La trama de Acuamed que investiga la Justicia por financiar al PSOE retiró 200.000 € en metálico

Un informe de la Agencia Tributaria entregado a la Audiencia Nacional -y al que ha tenido acceso OKDIARIO- certifica que parte de los pagos realizados por las compañías concesionarias de las desaladoras acabó directamente en manos de particulares por medio de retiradas de dinero en efectivo.

En total, y sólo con respecto a una de las concesiones que se han analizado en la investigación judicial, se sacaron del circuito en concepto de “retirada de efectivo” 182.300 euros en metálico. Otros 8.350,80 euros fueron retirados por medio de cheques al portador. Y la Guardia Civil chequea otros pagos a nombres particulares que elevan la cifra global por encima de los 200.000 euros.

Ese dinero se pagó, según la justificación oficial, para trámites de las desaladoras. Pero lo cierto es que salió del circuito empresarial justo en el momento en el que la Guardia Civil sospecha que se derivó dinero para financiar las campañas de publicidad del PSOE en las elecciones generales de 2008.

Acuamed era una empresa pública que exigió pagar campañas de publicidad de evidente contenido político a las empresas concesionarias de las desaladoras que por aquellas fechas se impulsaban. Y la máxima responsable de esta empresa pública era la entonces ministra de Medio Ambiente y hoy presidenta del PSOE de Pedro Sánchez, Cristina Narbona.

El informe de la Agencia Tributaria ha analizado el caso de una desaladora: la de Torrevieja. La concesionaria de esa desaladora fue Acciona. Y a esta empresa privada se le pidieron una serie de pagos, entre ellos, 1,311 millones de euros adicionales en el año 2007 a petición de Acuamed, la sociedad pública integrada en el departamento de Cristina Narbona.

Las fechas en las que se le pidió el pago a la compañía privada eran las previas a la campaña electoral que revalidaría el mandato de Rodríguez Zapatero, justo las mismas fechas que revisa ahora la Justicia por las sospechas de que se usaron fondos de Acuamed y de los importes exigidos a las propias empresas concesionarias para crear un entramado de financiación ilegal para el PSOE. La UCO analiza igualmente los pagos exigidos a Acciona -de otro millón y medio de euros- para campañas de publicidad políticas como parte de una posible red de financiación de esa campaña electoral del PSOE.

El dinero retirado en efectivo se realizó de forma paulatina entre los meses de abril y diciembre de 2007. En total, se realizaron 15 visitas a para retirar el dinero. Y los acopios de fondos en metálico oscilaron entre los 3.000 euros y los 30.000 euros, tal y como refleja el documento que hoy publica este diario.

Todas las salidas de dinero se hicieron de forma paulatina, siendo las retiradas de fondos más habituales las de 3.000 euros, una cantidad claramente más disimulada que las de 30.000, 26.000 ó 25.000 euros, de las que también hubo alguna.

Y todo ello no fue a pago directo de Acciona: esta empresa privada pagaba a una sociedad que, a su vez, se encargaba de pagar a otras sociedades hasta que, de un de ellas, Jescar, salió el dinero en metálico.

La Agencia Tributaria ha comunicado ya al Juzgado de Instrucción esta ruta de dinero, algo que abre un nuevo frente de investigación en el caso Acuamed. Hasta ahora OKDIARIO había desvelado la exigencia de Cristina Narbona a las empresas concesionarias de las desaladoras de Acuamed del 1% del importe de los proyectos otorgados por parte de la empresa pública de aguas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía por aquel entonces la hoy presidenta del PSOE. Esa partida supuso un importe total de 7,5 millones de euros y tenía como fin campañas de publicidad sobre el agua pero de fuerte implicación política.

Igualmente este diario ha narrado los 13,96 millones de euros cargados por decisión de Narbona directamente a las cuentas de la sociedad pública Acuamed con el mismo fin de pagar campañas de publicidad política justo a las puertas de las elecciones generales de 2008.

Pero el informe de la Agencia Tributaria entregado a la Justicia supone una nueva dinámica de extracción de fondos de las empresas que recibían las concesiones de las desaladoras. Y es que, en esta ocasión, los pagos, como describe Hacienda, se justificaban como exigencia de servicios técnicos y, como tales, eran cargados a una sociedad interpuesta.

De este modo, el informe de la Agencia Tributaria relata como “se da cuenta de los pagos realizados por el Grupo Acciona a la sociedad Grupo Inversor G2 SL (GIG2) que traerían causa en la asistencia técnica prestada en relación con la construcción para Acuamed de una desaladora en Torrevieja, en tanto que parte de esos pagos pudieran haberse canalizado a la sociedad Agua Planificación y Gestión SL que parece guardar relación con quien era entonces un empleado de Acuamed”.

El informe fue pedido por el propio Juzgado de Instrucción a Hacienda y en él se describen los dos pagos realizados en el año 2007 por importes de 655.959,41 euros y 655.959,42 euros. En total más de 1,3 millones de euros cuyo recorrido es peculiar.

Y es que, según sigue narrando el informe de la Agencia Tributaria, GIG2 firmó a su vez un segundo contrato también de asistencia técnica con dos consultores particulares que “percibirán de GIG2 una cantidad igual al 90% de las cantidades que GIG2 perciba de Pridesa [que fue comprada por Acciona al 100% en 2006] y esta de Acuamed”.

Otra cláusula del contrato permite a su vez a los dos consultores particulares “ceder los derechos y obligaciones del contrato a las sociedades que ellos designen, siempre que sean socios o partícipes de las mismas”, con lo que los cobros se acabaron efectuando por PRHIDO Inversiones Siglo XXI, Atabiros y Jescar Investment & Consulting. Y de Jescar es de donde salieron la mayor parte de los pagos en efectivo.

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el caso Acuamed han detectado ya, además, que a las empresas que debían construir las desaladoras, pertenecientes al plan lanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se les exigía una cantidad coincidente en todos los casos: el 1%.

A dichas concesionarias se les pidió, por orden del Ministerio de Narbona, esa cantidad, que se destinó a campañas de publicidad en favor del PSOE y justo antes de las elecciones de 2008, en las que Rodríguez Zapatero revalidó su mandato al frente del Ejecutivo.