Esclavitud en Palma: trabajadores explotados 13 horas al día, sin descanso y en silencio absoluto

La capital balear vuelve a situarse en el epicentro del escándalo laboral. Agentes de la Policía Nacional han destapado una presunta trama de explotación laboral que operaba con total impunidad en varios establecimientos de la ciudad. Cinco personas —cuatro hombres y una mujer— han sido detenidas acusadas de contratar a ciudadanos extranjeros en situación irregular para someterlos a condiciones extremas de trabajo y aislamiento. Víctimas y agresores son de nacionalidad marroquí y trabajaban en peluquerías y pequeños restaurantes de la zona de Pere Garau.

La investigación, desarrollada por el Grupo IV de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Illes Balears, arrancó tras la recepción de un aviso anónimo enviado al correo contra la trata, alertando de posibles irregularidades en negocios regentados por los ahora arrestados.

Lo que encontraron los agentes fue demoledor. Las inspecciones realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo permitieron identificar a varios trabajadores extranjeros que carecían de autorización para trabajar en España y que desempeñaban sus funciones en barberías y locales de restauración de Palma.

Pero lo más impactante no fue solo la irregularidad administrativa. Según la investigación, las víctimas eran obligadas a cumplir jornadas maratonianas desde las 09.00 de la mañana hasta las 22.00 horas, todos los días de la semana, sin un solo día de descanso, sin vacaciones y sin contrato laboral. A esto se sumaban descuentos salariales indebidos, lo que generaba una clara situación de dependencia económica y vulnerabilidad extrema.

Fuentes policiales a las que ha tenido acceso OKBALEARES describen el escenario como un sistema de control férreo donde los trabajadores apenas tenían margen de maniobra para abandonar la situación. En la práctica, la rutina diaria se convertía en una espiral sin salida: abrir el local, trabajar sin pausa durante más de trece horas y repetir el mismo esquema al día siguiente, sin descanso y bajo supervisión constante.

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es el aislamiento social impuesto a las víctimas. Según las pesquisas, no se les permitía hablar con los clientes bajo ningún concepto. Esta prohibición no solo buscaba evitar que trascendieran las condiciones laborales, sino también impedir cualquier tipo de vínculo o ayuda externa. El silencio era una norma más dentro del establecimiento, reforzando el control y el miedo.

La investigación también destapó que algunos trabajadores residían en espacios anexos a los propios establecimientos, en condiciones calificadas como indecentes. Dormían en dependencias improvisadas, vinculadas directamente al negocio, lo que reforzaba la dependencia total de los empleadores. Las autoridades detectaron además irregularidades en materia de habitabilidad y uso de inmuebles, lo que ha derivado en sanciones administrativas por parte del Servicio de Vivienda del Consell de Mallorca y del área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Palma.

El caso no solo apunta a una vulneración laboral, sino también a posibles infracciones urbanísticas y de salubridad que agravan la gravedad de los hechos. La acumulación de irregularidades dibuja un panorama que los investigadores califican como especialmente lesivo para los derechos fundamentales de las víctimas.

Los cinco detenidos están siendo investigados por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones en los próximos días, ya que los agentes siguen analizando documentación e información recabada durante las inspecciones.

Desde la Policía Nacional subrayan que este tipo de intervenciones forman parte de las actuaciones permanentes contra la explotación laboral, una práctica que atenta directamente contra la dignidad humana y sitúa a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad.

Las autoridades recuerdan que cualquier persona que esté sufriendo explotación laboral o tenga información al respecto puede denunciar de forma gratuita, confidencial y segura a través del teléfono directo de la Policía Nacional: 900 10 50 90. También está disponible el correo electrónico: [email protected]. La colaboración ciudadana, como en este caso, vuelve a ser clave para destapar situaciones que permanecen ocultas tras la apariencia de negocios aparentemente normales.