Ultimada la ley de amnistía a la espera de blindar a otros 180 imputados, 30 de ellos por terrorismo

Pedro Sánchez y Carles Puigdemont ultiman el acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía para que alcance también a acusados de terrorismo en acciones vinculadas con el independentismo catalán. Así, esta futura ley no sólo alcanzará a los políticos que en su día fueron condenados por sedición –por encabezar el golpe secesionista de Cataluña del otoño de 2017– y a los procesados por su vinculación directa en aquellos hechos. También se extenderá a otros 180 imputados que tienen causas pendientes por hechos conectados, pero no directamente cometidos en aquella intentona de independencia de hace seis años. De esos 180 que se beneficiarán, 30 están acusados de delitos de terrorismo. El texto dejará atado el alcance de la amnistía para que se garantice la inmunidad total al prófugo Carles Puigdemont, que de esa forma podrá regresar a España libre de cualquier carga penal.

Ahora toca darle forma legal a la redacción de la proposición de ley para que la amnistía adquiera eficacia en toda esa extensión, para que abarque también a todos esos encausados que, en su práctica totalidad, han sido imputados con Pedro Sánchez en el Gobierno. Llegó a La Moncloa el 1 de junio de 2018.

Estos ajustes finales quedarán despachados en breve. Cuando la proposición de ley llegue al Congreso –se prevé inminente– estará configurada para cubrir ese amplio perímetro de amnistiados. La iniciativa legislativa se presentará antes de que se vote la investidura de Pedro Sánchez, porque era otra de las condiciones marcadas por los independentistas. Así las cosas, el pleno de investidura se prevé que se celebre en el Congreso la próxima semana.

Imposición de Junts

Como adelantó OKDIARIO, que la amnistía alcanzara a esa larga lista de independentistas con causas pendientes con la Justicia era una condición establecida por Junts en la recta final de las negociaciones, con el prófugo ex president marcando el paso de las mismas.

Además de a los imputados por terrorismo, desde el partido de Puigdemont se ha exigido –y Sánchez ha aceptado– incluir en la Ley de Amnistía los casos de supuesta persecución judicial contra el independentismo. Es decir, causas no relacionadas de forma directa con el golpe del 1-O de 2017, y que incluye a 150 imputados represaliados bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, lo cual implicará que los socialistas aceptarán que el presidente en funciones también hizo uso de esta práctica.

Además, los secesionistas han logrado que el PSOE también acepte el perímetro de la amnistía a los 30 imputados por terrorismo tras conocerse la decisión del juez Manuel García-Castellón acusando al mismo Puigdemont, y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, de la comisión de un delito de terrorismo en la causa que instruye contra Tsunami Democràtic, la plataforma que estuvo detrás de acciones de protesta contra la sentencia a los líderes del procés dictada por el Tribunal Supremo en octubre 2019.

Con el acuerdo cerrado entre el PSOE y Junts, entre los amnistiados figuraría, por ejemplo, el ex hombre de confianza de Puigdemont, Josep Lluís Alay, implicado en el llamado caso Volov -que dirige el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona-, una operación iniciada bajo el Gobierno de Sánchez con más de una treintena de detenciones y que investiga el presunto desvío de fondos públicos al procés independentista, además de las conexiones de los separatistas con la Rusia de Vladimir Putin.

Alay está acusado también de malversación y prevaricación por un viaje que, en representación del fugado, hizo en 2018 al referéndum secesionista de Nueva Caledonia. El caso también salpica a los ex consejeros Josep González-Cambray y Xavier Vendrell, el publicista Oriol Soler, el empresario David Madí y el presidente de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas, Xavier Vinyals.