Sánchez destina un millón de euros a investigar «discriminaciones» a inmigrantes regulares e ilegales

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez acaba de licitar un contrato para investigar casos de «discriminación» tanto a inmigrantes regulares como a aquellos que se encuentren en situación ilegal en España. Este proyecto ha sido puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Igualdad, dependiente del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad que dirige Carmen Calvo.

El contrato, con el título ‘Servicio para la asistencia y orientación a víctimas de discriminación por origen racial o étnico’, ha sido licitado por un importe de 1.015.514,28 euros, impuestos incluidos. El plazo de ejecución del mismo son 24 meses, de manera que la empresa que resulte finalmente elegida prestará tal servicio hasta finales de 2021.

El objetivo de este programa, según reza en el pliego de prescripciones técnicas, es «atender a todas aquellas personas que sufran, hayan sufrido o conozcan situaciones de discriminación basada en su origen racial o étnico». Una atención que parte, tal y como señala el Ejecutivo socialista, de la «realización de las averiguaciones necesarias para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente discriminatorio». También incluye asistencia presencial, electrónica vía web y telefónica, así como asesoramiento jurídico, a fin de dar con situaciones de discriminación.

La empresa adjudicataria deberá elaborar para el Ministerio de Igualdad «memorias trimestrales que recojan el número de casos atendidos, las actuaciones llevadas a cabo para su tratamiento y su resolución final, además de un análisis con datos desagregados, gráficos a color y tablas».

En esas memorias, la firma contratada tendrá también que recoger un análisis de los casos atendidos donde se especifique la «nacionalidad de la víctima» y su «origen racial o étnico» (de forma anónima y voluntaria) dentro de los siguientes grupos:  población de Europa del Este; afrodescendiente; magrebí; asiática-oriental; latina o gitana. Otras variables a indicar serán el tiempo de residencia en territorio español y la situación administrativa, que puede ser tanto regular como ilegal.

«Posibles víctimas»

Además, el pliego señala que el servicio de atención «presencial» a las «posibles víctimas de discriminación» deberá contar con, al menos, una oficina ubicada en cada comunidad autónoma y en alguna de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según la Dirección general para la igualdad de trato y diversidad, todos los locales contarán con los medios adecuados para prestar asistencia a las personas que requieran este servicio, «con la confidencialidad e intimidad necesarias en estos casos, velando siempre por la creación de entornos seguros para las víctimas, y donde siempre exista material gráfico e informativo del servicio de forma visible».