El PSOE rechazó en 2024 la regularización masiva porque «la UE no lo permite»

El Partido Socialista rechazó en marzo de 2024 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de inmigrantes -en términos similares a la próxima regularización masiva- alegando que la UE no permitía «una regularización generalizada».

Precisamente, la Comisión Europea advirtió este miércoles al Gobierno sobre esta medida, que pretende imponer por la vía del real decreto -sin aval del Congreso- y que beneficiará a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular.

El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, avisó a Pedro Sánchez que «la migración es un reto compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea». »

Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembros y, al mismo tiempo, esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión», destacó el responsable comunitario, quien afirmó además que el permiso de residencia no puede ser considerado «un cheque en blanco» para desplazarse por la UE y que existen «reglas claras» que deben considerarse a la hora de proponer regularizaciones.

En definitiva, Bruselas cuestiona el proceso de regularización que pretende acometer el Gobierno por las posibles «consecuencias negativas» que podría tener para el resto de países, al disponer los inmigrantes de libertad de movimiento por todo el territorio europeo.

«La UE no lo permite»

En 2024, el PSOE descartó, sin embargo, en la Comisión de Trabajo del Congreso la iniciativa para regular a más de medio millón de inmigrantes, alegando que la Unión Europea no lo permitiría.

El portavoz socialista Luc André Diof destacó que el marco jurídico europeo «no permite una regularización generalizada». «Lo que nos permite ahora es lo que estamos haciendo, que es la reforma del reglamento de extranjería», concluyó, apostando por «una inmigración circular», con la contratación de trabajadores en países de origen. El PSOE apostó entonces por una regularización «caso a caso», de acuerdo con lo establecido por la UE.

La regularización que acometerá ahora el Gobierno es la más laxa de la historia de España, pues sólo exige dos requisitos a sus potenciales beneficiarios: acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y llevar residiendo en España desde antes del 31 de diciembre de 2025. Esa acreditación no requiere estar empadronado. Servirá cualquier tipo de documento, como una cita médica, un título de transporte, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.

El segundo requisito es carecer de antecedentes penales, aunque bastará con presentar una simple «declaración responsable», que el Gobierno no verificará o, al menos, el borrador del real decreto no explicita comprobación alguna.

El texto establece que si el inmigrante «acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente».

«En caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En ese caso, se entenderá, a los efectos de esta disposición transitoria, que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países».

Siguiendo el texto del real decreto, se permitirá regularizar a inmigrantes que estén aún inmersos en procesos judiciales de distinta índole, pendientes de resolver y, por tanto, no hayan generado aún antecedentes penales. Por otro lado, al estar ya regularizados, no serán expulsados salvo en caso de cometer delitos cuya pena de cárcel sea superior a un año, según regula el Código Penal.