Una testigo en el juicio del ‘caso ERE’ declara que Chaves y Griñan tenían «información continua»

En su tercer día de declaración como testigo en el juicio del ‘caso ERE’, María José Rofa, asesora técnica de la Dirección General de Trabajo entre julio de 2008 y marzo de 2011, ha señalado este miércoles que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán lo sabían todo. Según Rofa, ambos tenían «flujo y circuito de información continua» sobre las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares dadas por la Consejería de Empleo.

La testigo en la vista oral que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE, y a preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha explicado en qué basa su afirmación de que Chaves y Griñán conocían las ayudas.

Así, se ha referido a un informe sobre la situación de los ERE de Mercasevilla que se remitió a Griñán, en los informes que se preparaban para las respuestas a preguntas parlamentarias sobre las ayudas que se daban y otros informes que se hicieron para el gabinete de Presidencia.

Era la forma de trabajar «normal» en el periodo de Chaves y Griñán, aportando al gabinete datos sobre el territorio que iban a visitar, los conflictos que podrían existir, cómo se solucionaban, las protestas.

Existía, según Rofa, un «flujo y circuito de información continua», insistiendo en que se basa para afirmar que tenían conocimiento en los informes que se elaboraban para visitas o para respuestas parlamentarias que recogían «las ayudas que se daban, para qué se daban y las acciones del Gobierno en un territorio o a qué colectivos se daban».

En este sentido, a preguntas del abogado de José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, ha explicado que el informe que se remitió a Griñán de Mercasevilla, como así declaró este martes, era «global» y se refiere a los dos ERE de esta empresa pública, a lo que estaba saliendo ya en prensa sobre este caso —en 2010 saltan a los medios irregularidades en estos expedientes de regulación—, así como la decisión del consejero de Empleo Antonio Fernández de no pagar el segundo ERE.

Al hilo de esto, ha precisado que ella elaboró un informe «más grande» pero el ex director general de Trabajo Juan Márquez, encausado en este proceso, le solicitó que lo redujera para Presidencia. Entonces Márquez lo envía al consejero Fernández y a su secretaria María Ángeles Gala, quien, a su vez, le remite a Rofa un correo diciéndole que ya «lo ha enviado a Presidencia» y ese correo «consta».

Incluso, ha apuntado que hay otro que se entrega al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas que pone arriba «dimes y diretes».

Rofa, que ha testificado con asistencia de su letrado al encontrarse aún en calidad de investigada en la pieza separada de los ERE que investiga las ayudas a A Novo, ha ratificado sus declaraciones en fase de instrucción ante la Guardia Civil en 2012 y las más de 25 posteriores ante el Juzgado de Instrucción número 6.

Anteriormente, Rofa, a preguntas del abogado Manuel Pérez Cuajares, letrado de la defensa de Juan Márquez, ha asegurado que ni ella ni sus compañeros pensaban que la actuación en la Dirección General de Trabajo «no fuera otra cosa que desorden y mala gestión», pero «nadie informó» sobre posible ilegalidad o actuación contra derecho. En este sentido, ha asegurado que «el mandato» que recibió al llegar a la Dirección General era «actuar conforme a derecho y velar por la legalidad».

Por último, la ex asesora técnica de la Dirección General de Trabajo ha precisado, a preguntas del tribunal, que las ayudas concedidas a Astilleros fueron pagadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa «desde diciembre de 2009 hasta marzo de 2010» y a partir de entonces las pagó la Consejería de Empleo.