Las 13 medidas del plan de acción de Sánchez para amordazar a los medios críticos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado este martes en el Consejo de Ministros el Plan de Acción por la Democracia con el que busca amordazar a los medios críticos con su gestión. Este proyecto, revestido como si se tratase de un plan de regeneración democrática, también aboga por intentar silenciar a aquellos medios que informen sobre los casos de corrupción que acechan al Ejecutivo o al entorno familiar de Sánchez. Este plan se empezó a gestar una vez que se conoció que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, estaba imputada por tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

Este plan de acción de Sánchez aboga por la «transparencia y pluralidad en el ecosistema informativo» y reserva al Ejecutivo del PSOE y Sumar decidir «qué es un medio de comunicación» y quiénes «los verdaderos profesionales», en alusión a los periodistas de los medios de comunicación. Entre las medidas de este plan, se busca reformar la Ley de Publicidad Institucional con el fin de «evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven» bulos, así como crear un registro de medios «para que se conozca su propiedad» y para «obligar a publicar el dinero que invierten las administraciones públicas en los medios».

Estas son las 13 principales medidas del plan de acción de Sánchez para amordazar a los medios críticos:

• Crear un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.
• Obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
• Reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de proporcionalidad y no discriminación, garantizar sistemas de medición de audiencia transparentes y apoyar a los medios en lenguas oficiales diferentes del castellano.
• Limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios, para que no haya medios impulsados o dependientes de ellas.
• Impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas y trasponer la directiva que les protege de acosos externos
• Reformar el artículo 36 de la denominada ‘ley mordaza’, que castiga el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
• Revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo y evitar la concentración de los medios de comunicación.
• Aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.
• Reformar la ley de protección al honor y la intimidad y la ley que regula el derecho de rectificación.
• Reforma de los artículos del Código penal que limitan la libertad de expresión, como los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.
• Programa dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios
• Reformar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.
• Crear una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.

«Queda mucho por hacer»

El Plan de Acción por la Democracia ha sido presentado este martes en el Consejo de Ministros. Los encargados de explicar este plan han sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun. En la rueda de prensa también han comparecido la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El Ejecutivo de Sánchez se ha visto obligado a ceder en algunas de las exigencias históricas de sus socios, como la reforma de la Ley de secretos oficiales o la de injurias a la Corona o a la bandera de España, para que Junts, ERC, Bildu o el PNV den luz verde al amordazamiento de la prensa. Este plan de Acción de Sánchez deberá ser convalidado ahora por el Congreso de los Diputados.

Ernest Urtasun será el responsable de ejecutar las medidas de control sobre las empresas editoras de medios de comunicación. Para Urtasun se trata de un «primer paso, desde la certeza de que queda mucho por hacer». En su opinión «es imprescindible que las administraciones no seamos financiadoras de las fake news» y cree necesario trabajar para «apoyar el trabajo de los verdaderos profesionales».

El plan de regeneración democrática, además de afectar directamente a los medios de comunicación y a las empresas que los gestionan, tendrá una incidencia directa también sobre los procesos electorales con la reforma de la Ley Electoral o con la propia comunicación institucional. En el primer caso, se obligará a los candidatos a asistir a los debates electorales, aunque el propio Sánchez se negase a acudir hace unos años. En el segundo, el Ejecutivo quiere ampliar sus propios canales de información para «tener mayor contacto con la ciudadanía» y que «sea más fácil para el ciudadano conocer y comprender las medidas que adoptamos para mejorar sus condiciones de vida».