La ley mordaza de Sánchez tiene hasta 6 peligrosas coincidencias con las leyes de prensa de Franco

El Gobierno de Pedro Sánchez emula en su autodenominado Plan de Acción por la Democracia preceptos de la Ley franquista de censura de 1938, creada en tiempos de guerra para controlar a los periódicos de la zona del bando nacional. La creación de un registro de medios, la definición de quiénes son los «verdaderos profesionales» del periodismo, sistemas de control a la propiedad, regulación gubernamental de las rectificaciones o la persecución de informaciones anónimas son algunos de los puntos en los que coinciden ambas normativas, a las que separan 86 años de distancia.

En 1938, cuando España ya se acercaba al segundo aniversario del inicio de la Guerra Civil y el territorio nacional aún se encontraba dividido en zonas controladas por los dos bandos, Francisco Franco encargó a su entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, la elaboración de un decreto para suprimir la prensa republicana. Una prensa que ya había experimentado una grave censura en los últimos años de la República.

Las similitudes son llamativas y evidentes. La norma franquista, que estaría vigente hasta la muy posterior Ley de Prensa de Manuel Fraga (1966), contemplaba que el Estado podría decidir qué era y qué no un periódico: «Corresponde al Estado la regulación del número y extensión de las publicaciones periódicas».

Ahora, el Gobierno de Sánchez propone la creación de un «registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben». Si bien se presenta bajo el pretexto de garantizar la transparencia, este registro plantea interrogantes sobre el control que el Ejecutivo podría ejercer sobre los medios y su capacidad para influir en el relato informativo que llega a la ciudadanía.

Quién es periodista

Otro punto polémico en el plan de Sánchez es el que gira en torno a la figura del periodista. Con la ley franquista de 1938 se creó un Registro Oficial de Periodistas que determinaba quién podía ejercer esta profesión, excluyendo a todo aquel que no estuviera inscrito. Los directores de los medios también debían formar parte de este registro.

Ahora, Sánchez abre la puerta a una distinción entre «los verdaderos profesionales» de los medios y quienes no lo son, dejando entrever la posibilidad de que el Gobierno sea quien decida a quién se le concede una acreditación para acceder a actos gubernamentales o institucionales. Esta medida abre la puerta a que el Ejecutivo pueda discriminar a ciertos periodistas o medios críticos.

Propietarios de medios

El control de la propiedad de los medios es otro aspecto en el que ha insistido el Gobierno en su anunciado plan de regeneración. En el franquismo, en base a esa ley de 1938, los propietarios de los periódicos debían identificarse claramente ante el Estado y firmar un compromiso de responsabilidad solidaria en caso de que el director o los redactores se saltasen los preceptos marcados por Serrano Suñer.

El Gobierno de Sánchez, por su parte, exige ahora que se informe públicamente sobre el accionariado y los inversionistas de los medios, señalando a cualquier persona que decida financiar un periódico, radio o canal de televisión determinado.  Además, con el argumento de «revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo y evitar la concentración de los medios», también abre la puerta a prohibir fusiones o compras de medios por parte de grupos que no le sean afines políticamente.

Rectificaciones y alias

La reforma del derecho de rectificación también está sobre la mesa del Consejo de Ministros de Sánchez. Mientras que en el franquismo el Ministerio del Interior tenía el poder de exigir rectificaciones sin perjuicio de sanciones penales, el plan de Sánchez plantea «mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas».

También coinciden la norma franquista y la sanchista en lo concerniente al anonimato como riesgo para el Ejecutivo. Durante el régimen franquista, las informaciones debían ir firmadas con nombre y apellidos, y si se utilizaba un pseudónimo, el periódico debía guardar una copia del artículo con el nombre real del autor durante seis meses.

El Gobierno actual también señala el anonimato o los alias como un riesgo para el debate público, proponiendo abordarlo en el futuro sin especificar de qué forma.

Presentación del plan

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, han sido los responsables de detallar este plan, que ahora deberá ser convalidado en parte por el Congreso de los Diputados. De ahí, que la coalición socialcomunista se haya visto obligadaa ceder en algunas de las exigencias históricas de sus socios, como la reforma de la Ley de secretos oficiales o la de injurias a la Corona o a la bandera de España, para que Junts, ERC, Bildu o el PNV den luz verde al amordazamiento de la prensa.

El titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, será el responsable de ejecutar las medidas de control sobre las empresas editoras de medios de comunicación. Para Urtasun se trata de un «primer paso, desde la certeza de que queda mucho por hacer». En su opinión, «es imprescindible que las administraciones no seamos financiadoras de las fake news» y cree necesario trabajar para «apoyar el trabajo de los verdaderos profesionales».

El plan, que se divide en tres ejes y cuenta con 31 medidas, entre las cuales hay modificaciones legislativas como la reforma de los delitos contra el honor o el de rectificación, traspone varias directivas europeas que según Bolaños deben servir para «reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia a nuestros medios de comunicación». El superministro socialista, que negó en distintas ocasiones una financiación singular para Cataluña o la aprobación de la amnistía, ha apuntado que «las democracias europeas sufren riesgos por los bulos y la desinformación».

Respecto a las medidas que afectan a los medios de comunicación, el Ejecutivo mandatará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para determinar qué medios de comunicación cumplen los requisitos para actuar como tal.

Se impulsará, ha explicado Urtasun, una nueva ley de secreto profesional para la protección de las fuentes periodísticas y la protección de los profesionales de acoso externo y de denuncias infundadas, como las que en su momento el presidente del Gobierno anunció pero nunca presentó contra medios como OKDIARIO por informar de su tesis fake.