Los testigos desvelan que la creación del cargo del asesor del «hermanito» David Sánchez fue irregular

Dos altos funcionarios de la Diputación de Badajoz han destapado una clara irregularidad en la creación del puesto de trabajo de Luis Carrero para ser responsable de Cooperación Transfronteriza. Se trata del asesor de Pedro Sánchez que desde el Palacio de La Moncloa trabajaba para el hermano del líder del PSOE y luego dio el salto a la institución provincial para trabajar directamente a sus órdenes. Es el asesor cuya existencia desveló OKDIARIO y que con sorna llamaba a su jefe «querido hermanito».

Según consta en las testificales realizadas esta semana, tanto el ex secretario general de la Diputación, José María Cumbres, como el interventor general, Ángel Díaz Mancha, han confirmado que el procedimiento de provisión de este puesto se inició antes de que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) estuviera definitivamente aprobada, contraviniendo así el procedimiento administrativo que marcan las normas.

«La aprobación definitiva del puesto fue el 14 de noviembre de 2023, sin embargo, el procedimiento de provisión se inicia el 16 de octubre de 2023. No hubiera sido lo legal ordinario o habitual que hasta no tener aprobada la RPT no se hubiese podido proveer», preguntó la juez instructora a Cumbres, quien respondió con un categórico: «Coincido con usted».

Esta irregularidad fue igualmente corroborada por el interventor, quien tras una inicial confusión ha aclarado: «El que se inicie o no el expediente puede ser una práctica que no sé si es del todo correcta, pero no se puede lanzar el procedimiento de provisión hasta que no está en vigor la modificación de la RPT».

La causa investiga presuntas irregularidades administrativas en la modificación de varios puestos de trabajo en la Diputación Provincial, con especial atención al puesto ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón y al mencionado cargo de Cooperación Transfronteriza, donde los testigos han confirmado que se saltaron los procedimientos administrativos habituales.

Aunque los tres funcionarios que declararon esta semana negaron haber tenido conocimiento de rumores o presiones políticas para favorecer a determinadas personas, sus testimonios han confirmado que, al menos en el caso del puesto de Carrero, no se respetaron los tiempos administrativos reglamentarios. Por el contrario, otros testigos sí han confesado que hubo «rumores» de que el puesto se creaba para el hermano de Sánchez y en un email pusieron a modo de mofa el asunto «Hermanísimo».

La magistrada deberá determinar ahora si estas irregularidades procedimentales constituyen indicios de prevaricación, un delito que implica a funcionarios públicos o autoridades que, a sabiendas de su injusticia, dictan resoluciones arbitrarias.

La investigación continúa abierta mientras se analizan otras posibles irregularidades en la gestión de los recursos humanos de la administración provincial extremeña.

Un reglamento fantasma

La juez pregunta sobre un reglamento de Puestos de Trabajo de 2003. No obstante, Cumbres afirmó que «nunca fue formalmente aprobado»: «El reglamento es una norma de carácter general y obligatorio, con rango inferior a la ley. Tiene que estar aprobado y publicado. Si no estaba publicado es porque no estaba aprobado y esto me importa porque el procedimiento de aprobación de un reglamento interno corresponde al Pleno, a mí como secretario me corresponde dar el ok. Para mí es muy difícil que se me olvidara tramitar la aprobación de un reglamento, por lo que extraigo que jamás se sometió a la consideración del Pleno. Cuestión distinta es validez».

«No es un reglamento en sentido de norma jurídica. De haberlo sido la violación del trámite sería motivo de nulidad. Podría llamarse ‘pauta de actuación’, ‘catálogo’ pero no reglamento», agrega el alto cargo.

En cuanto a la ausencia de descripción de funciones en la modificación de puesto de «coordinador de conservatorios» a «jefe de Oficina de Artes Escénicas», la juez preguntó: «¿No hubiese sido normal incluirlas?», a lo que el ex secretario general responde: «Yo entiendo que sí, para no dejar pequeñas lagunitas».

Y cuando el juez insistió señalando «Yo no creo sean pequeñas lagunitas… porque si no se incluyen funciones, ¿cómo se hace el control de legalidad? Si no se sabe en qué consiste el cambio de denominación de puesto…».

Sobre la posibilidad de influencias políticas, el fiscal preguntó directamente: «¿Le suena si hubo intervención de José Luis Quintana, alcalde de Don Benito entonces y actual delegado de gobierno Extremadura? ¿O Guillermo Fernández-Vara?», a lo que José María Cumbres respondió rotundamente: «No. Para mí, de acuerdo con mi propia conciencia, hubiese sido inadmisible».

El interventor, cuando ha sido cuestionado sobre los proyectos transfronterizos con Portugal, hizo una reveladora declaración que luego intentó matizar: «No es habitual proyectos con Portugal», afirmando que «los compromisos y acuerdos económicos transfronterizos con Portugal no eran frecuentes o habituales», lo que pone en cuestión la necesidad real del puesto creado.