Ribera gastará 31 millones en reparar el Poyo, casi lo que costaba la obra que hubiera evitado la tragedia

La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, ha licitado un contrato para la reparación de los daños causados por la DANA en el barranco del Poyo y sus inmediaciones por valor de 31 millones de euros. Una cuantía que supone el 90% del coste del proyecto Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia, una obra de adecuación y drenaje de la zona que hubiese evitado la tragedia que se ha cobrado la vida de más de 200 personas y que la propia Ribera paralizó en 2021 por «falta de disponibilidad presupuestaria».

Concretamente, la Confederación ha licitado las obras «para la reparación de daños en el canal Júcar-Turia ocasionados por la DANA del 29 de octubre de 2024», a través de un contrato que se divide en dos lotes. El primero, de 19,2 millones, servirá para la restitución del servicio interrumpido por el colapso de los acueductos de la Horteta y el Poyo, mediante la instalación de un bombeo provisional, asegurando posteriormente el servicio por gravedad mediante la ejecución de un by-pass que discurra paralelo a los acueductos anteriormente citados. Además, también se llevará a cabo un servicio de aseguramiento en el cruce del río Magro mediante la reparación y estabilización del acueducto y by-pass de ese río, que sufrieron importantes desperfectos.

El segundo lote está orientado a asegurar el servicio a largo plazo en los cruces de los barrancos de la Horteta y el Poyo. Para ello, el organismo dependiente de Ribera plantea la ejecución de las «obras de reposición de los acueductos de la Horteta y el Poyo, que precisan de la ejecución de diversas actuaciones», y que tendrán un coste de 10,9 millones, según consta en los pliegos de la licitación. Así, la Confederación Hidrográfica del Júcar, desembolsará un total de 31,1 millones de euros en las obras de reparación por la DANA, el 90% del coste del proyecto adecuación de esta zona, que hubiese limitado la tragedia vivida el pasado 29 de octubre.

El Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera confirmó en 2021 que la obra clave de ingeniería para adecuar y drenar el barranco del Poyo, creando una vía verde para conectarlo con el cauce del río Turia, tenía un coste de 35 millones de euros. Así lo dejó por escrito el Gobierno en una respuesta en el Senado, en la que se reconocía que esos 35 millones de euros servirían «para proteger a varios municipios frente a avenidas». De esa forma, el barranco que causó la tragedia que ya contabiliza 223 fallecidos, de momento, hubiese pasado a tener calificación de «zona inundable frecuente» a «zona inundable con probabilidad baja o excepcional».

El Gobierno, además, señalaba que «no siendo definitivos los resultados del citado estudio coste-beneficio, sí se muestra que ambas actuaciones son viables desde el punto de vista económico, social y ambiental. Por ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar, va a impulsar la redacción de dos proyectos que se corresponden con las actuaciones estudiadas». Según indicaba el Ejecutivo en el Senado, la Confederación Hidrográfica del Júcar estaba «trabajando para adoptar medidas que minimicen el riesgo de inundación en los municipios de la traza y entorno de los barrancos de la Saleta y Poyo, en sus tramos bajos». Una descripción que encaja dramáticamente con los hechos del pasado 29 de octubre.

Sin dinero para el Poyo

En septiembre de ese mismo 2021, el Ministerio de Transición Ecológica de Ribera organiza un evento en su salón de actos para presentar todos los «planes de gestión del riesgo de inundación» de todas las Confederaciones Hidrográficas.

En el turno de palabra de la Confederación del Júcar, el jefe de servicio, Francisco Roselló, explica con un powerpoint los peligros actuales del barranco del Poyo: «68 inundaciones históricas y más de 10 desde el año 2000. ¡Recurrente!», incide con exclamaciones la presentación técnica, para después describir las actuaciones necesarias y sentenciar, al final: «Paralización proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales».

Es decir, no había esos 35 millones para hacer realidad la obra. También había problemas «ambientales», que no eran otros que la Ley de Huertas que el gobierno socialista de Ximo Puig puso en marcha en 2017, y que añadía más complicaciones administrativas al proyecto.