La violencia provocada por los separatistas que quiere amnistiar Sánchez dejó más de 700 policías heridos

La violencia generada durante el proceso separatista catalán dejó como principales víctimas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado desplazadas a Cataluña para frenar a los radicales. El balance de las protestas y disturbios en las distintas fases del procés nunca ha sido revelado, pero supera ampliamente los 700 policías heridos de distinta consideración, según las fuentes consultadas. En algunos casos, muy graves. Algunos escenarios de esos altercados -que ahora Pedro Sánchez quiere borrar con la ley de amnistía que pacta con el separatismo- fueron la celebración del mismo referéndum ilegal del 1 de octubre o las protestas tras conocerse la sentencia a los líderes independentistas que, durante varios días, derivaron en revueltas en Barcelona.

El Ministerio del Interior informó en su momento de que hasta 431 policías y guardias civiles habían resultado heridos durante las cargas policiales para impedir la celebración del referéndum ilegal. De ellos, diez causaron baja. Fuentes policiales tienen contabilizados hasta 134 policías heridos en los disturbios tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Oriol Junqueras y el resto de la cúpula del referéndum, luego indultados por Sánchez, por los delitos de sedición y malversación. La violencia alcanzó también a los mossos y 153 de ellos también sufrieron heridas, así como un agente de la Guardia Urbana.

Sin medios

Precisamente, la desproporción de las cargas policiales el pasado lunes en Ferraz, cuando se lanzó gas lacrimógeno a los manifestantes pacíficos, provocó el malestar en las Fuerzas de Seguridad del Estado, que recordaron lo ocurrido en 2019 en Barcelona.

Entonces, los policías desplazados a Cataluña se quejaron a Marlaska por la falta de medios para contener las protestas violentas, que ya dejaban decenas de agentes heridos. Reclamaron «refuerzos inmediatos», «materiales imprescindibles en el orden público» y, sobre todo, «contundencia» frente a los radicales ante la orden de «contención» por parte de Interior. Advirtieron incluso que los violentos pretendían «la muerte» de algún policía y que el material antidisturbios que se les había entregado estaba caducado. Todo ello, en «un entorno de violencia y tensión extremo, nunca antes visto en Barcelona y muy similar al organizado por la banda terrorista ETA en las calles de País Vasco y Navarra en los años ochenta y noventa del siglo pasado».

CDR y Tsunami

La ley de amnistía que prepara Sánchez se aplicará a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y a Tsunami. La Audiencia Nacional acordó hace unos días la apertura de juicio oral contra 12 personas que fueron procesadas por los delitos pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de explosivos.

Este martes, el juez que investiga la causa de Tsunami también imputó al ex presidente catalán fugado Carles Puigdemont; a la secretaria general de ERC, Marta Rovira y a otros ex altos cargos de la Generalitat por un delito de terrorismo por su implicación en esta plataforma, que impulsó las grandes protestas contra la sentencia del proceso separatista.

En este contexto, y mientras negocia la amnistía para el separatismo, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha centrado los últimos días su discurso en las protestas ante las sedes del PSOE, acusando a manifestantes pacíficos de «coacciones» y «amenazas». Las protestas derivaron el martes en actos vandálicos por parte de un grupo violento que reventó la manifestación que se desarrollaba con normalidad ante la sede del PSOE en Ferraz.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado a Sánchez este miércoles que «cuando pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ninguna lección».

«La violencia no tiene cabida en democracia y debe rechazarse siempre, ya sea violencia de ultras de extrema izquierda o de extrema derecha. Y su impunidad tampoco», ha subrayado, en relación a los disturbios y el terrorismo callejero de los CDR que Sánchez quiere ahora perdonar para seguir en la Moncloa pese a los procesos judiciales activos.