Sesión 32 del juicio al ‘procés’: un patio de colegio para las defensas

Uno tras otro los miembros de la policía judicial que incautaron las urnas y los de las unidades de intervención policial que habilitaron los pasillos mínimos imprescindibles, haciendo un «uso progresivo de medios», para lograrlo, desfilan frente al tribunal relatando el catálogo de lesiones sufridas en el intercambio de empujones, acometidas y «resistencia activa» que ofrecían los concentrados en los diferentes centros de votación durante el 1-O.

Los patios de colegio se han convertido en la metáfora perfecta para definir tanto el referéndum ilegal, en sí mismo, como las intervenciones de algunas defensas en la que ha sido la trigésimo segunda jornada de juicio. Mitad escenario real de los episodios acontecidos entre unas fuerzas del orden recibidas con creciente hostilidad por los ciudadanos concentrados para votar, mitad recurso para ilustrar las ‘rabietas’ procesales de los abogados de Jordi Cuixart, los espacios escolares han evocado un panorama más próximo al fragor del campo de batalla y los interrogatorios pueriles, que a su función propia y natural.

Abría la veda esta mañana Alex Solá tras preguntar con insistencia a uno de los policías sobre la escena de ciertos agentes de la UIP persiguiendo gente por un patio y golpeándola con sus defensas. El presidente de la Sala, el juez Manuel Marchena, entraba en acción: «Vamos a ver, señor letrado, es mejor que pregunte al testigo por lo que vio y no por lo que cree que debió haber visto». «La Fiscalía ha tenido la tolerancia del tribunal para hacer este tipo de preguntas», se quejaba Solá.

El interrogatorio de algunas de las defensas y sus ‘pataletas’ han provocado la protesta de la Fiscalía y las advertencias del  presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena. 

«No mire, no. La Fiscalía ha formulado el interrogatorio en los términos que el tribunal  ha considerado pertinentes de acuerdo a lo que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal», afirmaba Marchena, «lo que está haciendo usted no lo es y no busque convertir lo improcedente en procedente, mediante un juicio de contraste con el interrogatorio del Ministerio Fiscal. Ese no es el camino y lo sabe usted perfectamente».

Tomaba el relevo, minutos más tarde, su compañera Marina Roig mientras preguntaba a un miembro del dispositivo no uniformado en el Instituto Torreforta de Tarragona, si todos habían podido acceder al centro: «¿No es más cierto que no pudo entrar porque intentó entrar saltando por encima de la gente pisándola?».

Justo en ese preciso momento Madrigal -que rara vez suele interrumpir las intervenciones de las defensas- protestó: «Aquí no estamos juzgando a la policía». Con la consiguiente reacción del presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, que, una vez más, reconducía a los abogados en sus preguntas a los testigos: «Desde hace algunas sesiones estoy intentando, aunque veo que sin éxito, que las preguntas no partan de una base que ya se da por acreditada».

Reincidía de nuevo, en la sesión de tarde, la bancada de Jordi Cuixart. Benet Salellas era el encargado de preguntar en esta ocasión a uno de los testigos, miembro policial uniformado que actuó en el colegio Verd de Gerona, sobre si por definición de «masa» entendía a los «ciudadanos que estaban votando» el 1-O. Le interrumpía Marchena: «La pregunta es absolutamente impertinente, señor letrado. Llevamos 20 sesiones hablando de la masa. Y usted ahora quiere enterarse de qué es, en términos policiales, la masa. No puede abrir un debate con el testigo. Formule otra pregunta, por favor».

El uso de las defensas reglamentarias por parte de los policías uniformados, en los colegios electorales el 1-O, ha centrado buena parte de las preguntas de los abogados defensores

Se afanan las defensas, en sesiones densas de presencia policial, por hacer preguntas de corte acusatorio a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que dan más la sensación de que se estuviese enjuiciando no a los líderes independentistas catalanes, procesados por sendos delitos de rebelión y sedición, sino la actuación de los agentes, en cumplimiento de una orden judicial, que trataron de atenderla con la exigencia doble de un esfuerzo descomunal.

El primero derivado de las funciones encomendadas por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que prohibió el 1-O. El segundo, atenderlo con todas las cautelas posibles para que ninguna de sus actuaciones pudiese ser objeto del más mínimo reproche. Y todo ello entre gritos, insultos, patadas, empujones, escupitajos, zarandeos, alfombras humanas,  murallas de brazos entrelazados y lluvia de objetos…

«Intervinimos dos urnas porque una nos la quitaron y no la pudimos recuperar», afirma un agente, que recuerda, además, cómo los Mossos «no participaron para nada». «¿Los que estaban dentro del colegio gritaban «Democracia»?, pregunta una de las abogadas. «Sí, y también hijos de puta, y fascistas y solo sabéis hacer esto», contesta el policía, con cierta sarna. «Me golpearon con una urna en la cabeza», espeta.

De nuevo la metáfora perfecta que, en términos coloquiales, refleja cómo ante la imposibilidad de hacer aquello que estaba prohibido, el separatismo trató de celebrarlo por la fuerza.