Sánchez y Díaz pactan limitar los cacheos en busca de armas en plena alerta antiterrorista

En plena alerta antiterrorista, PSOE y Sumar retoman en su acuerdo de Gobierno la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, una reforma que decayó la pasada legislatura por el rechazo de ERC y Bildu. Ahora, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pretenden limitar la actuación de la Policía para hacer frente a los delincuentes, poniendo trabas a los cacheos o las identificaciones. Todo ello, cuando España se encuentra en alerta por la amenaza derivada del conflicto en Oriente Medio.

Fuentes policiales advierten de las consecuencias de que la ley finalmente prospere, cuando sus recursos son ya muy limitados para abordar la alerta terrorista.

Cacheos limitados

Entre las medidas pactadas en su día por el PSOE con sus socios se imponían, por ejemplo, serias limitaciones a los registros corporales, una actuación básica para la prevención de los delitos. Así, los agentes estarán obligados a demostrar la existencia de «indicios fundamentados, racional y objetivamente» para realizar los cacheos en busca de armas y «objetos relevantes» para la «prevención»de los delitos.

Por ley, los agentes sólo podrán practicar diligencias de registro policial que exigiesen dejar a la vista «partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa» fuera de las dependencias policiales en el caso de una «situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes». Además, los policías tendrán que seguir un estricto protocolo para el cacheo: se prohíbe «dejar a la vista la totalidad del cuerpo» o «de manera sucesiva cada una de sus partes», además de mantener «el máximo respeto a la identidad sexual y/o género» y  «procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros».

Los agentes consideran que esas trabas provocarían, por ejemplo, que los delincuentes puedan portar algún tipo de arma que no sea detectada a tiempo por las Fuerzas de Seguridad.

Identificación de radicales

Igualmente, el texto firmado en su día por los socios de coalición limitaba las identificaciones, advirtiendo que sólo se practicarán en el caso de «sospecha razonable», atendiendo «al comportamiento individual de la persona o a la información o circunstancias objetivas». Además, se obliga a los agentes a «identificarse debidamente ante los ciudadanos» y a «respetar estrictamente los principios de identidad sexual y/o género y lengua», entre otros. El incumplimiento de estos principios «será considerado como infracción disciplinaria».

Bildu, socio de Sánchez, intentó poner aún más trabas a esa labor policial, impidiendo a los agentes llevar a cabo las identificaciones de radicales salvo que existiese «la constancia» de que hubieran cometido un delito. Es decir, no a modo preventivo.

En el documento programático firmado este martes por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para conformar un Gobierno de coalición -en el caso de que el líder del PSOE sea investido- los socios se comprometen a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, y reemplazarla por otra basada «en una concepción progresista y garantista» que «priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes».

«Reinará el caos»

La intención de Sánchez y Díaz de retomar la derogación de la ley genera preocupación entre la Policía. Desde el sindicato Jupol, su secretario general, Aarón Rivero ha mostrado su profundo malestar por reavivar «una reforma que hará de España un país más inseguro».

Rivero ha aseverado que con esta reforma «los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades».

«Pone en una gravísima situación a los policías y a los ciudadanos, desprotegiéndoles ante los ataques continuos de los violentos que harán de las calles un estado paralelo, sin límites, donde reinará el caos, la improvisación y el odio a quienes día a día se esfuerzan y sacrifican para crear un modelo ciudadano ejemplar y de referencia a las generaciones más jóvenes», avisa el portavoz policial.

Nivel de alerta antiterrorista

Por ahora, el plan del Gobierno en el nivel 4 de alerta antiterrorista es blindar embajadas, consulados y centros de diez países, además de extremar las recomendaciones de autoprotección de los policías.

Los agentes han expresado su sorpresa por que el Gobierno no eleve la alerta antiterrorista, como sí han hecho otros países del entorno, y denuncian la falta de medios para enfrentarse a los violentos.