GOBIERNO DE ESPAÑA

El Gobierno decidirá «qué es un medio de comunicación» y quiénes «los verdaderos profesionales»

El Gobierno también reformará varias leyes como la de injurias a la Corona o la de secretos oficiales

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Joan Guirado
  • Joan Guirado
  • Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.

El Gobierno de Pedro Sánchez decidirá «qué es un medio de comunicación» y «los verdaderos profesionales» cuando sea vigente el plan de regeneración democrática que el Ejecutivo ha aprobado este martes en Consejo de Ministros. Fue el propio Sánchez, como respuesta a las investigaciones periodísticas de medios como OKDIARIO, que provocaron la imputación de su esposa, Begoña Gómez, quien anunció en el primer trimestre del año la aprobación de un nuevo marco normativo para controlar a los medios críticos.

Los ministros de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, han sido los responsables de detallar este plan que ahora deberá ser convalidado en parte por el Congreso de los Diputados. De ahí que la coalición socialcomunista se haya visto obligado a ceder en algunas de las exigencias históricas de sus socios, como la reforma de la Ley de secretos oficiales o la de injurias a la Corona o a la bandera de España, para que Junts, ERC, Bildu o el PNV den luz verde al amordazamiento de la prensa.

El titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, será el responsable de ejecutar las medidas de control sobre las empresas editoras de medios de comunicación. Para Urtasun se trata de un «primer paso, desde la certeza de que queda mucho por hacer». En su opinión «es imprescindible que las administraciones no seamos financiadoras de las fake news» y cree necesario trabajar para «apoyar el trabajo de los verdaderos profesionales».

El plan, que se divide en tres ejes y cuenta con 31 medidas, entre las cuales hay modificaciones legislativas como la reforma de los delitos contra el honor o el de rectificación, traspone varias directivas europeas que según Bolaños deben servir para «reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia a nuestros medios de comunicación». El superministro socialista, que negó en distintas ocasiones una financiación singular para Cataluña o la aprobación de la amnistía, ha apuntado que «las democracias europeas sufren riesgos por los bulos y la desinformación».

Respecto a las medidas que afectan a los medios de comunicación, el Ejecutivo mandatará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para determinar que medios de comunicación cumplen los requisitos para actuar como tal.

Se impulsará, ha explicado Urtasun, una nueva ley de secreto profesional para la protección de las fuentes periodísticas y la protección de los profesionales de acoso externo y de denuncias infundadas, como las que en su momento el presidente del Gobierno anunció pero nunca presentó contra medios como OKDIARIO por informar de su tesis fake.

El Ejecutivo propone, además, una «revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo político en los medios de comunicación» y «evitar los oligopolios mediáticos que socavan el derecho de la ciudadanía a una información plural». Asimismo, se reformará la ley de publicidad institucional para dotarla de mayor transparencia, proporcionalidad y no discriminación y «los sistemas de medición de audiencias para que cumplan con datos verificados», que son los que determinan la publicidad privada de los medios.

Otras reformas

El plan de regeneración democrática, además de afectar directamente a los medios de comunicación y a las empresas que los gestionan, tendrá una incidencia directa también sobre los procesos electorales con la reforma de la Ley Electoral o con la propia comunicación institucional. En el primer caso, se obligará a los candidatos a asistir a los debates electorales, aunque el propio Sánchez se negase a acudir hace unos años. En el segundo, el Ejecutivo quiere ampliar sus propios canales de información para «tener mayor contacto con la ciudadanía» y que «sea más fácil para el ciudadano conocer y comprender las medidas» que adopta «para mejorar sus condiciones de vida».

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