El último plan del Gobierno sobre el fatídico barranco del Poyo: 600.000 € para preservar aves y plantas

La memoria del año 2023 de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, apenas hace alusión al fatídico barranco del Poyo -cuyo desborde fue determinante en la magnitud de la catástrofe del pasado 29 de octubre- como objeto de un convenio firmado por el organismo estatal con dos organizaciones ecologistas para preservar aves y plantas de esta rambla valenciana.

Esta actuación, la de mayor calado contemplada respecto al barranco del Poyo, pese a la polémica que ha rodeado al enclave durante años por su elevado riesgo, prueba que el Ejecutivo socialcomunista ha primado el medioambiente a la seguridad de las personas en la gestión de este torrente. La cifra de muertos por el desastre natural que provocó la DANA de la pasada semana alcanza ya las 222 víctimas entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

En concreto, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que preside Miguel Polo Cebellán y que está adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, firmó un convenio con la asociación Acció Ecologista Agró y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) para la «mejora de la calidad de las aguas del barranco del Poyo y del lago de la Albufera en el Tancat de la Pipa, seguimiento de indicadores ambientales y divulgación, conservación, restauración y mejora del patrimonio natural y la biodiversidad en el ámbito de la Albufera de Valencia», reza en el documento.

El plazo de duración de este convenio, es de 4 años, con posibilidad de prórroga, y el importe comprometido por el Gobierno central se eleva a 606.000 euros, según consta en la memoria de 2023 de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Este organismo fue el que no informó a Emergencias de la Generalitat hasta las 18.43 horas del martes 29 de octubre de que el caudal del barranco del Poyo se había desbordado. Además, de tarde, lo hizo mediante correo electrónico.

El convenio en cuestión, suscrito con fecha del 23 de junio de 2023, fue publicado en el BOE el 7 de julio de 2023 y distribuye el importe total en las siguientes anualidades: 88.375,00 euros para 2023; 151.500,00 euros para 2024; 151.500,00 euros para 2025; 151.500,00 euros para 2026 y 63.125,00 euros para 2027. En cuanto a las entidades beneficiarias, la distribución es del 68% para Acció Ecologista Agró (68 %), y del 32 % restante, para la asociación SEO/BirdLife (32 %).

El acuerdo recoge que «resulta de interés para las tres partes la realización de un convenio, para impulsar acciones que favorezcan la gestión de este espacio para la mejora de la calidad del agua del barranco del Poyo y del lago de la Albufera, así como para favorecer la conservación de hábitats, fauna y flora indicadoras de buena calidad del agua y la divulgación ambiental en el Tancat de la Pipa».

El Tancat de la Pipa es un área de reserva dentro del Parque Natural de la Albufera, ubicada en la orilla norte de la laguna, entre el final del canal del puerto de Catarroja y la desembocadura del barranco del Poyo, en el término municipal de Valencia. Un espacio que ha quedado devastado por la riada del 29 de octubre y en el que se han encontrado cadáveres arrastrados por el torrente, al ser su punto de desembocadura.

Resulta significativa que sea esta la principal actuación que aparece en la memoria del CHJ de 2023, más allá de lo relativo a un proyecto de «Adecuación ambiental del barranco del Poyo entre el cruce con al A-7 y el barranco dels Cavalls», con importe de 63.669,94 euros.

Proyecto contra inundaciones

Sin embargo, tal y como ha publicado OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, lleva más de cuatro años sin concretar un plan contra las inundaciones en la zona cero de la DANA en la provincia de Valencia.

En junio de 2020, el Ejecutivo licitó la redacción del plan Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia, que tenía como objetivo aumentar la capacidad de la rambla y, de esta manera, minimizar el riesgo de inundaciones.

El ministerio encabezado por Ribera licitó por casi 100.000 euros la redacción de este proyecto, que abarca las zonas del suroeste del núcleo urbano de Valencia y afecta los términos municipales de Aldaia, Torrent, Alaquàs, Picanya, Paiporta, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Massanassa, Alfafar, Benetússer, Sedaví y Llocnou de la Corona. Todas estas localidades han sido devastadas por la riada.

«El régimen torrencial de las lluvias dadas en la cuenca del Poyo y el alto grado de urbanización de la cuenca hacen que el riesgo de inundaciones sea muy elevado, ya que el cauce se desborda con facilidad. Además, la limitación existente aguas abajo de Paiporta, es el que en la actualidad lleva a considerar que todas las poblaciones existentes aguas abajo de dicho punto tienen un riesgo de inundación elevado», justificaba el propio Ministerio de Transición Ecológica en la documentación de dicho proyecto.

Cuatro años después de aquella licitación, el proyecto para el barranco del Poyo todavía sigue pendiente. Por el momento, no se ha formalizado ningún tipo de contrato para la ejecución de estas obras, por lo que el plan continúa estando sólo sobre el papel.

A todo ello, se une que el Gobierno de Sánchez se ha negado a dragar y limpiar en profundidad cauces, torrenteras y barrancos pese al evidente riesgo de inundaciones. En los últimos años, el criterio de limpiezas «mínimas» ha sido el predominante, alegando la prioridad del «respeto medioambiental» de la vegetación y la fauna.