Sánchez contrata ‘espías’ para fiscalizar 2.000 post al mes de los influencers «de especial relevancia»

El Gobierno de Pedro Sánchez va a contratar a espías para fiscalizar más de 2.000 publicaciones al mes de los influencers «de especial relevancia». Con ello, el Ejecutivo socialista persigue evitar que los creadores de contenido con un gran número de seguidores incumplan la normativa que obliga a señalar si un post está pagado por una empresa y, por tanto, es publicidad. La administración central incluyó a esos mismos usuarios con gran número de seguidores en su plan mordaza contra los medios críticos con el que aseguran «luchar contra la desinformación».

La Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, ha licitado un contrato para la «asistencia técnica necesaria para la elaboración de un trabajo de análisis y consulta del contenido audiovisual que determinados influencers publican en sus perfiles de plataformas de intercambio de vídeos, con el fin de detectar posibles comunicaciones comerciales no identificadas».

Según el Real Decreto 444/2024, que regula lo que se considera «usuario de especial relevancia», son aquellos con un millón de seguidores en una plataforma o dos millones en varias plataformas, y que cuenten con ingresos de al menos 300.000 euros al año.

Por otro lado, la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual establece que, en caso de que un influencer haga publicidad, esas «comunicaciones comerciales» tienen que «estar claramente diferenciadas del contenido editorial mediante mecanismos ópticos y/o acústicos y/o espaciales»; es decir, que se diferencien claramente del resto de publicaciones.

Obligados a avisar de la publicidad

Concretamente, obliga a los influencers a colocar los términos «publicidad» y «publi» en los posts que contengan comunicaciones comerciales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reconoce que, ahora mismo, hay 1.600 influencers que podrían tener la consideración de usuarios de especial relevancia. Por ello, el organismo dependiente de Economía «no está en disposición de llevar a cabo un análisis individualizado de cada una de las emisiones de estos agentes ni cuenta con los instrumentos técnicos especializados para el desarrollo de dicha labor». Y, por ello, contrata una empresa externa para que le haga el trabajo de espía.

La empresa adjudicataria tendrá que ofrecer a la CNMC una especie de buscador que le facilite las consultas «sobre los influencers y los contenidos que hubieran publicado».

Además de esto, enviará un listado mensual con información de los principales influencers y sus publicaciones. A su vez, la empresa adjudicataria tendrá que realizar un «análisis de determinados contenidos publicados por los influencers» para la «detección de posibles comunicaciones comerciales no identificadas». En ese caso, «se reportarán los resultados a la CNMC».

El contrato se divide en tres lotes, uno por cada una de las plataformas de intercambio de vídeos donde los influencers realizan su actividad y tienen mayor presencia los contenidos promocionales: Instagram, TikTok y YouTube.

La CNMC obligará a la empresa que realice este servicio a revisar a los influencers con un determinado número de seguidores. Se tratará de influencers con al menos 100.000 seguidores, que hayan publicado al menos 24 vídeos en el último año y que dirijan sus servicios al mercado español.

Persecución a usuarios críticos

La adjudicataria le entregará al Gobierno una ficha con el usuario del influencer, su nombre completo, el tipo de público objetivo (edad, género y ubicación geográfica de audiencia por país), su ubicación (desde donde emite el canal) y las publicaciones inspeccionadas.

Esos mismos usuarios, para los que creará una base de datos completa para inspeccionarlos, son los que el Gobierno propone enviar si difunden lo que considere noticias falsas o bulos.

Y es que en el nuevo derecho de rectificación ya no sólo afectará a los medios de comunicación, sino también a los «usuarios relevantes» en redes sociales. Cabe recordar que esta ofensiva del Gobierno contra lo que ellos consideran bulos comenzó en abril de 2024, cuando Sánchez se fue a reflexionar cinco días bajo el pretexto del «acoso y derribo» al que estaba siendo sometido por los medios que publicaban informaciones sobre Begoña Gómez.

Este cambio normativo tiene una especial relevancia, dado que el férreo control que el Gobierno quiere ejercer sobre los medios de comunicación se extiende ahora a ciudadanos particulares que expresan opiniones en sus cuentas de redes sociales. Así, se obligará a rectificar a los «usuarios de especial relevancia», es decir, aquellos que tienen más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en el conjunto de todas ellas.