ha señalado, remarcando cómo esta carencia ha ralentizado investigaciones clave. «La interoperabilidad va desde ese barro en la primera parte hasta la última ratio de la parte judicial», ha recalcado. Ha destacado, además, que los avances más notables se han producido «siempre de la mano de los jueces y los fiscales».

Adolfo Brego, ex magistrado del Tribunal Supremo, también ha ofrecido una visión muy crítica, llegando a afirmar: «La justicia está agonizando». Ha defendido que el sistema ha priorizado la eficacia y la rapidez sobre la protección de garantías procesales y derechos humanos. Además, Brego ha lamentado que «el Estado prefiere invertir en la Agencia Tributaria, cuyos sistemas informáticos son perfectos, pero no en el Poder Judicial, que está en la pobreza».

Para rebatir mitos, ha destacado que «ser juez es renunciar a ingresos y bienestar material a cambio de valores y servicio al Estado de Derecho». Sobre las promesas políticas de reforma, ha mostrado escepticismo: «Siempre las reformas de la justicia han estado destinadas a neutralizarla, empeorarla o destruirla». Además, ha resaltado ejemplos personales, como la presión familiar para optar por profesiones mejor remuneradas, y ha explicado cómo en su época era motivo de expulsión tener dos deudas ejecutadas, muestra del rigor y sacrificio exigido.

Francisco Espinosa, presidente de la nueva Asociación de Abogados del Estado, ha aportado un contrapunto optimista pero realista: «La justicia penal está muy mal, pero porque también lo están las demás justicias», ha comentado. En este aspecto, ha elogiado la formación y vocación de los jueces -«lo mejor de lo mejor»-, aunque ha subrayado la insuficiencia presupuestaria: «Con solo un 0,67% del gasto público dedicado a justicia, no se puede esperar milagros».

Espinosa también ha puesto como ejemplo la sobrecarga de los jueces relatando un caso concreto: «Tuve que gestionar 420 expedientes en 222 días lectivos; eso no hay un humano que lo pueda sacar». Espinosa ha reclamado una reestructuración que permita distinguir entre casos menores y graves, ya que un juez «no puede levantar un cadáver y atender pequeños delitos de mínima cuantía». Asimismo, ha advertido sobre los riesgos de dispersar la competencia en justicia penal entre las comunidades autónomas: «La justicia penal debería ser competencia del Estado; no puede depender de las comunidades autónomas».

La sesión ha concluido con una petición unánime: que la verdadera modernización del proceso penal en España sea, por fin, un objetivo prioritario y realista, en lugar de una promesa perpetua.