El sindicato CSIF exige a Yolanda Díaz garantizar la continuidad de 2.135 empleados del SEPE

El sindicato CSIF acaba de remitir una carta a la directora general de la Función Pública ante la sospechosa incógnita que rodea a los empleados públicos contratados para reforzar el SEPE durante el Covid y que en estos momentos se encuentran bajo riesgo de ser despedidos.

Se trata de 2.135 personas sobre los que el sindicato ha reclamado garantías de que no irán a la calle, pero con respecto a los que el Gobierno se niega a definir su futuro. La carta va remitida a «Dña. María Isabel Borrel Roncalés. Directora General de la Función Pública».

Y la misiva recuerda que «el pasado 18 de febrero le remitimos un escrito para poner en su conocimiento nuestra profunda preocupación por la situación de continuidad de dos colectivos de funcionarios interinos en el Servicio Público de Empleo Estatal: los adscritos a Programa, con fin del mismo a 30 de junio de este año (635 efectivos), y los nombrados como consecuencia del Covid (1.500 efectivos), que finalizan la prórroga que se acordó por esa parte en la misma fecha que los anteriormente referidos».

El sindicato destaca que «a la solicitud de información a este respecto nos comunica el SEPE que se están estudiando distintas fórmulas, pero sin poder concretarse a día de la fecha y de manera definitiva, la continuidad de ambos colectivos, estando a la espera de la decisión que se adopte por parte del órgano que usted dirige.

«Estamos convencidos de que no es ajena a la situación por la que atraviesa el SEPE, tremendamente compleja y delicada, teniendo que abordar unas cargas de trabajo que serían imposibles de asumir y gestionar sin el concurso de los más de 2.100 efectivos adscritos a los citados nombramientos, suponiendo el 26% de la plantilla», explica el documento.

En este sentido, la carta recuerda «que las plazas que ocupan los mencionados en primer lugar, están incluidas en el Plan de Estabilización del Empleo Temporal del SEPE, y a propuesta de este sindicato, cuando se celebraron las negociaciones del Plan de Estabilización de la AGE, se acordó con ese órgano su continuidad, independientemente del tiempo que se tardase en acometer y resolver dicho proceso en el ámbito del organismo».

El sindicato subraya que entiende «que no sería de recibo esperar al último momento para tomar una decisión, por operatividad para el SEPE en la distribución de las cargas de trabajo ante el inminente periodo estival y, no menos importante, para terminar con la manifiesta preocupación que nos trasladan todos los días un significativo número de trabajadores adscritos a los referidos colectivos».

Y, por todo ello, CSIF solicita, «a la mayor brevedad posible» conocer «la decisión que se va a adoptar por esa parte para la continuidad de ambos colectivos, y el espacio temporal de la misma». Lo cierto es que, diga lo que diga el Gobierno, los pasados meses de marzo y abril volvían a darse pruebas de los atascos en el SEPE. Hace más de un mes, la situación en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) era, de hecho, insostenible.

A la falta de personal suficiente en el organismo se sumaba el hackeo que sufrían sus servidores y que, según fuentes del sector bancario, retrasaban el cobro de las prestaciones debidas a cerca de 100.000 usuarios. Esta realidad nada tenía que ver con las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aseguraba que «ningún ciudadano tendrá retrasos en el pago de sus prestaciones».