Ribera gastó en publicidad los 35 millones que dijo no tener para la obra contra la inundación del Poyo

Mayo de 2021. El Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera confirma en el Senado que la obra clave de ingeniería para evitar que el barranco del Poyo (Valencia) se inunde de manera catastrófica cuesta 35 millones de euros. Sólo cuatro meses después, el Ministerio reconoce que el plan está paralizado por «falta de disponibilidad presupuestaria». En los años venideros, entre 2022 y el actual 2024, el departamento de Ribera ha dedicado 42 millones de euros a publicidad institucional y autobombo, siendo una de las carteras con mayor número de campañas mediáticas. Así se dio carpetazo a una inversión que podría haber evitado o reducido significativamente los 223 fallecidos -provisionales- por las inundaciones de Valencia. Una catástrofe, además, para la que su departamento debió dar la alerta a tiempo.

«Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Gobierno de España». La frase, locutada por una voz femenina, es ya uno de los cortes más habituales en la radio y televisión. Casi una letanía. No es para menos: el Ministerio de Ribera es uno de los que más campañas publicitarias ha lanzado en los últimos años. En las estadísticas de la Comisión de Publicidad y Publicidad Institucional, dependiente de Moncloa, el departamento de la aspirante a vicepresidenta de la Comisión Europea rompe año a año las estadísticas de campañas institucionales. En 2023 fueron 56 en total, un tercio de la suma total de todos los ministerios.

En cuanto al gasto, las diferentes memorias de este organismo público de control de la publicidad institucional (aquí se pueden consultar) revela que desde 2022 hasta 2024, el Ministerio de Teresa Ribera alcanzó un gasto de 42 millones de euros. En 2022 fueron 18; en 2023, 15,3; en este 2024, nueve millones. Sólo en una campaña contra el «derroche energético», denominada «los derrochólicos», su departamento gastó más de 6 millones de euros.

Esos 42 millones contrastan con otra de las cifras que dio el departamento de Ribera en 2021, justo antes de este despliegue millonario de publicidad y autobombo con el sello de «Gobierno de España»: los 35 millones que el Gobierno fijó como inversión necesaria para adecuar y drenar el barranco del Poyo, creando una vía verde para conectarlo con el cauce del río Turia.

La obra clave por 35 millones

Así lo dejó por escrito el Gobierno en una respuesta en el Senado el 10 de mayo de 2021, en la que se reconocía que esos 35 millones de euros servirían «para proteger a varios municipios frente a avenidas». De esa forma, el barranco que causó la tragedia que ya contabiliza 223 fallecidos, de momento, hubiese pasado a tener calificación de «zona inundable frecuente» a «zona inundable con probabilidad baja o excepcional».

El Gobierno, además, señalaba que «no siendo definitivos los resultados del citado estudio coste-beneficio, sí se muestra que ambas actuaciones son viables desde el punto de vista económico, social y ambiental. Por ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar, va a impulsar la redacción de dos proyectos que se corresponden con las actuaciones estudiadas».

Según indicaba el Ejecutivo en el Senado, la Confederación Hidrográfica del Júcar estaba «trabajando para adoptar medidas que minimicen el riesgo de inundación en los municipios de la traza y entorno de los barrancos de la Saleta y Poyo, en sus tramos bajos». Una descripción que encaja dramáticamente con los hechos del pasado 29 de octubre. En cambio, todo cambió sólo cuatro meses después de aquélla respuesta en el Senado. El proyecto se fue a un cajón por «falta de disponibilidad presupuestaria».

Sin dinero para el Poyo

En septiembre de ese mismo 2021, el Ministerio de Transición Ecológica de Ribera organiza un evento en su salón de actos para presentar todos los «planes de gestión del riesgo de inundación» de todas las Confederaciones Hidrográficas.

En el turno de palabra de la Confederación del Júcar, el jefe de servicio Francisco Roselló explica con un powerpoint los peligros actuales del barranco del Poyo: «68 inundaciones históricas y más de 10 desde el año 2000. ¡Recurrente!», incide con exclamaciones la presentación técnica, para después describir las actuaciones necesarias y sentenciar, al final: «Paralización proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales».

Es decir, no había esos 35 millones para hacer realidad la obra. También había problemas «ambientales», que no eran otros que la Ley de Huertas que el gobierno socialista de Ximo Puig puso en marcha en 2017, y que añadía más complicaciones administrativas al proyecto.

El informe profético

«El régimen torrencial de las lluvias dadas en la cuenca del Poyo y el alto grado de urbanización de la cuenca hacen que el riesgo de inundaciones sea muy elevado». La frase figura, textual, en un informe incorporado al expediente de 2020 con el que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, planteaba la remodelación del cauce del Poyo a su paso por las localidades ahora arrasadas. Pese a ello, el proyecto de construcción de un azud en el Poyo, que derivaría parte del agua en las crecidas, se guardó en un cajón.

La descripción de la «problemática» de esa zona es muy precisa: inundación de pueblos como Aldaya, Paiporta, Catarroja, Alfafar, Benetúser o Sedaví, así como la destrucción de los puentes de Torrente o Picaña. Exactamente, lo mismo que ocurrió el 29 de octubre, cuando el caudal del Poyo alcanzó el equivalente a cuatro veces el del río Ebro.

El documento, con membrete del Ministerio de Teresa Ribera, define a la perfección el área afectada por esa hipotética inundación que se convirtió en realidad el último martes del pasado octubre: «Afecta a los términos municipales de Aldaia, Torrent, Alaquàs, Picanya, Paiporta, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Massanassa, Alfafar, Benetússer, Sedaví y Llocnou de la Corona. Dichas poblaciones se ven afectadas por las inundaciones que se producen en el barranco del Poyo».

En este «proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo» no sólo describía el alcance geográfico de una potencial inundación, sino detalles que encajan a la perfección con el relato de lo ocurrido el 29 de octubre. El desborde del Poyo fue problemático en su zona alta, donde tiene un caudal máximo de 1.500 metros cúbicos por segundo -y se llegaron a alcanzar los 2.000 m³/s-. Pero fue trágico cauce abajo, cuando llegó a la zona de Torrente y las siguientes poblaciones.