Sánchez censura a Rajoy con 77 casos de corrupción abiertos en el PSOE: estos son los 10 más graves

Pedro Sánchez apoya en la corrupción del PP el registro de la moción de censura y omite la de su propio partido. El PSOE tiene actualmente 77 causas judiciales abiertas por el mismo motivo, incluyendo los ERE de Andalucía y el de la presunta financiación ilegal de la federación valenciana. Más de 500 cargos y ex cargos socialistas y más de un millar de personas relacionadas con la formación están siendo, como mínimo, investigados por delitos vinculados a la corrupción.

Filesa fue la primera macrocausa por financiación irregular a un partido político en España que, tras más de seis años de investigación, arrancó con un juicio en cuyas sesiones declaró como testigo el ex presidente del Gobierno Felipe González. El Tribunal Supremo sentenció a 11 años de cárcel al ex diputado socialista Carlos Navarro; 3 para el senador Josep Maria Sala (que posteriormente el Tribuna Constitucional rebajó a 2) y 2 años y 4 meses para Aída Alvarez -ex coordinadora de Finanzas del PSOE-.

Descontando otros casos históricos como Malaya, Mercasevilla, Juan Guerra, AVE o Marea, este es el Top Ten de OKDIARIO:

Caso ERE

El mayor caso de corrupción política de la democracia. Con un coste estimado de más de 800 millones de euros y un total de 280 implicados, entre los cuales se encuentran sentados en el banquillo los ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; Gaspar Zarrías, ex vicepresidente, y 7 ex consejeros. El escándalo de los ERE o caso del fondo de reptiles, afecta a una red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el PSOE desde el año 1980.

Financiación del PSOE valenciano

La jueza encargada del caso aprecia posible financiación irregular y falsedad documental con carácter continuado en el PSPV, al entender que la mercantil Crespo Gomar habría facturado servicios al partido socialista valenciano de cuyos pagos se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas por un importe estimado de 125.000 €. Estudia si para ello concurrieron delitos los delitos accesorios de prevaricación y/o malversación e incluso delitos electorales que habrían prescrito.

La investigación de la trama, asumida por el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, afecta a 3 miembros de la mesa de contratación adjudicadora de un contrato de publicidad del Plan Vivienda 2009-2010 (vigente durante el gobierno de Zapatero y dependiente del ministerio de Beatriz Corredor), al ex-líder de los socialistas valencianos (Joan Ignasi Pla) y a José Cataluña, ex-secretario de finanzas del PSPV-PSOE.

La Intervención General del Estado constató irregularidades en la práctica totalidad de expedientes de contratación analizados a petición del juzgado, resultando presuntamente beneficiado el PSPV.

Caso Dos Hermanas

Según el Tribunal de Cuentas, se trataría de un desfalco por importe de 1,8 millones de euros que salieron de la caja del Ayuntamiento socialista de Dos Hermanas sin soporte documental. La Fiscalía de Sevilla solicitó la imputación del diputado andaluz del PSOE – y miembro de la ejecutiva regional- Carmelo Gómez por la firma de contratos simulados para el pago de sueldos sin trabajar, mediante una trama societaria vinculada al caso Mercasevilla.

El TSJA investigó al consejero Ramírez de Arellano por un presunto delito continuado de prevaricación.

Caso Invercaria

Afecta al quebranto sufrido para las arcas públicas en base a las ayudas concedidas de forma irregular por la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, a diferentes sociedades privadas que resultaron injustamente beneficiadas.

Se articula en una colección varias piezas separadas en las que los 18 acusados se enfrentan a penas de cárcel, que superan los 100 años, e inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación, de hasta 28 millones de euros.

Facturas falsas UGT

De nuevo en Andalucía, 8 implicados que entre los años 2009 y 2013 habrían desviado más de 100 millones de euros públicos distribuidos en 16 expedientes por hasta 32 subvenciones dudosamente concedidas por la Junta de Andalucía al sindicato UGT y que deberían haber sido destinadas a cursos de formación.

Según las actuaciones practicadas por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla, los responsables del sindicato andaluz serían presuntos responsables de delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y apropiación indebida.

Caso de los Avales

Varias entidades financieras ejecutaron avales fallidos en el período 2010-2013 por los que tuvo que responder la Junta de Andalucía por importe de 82,4 millones de euros, de los que la administración autonómica tan sólo ha logrado recuperar un 11%. Las pérdidas reales, por tanto, superan los 73,3 millones.

Los datos -incluidos en un informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía por los fondos gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en 2012 -evidenciaban graves incumplimientos de la normativa aplicable y advertían sobre el posible menoscabo de caudales públicos. Los auditores independientes concluyen en sus pesquisas que el mecanismo utilizado para garantizar la recuperación de las cantidades y hacer frente a los posibles quebrantos no era el adecuado.

La Fiscalía ha alertado recientemente de la parálisis que viene sufriendo su instrucción como consecuencia de la falta de impulso al procedimiento por parte de la juez María Núñez Bolaños.

Cursos de Formación

La UDEF recopiló datos que apuntaban a un fraude masivo con más de 300 imputados.

Más de 15 empresas habrían destinado dinero de la convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía -por importe de 3.000 millones de euros, según cifra el informe de la Intervención de la Junta de Andalucía- para formación de trabajadores, a fines distintos de los que estipulaba la convocatoria e incumpliendo la obligación de contratar al 60% de los que hubiesen participado en las mismas, una vez concluidas.

Oposiciones Córdoba

Los elegidos debían identificarse ante el tribunal como seleccionados por  la cúpula del Consorcio Provincial de la Diputación, controlada por el PSOE, tocándose la oreja.

Varios aspirantes denunciaron múltiples irregularidades en el proceso de selección que abarcarían desde la filtración de las respuestas de los exámenes hasta el recurso a las presiones para forzar la readmisión de algunos de los descartados.

Enchufes Vigo

Delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en el presunto enchufe de una cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, la socialista Carmela Silva, que en el momento de producirse los hechos ya formaba parte del gobierno local.

Pese a que las imputaciones contra la principal beneficiaria del contrato por un presunto tráfico de influencias fueron archivadas por prescripción del delito investigado, la fiscalía ha solicitado que declare como testigo en el juicio, aún sin fecha, junto con el concejal de Participación Ciudadana, el socialista Santos Héctor.

Según consta en el sumario, el Ayuntamiento aprobó contratos menores consistentes en la elaboración de unas encuestas de calidad de los servicios municipales, sin acreditar que las haya realizado la familiar de Silva (contratada durante cinco años en una concesionaria municipal sin que conste que fuera a trabajar) por las que pagó más de 108.000 euros. 

Caso Marea

Recientemente resuelto, la investigación se basó en la adjudicación irregular de obras en centros educativos de Asturias por valor de 4.000.000 de euros a cambio de los cuales la trama del PSOE asturiano recibió coches y viajes al Caribe por engordar facturas de 87 colegios. 

El proceso judicial se cerró con múltiples y elevadas condenas para el mayor caso de corrupción política en Asturias.

El tribunal impuso un total de 40 años de cárcel a los principales encausados. El ex consejero de Educación del Gobierno de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos en el departamento, María Jesús Otero,  fueron condenados a 6 y 10 años de prisión, y al pago de una multa de 400.000 € y 2,5 millones €, respectivamente por su participación en la trama del caso.