Sánchez impondrá un registro de medios para conocer a sus propietarios y cómo se financian

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue empeñado en ejercer un control férreo de los medios de comunicación. Por eso, ahora, impondrá un registro de medios para conocer a los propietarios de los mismos y qué personas, empresas o administraciones los financian. El Ejecutivo, según ha explicado este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mandatará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones (CNMC) para que realice este registro.

Urtasun ha explicado que han «elegido la CNMC para que sea un organismo autónomo e independiente» quien haga este registro. Aunque ello requerirá una reforma de la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones para poder efectuar esta nueva tarea. La Moncloa quiere, con ello, saber al detalle quién está detrás de la propiedad de las empresas editoras de los medios de comunicación que se editan en nuestro país.

La voluntad del Ejecutivo es disponer, a través de la creación de este registro, de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, en el marco de su Plan de Acción por la Democracia, «para garantizar una mayor transparencia e independencia en los medios de comunicación». Moncloa exigirá a la CNMC «establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación, entre otras plataformas, cuya finalidad no es informar».

Además de este registro, el Gobierno también quiere limitar los ingresos en forma de publicidad que reciben los medios de comunicación tanto a nivel público como privado. En el primer caso estableciendo la prohibición de financiación pública si no se siguen unas directrices y el deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de las administraciones. «Esta es una información que hoy o no se presenta o se presenta de forma opaca», ha indicado, para después añadir que a partir de la implementación de esta normativa, todas las instituciones públicas deberán publicar esta información «de forma visible, clara y transparente».

El Ejecutivo también va a reformar la Ley de Publicidad Institucional, como ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para introducir criterios de «transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación». Urtasun ha aclarado que estos criterios serán elaborados a partir del trabajo con expertos, sector de la comunicación y los grupos parlamentarios.

Esta misma ley, según ha avanzado el ministro de Cultura, será reformada para garantizar que los sistemas de medición de audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. «Vamos a reformar la ley para que no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales», ha subrayado.

Con todo, el Gobierno socialcomunista busca amedrentar a los empresarios que participan en la viabilidad de medios de comunicación, siempre que estos no sigan las directrices que marca La Moncloa. Sánchez lo viste todo de un «ambicioso plan» para «mejorar nuestra democracia», según palabras del ministro Félix Bolaños, en un momento en el que las investigaciones periodísticas han puesto en jaque al presidente y su esposa, Begoña Gómez, imputada a raíz de ciertas informaciones.