Entrevista

La presidenta del Consejo de la Abogacía: «Vamos a cambiar el examen de acceso por una prueba práctica»

Victoria Ortega explica que está trabajando en un nuevo modelo más práctico y menos teórico de la prueba de acceso a la Abogacía

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Victoria Ortega es presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, presidenta de Unión Profesional, vicepresidenta primera del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales y vicepresidenta de la Organización Mundial de las Profesiones Liberales. En una entrevista realizada por OKDIARIO, la presidenta de los abogados españoles asegura que está trabajando en un nuevo modelo más práctico y menos teórico de la prueba de acceso a la Abogacía. El próximo mes de octubre miles de estudiantes se presentarán a este examen que de manera excepcional se está realizando de forma telemática debido al riesgo de contagio por coronavirus.

PREGUNTA.- El pasado 17 de enero de 2020 volvió a ser reelegida como presidenta del CGAE. Asumiendo su segundo mandato, ¿cuáles cree que han sido sus mayores aportaciones a la Abogacía española?

REPUESTA.- Justo antes de presentarme a las elecciones de renovación llevé a cabo la rendición de cuentas en el ejercicio anterior, en el que configuramos un plan estratégico de cuatro años que ahora se ha renovado, de cinco ejes  y cinco ámbitos de actuación en la Abogacía. El primero era sobre la formación y deontología, es decir, una Abogacía en la que se pueda confiar; un segundo, sobre el ejercicio de la defensa; un tercero, sobre una Abogacía avanzada tecnológicamente; un cuarto, relativo a la defensa de derechos humanos y cooperación internacional; y el quinto, sobre una Abogacía europeísta. Ahí teníamos una serie de medidas y lo que hice fue desarrollar el trabajo que se había llevado en equipo durante esos cuatro años. En esta casa aparte de todo el personal técnico y administrativo, hay también cien consejeros que son un número para desarrollar trabajo. La configuración de un nuevo Código Deontológico acorde con los tiempos de actuación de la Abogacía y en el espíritu tecnológico. Te señalo, con respecto a este último, el congreso que celebramos en Valladolid en el que tratamos de analizar las posibilidades que podía tratar la tecnología y cómo aplicarlas a nuestra actuación.

Las políticas de Igualdad eran importantes porque era un reto que tenía asumido, que se han ido implementando en la casa durante todo este tiempo, e igualmente, la implementación en los diversos organismos mundiales a través de las profesiones, también de Unión Profesional, donde en estos momentos ostentamos la vicepresidencia.

P.- Ahora díganos qué está en su «deberes», qué aspectos de su gestión al mando del CGAE cree que pueden mejorarse.

R.– Te señalo una parte que se nos va quedando desde hace mucho tiempo: la necesidad del desarrollo del Estatuto de la Abogacía, que por esta casa se aprobó en el año 2003. Costó porque hay intereses muy variados y una configuración en el Consejo muy variada también entre los Colegios. Era muy difícil ponerse de acuerdo, pero lo hicimos porque era necesario. Aunque ahora estamos parados. Ese Estatuto, que en su momento tuvo un punto de avance, novedad y modernidad, ha pasado a ser antiguo. También nos encontramos en otro punto importante, y en eso estamos, en la configuración de la Ley de derecho de Defensa. Es importante para nosotros, pero fundamentalmente para la ciudadanía, que es la titular de este derecho. Estamos avanzando también en la regulación de la Justicia gratuita, que hay que adaptarla a realidades nuevas, a situaciones que es necesario cubrir con Justicia gratuita y hay que dar cobertura a situaciones como son el turno de oficio, aunque posteriormente no haya reconocimiento.

Nos queda otro tema que llevamos tiempo con ello y tenemos confianza en que lo vamos a conseguir ahora, que es la modificación de la Ley de acceso. En ésta es necesario la prueba, que se hace posteriormente al máster, queremos que se acredite que se dispone de las competencias en las habilidades propias en el ejercicio de la Abogacía. Es decir, hacer que la prueba sea eminentemente práctica, que el compañero o compañera demuestre que sabe desempeñar y ejercer la defensa. Eso no se consigue con un test sino, por ejemplo, con una fórmula como que al compañero se le entregue un ejemplo práctico y luego se le pregunte cómo lo defendería, y pudiera demostrar que efectivamente sabe defender un asunto.

«Una situación  nueva»

P.- Este año habido problemas técnicos en la realización del examen de acceso a la Abogacía que debido al Covid-19 tuvo que realizarse de manera telemática. Varios alumnos suspendieron la prueba porque no pudieron realizarla, ya que el sistema no les dejó iniciar sesión ¿Va adoptar la Abogacía española alguna postura para ayudar a los estudiantes de derecho en los exámenes telemáticos?

R.- El Consejo General de la Abogacía Española sí ha actuado y soy plenamente consciente de lo que me estás comentando porque se pusieron en contacto conmigo para explicármelo. Hemos estado siguiendo y mirando el tema con el Ministerio de Justicia e insistiendo en que se aclarara qué había sucedido. Nos encontramos en una situación nueva y el Ministerio nos dice que no es que haya fallado el sistema, sino que la persona que ha entrado, avanzaba e intentaba volver a entrar o entraba más tarde, es decir, que fue un error de utilización del sistema y no de que fallara.

Así las cosas, hemos insistido muchísimo en que se les dé una nueva oportunidad. Pero ya nos encontramos con la siguiente prueba y no tiene sentido hacer dos; entonces, nuestro mayor interés ahora es que esto no vuelva a suceder: o que existan unas indicaciones claras que el que se va examinar sepa lo que va a hacer, o cómo funciona aquello; es decir, que no tenga un nerviosismo añadido, o incluso que se den primero unas orientaciones por parte de los técnicos de cómo funciona, de forma que esto no vuelva a suceder. Otra cosa que hay que reformar en la ley es que no sea necesaria la convocatoria con tanto tiempo de antelación, porque en este momento creo que son tres meses y nadie entiende por qué hay que convocar en esos tres meses.

P.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene como propósito la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que dejará las instrucciones de las causas procesales en la figura de un «fiscal investigador». ¿Está a favor o en contra de que en España se adopte este modelo?

R.- Es un tema que nos viene ya de hace tiempo, te voy a contestar lo que piensa la casa (el Consejo General de la Abogacía Española). Sí, nos parece adecuado el tratamiento de la investigación a cargo del Ministerio Fiscal con asistencia de un juez de garantías, que es como se ha venido diseñando este modelo. Todo el espacio europeo se regula de esta forma. Para que esto funcione hace falta una reforma en el Ministerio Fiscal y una dotación personal y económica si queremos que vaya bien y no suponga un retraso mayor.

P.- Es cierto que este sistema está implantado en la mayoría de los países europeos pero en España a diferencia de otros, por ejemplo Italia, el Ministerio Fiscal lo nombra el poder Ejecutivo ¿Podían quedar politizadas las instrucciones si la figura del instructor la asume este órgano?

R.- Es verdad que la fiscal general del Estado se designa de la forma que indicas. Eso es así en algunos países. Precisamente por lo que señalas se produjo una serie de modificaciones en el Estatuto del Ministerio Fiscal, fundamentalmente relativos al cese (no tanto quien te nombra sino cómo te pueden cesar en un momento determinado), entonces, las últimas reformas del Estatuto tendieron a lo que indicas. Yo creo que como está configurado se puede actuar con absoluta imparcialidad, que en definitiva es lo fundamental y lo que sí es importante es la dotación personal porque el número de fiscales en muchas Fiscalías es escaso.

«Absoluta independencia judicial»

P.- ¿Cree que la Justicia está politizada?

R.- No lo creo. Creo que disponemos en España de jueces y magistrados de quienes se puede predicar absoluta independencia en el ejercicio de la jurisdicción. Siempre hablamos de esto en unos casos muy determinados, pero se dictan miles de resoluciones. No hay más que ver cómo la ciudadanía confía en el ejercicio de la jurisdicción y confía en jueces y magistrados para el resultado de sus conflictos. Entonces soy una plena convencida de que se actúa con independencia.

P.- ¿Cree que tras el estallido de la pandemia, la posterior adopción de medidas por parte del Gobierno ha vulnerado el ordenamiento jurídico? 

R.- No, no lo creo. Hemos estado (o estamos) en una situación terrible, en una crisis sanitaria tremenda. Ha habido que adoptar una serie de medidas de pronto, una situación que no conocíamos nadie y no habíamos vivido nadie, tampoco la Administración. Lógicamente se han adoptado unas medidas con más fortuna que otras, pero personalmente no creo que se haya vulnerado el ordenamiento ni mucho menos. Creo que intencionadamente se ha actuado de una forma correcta. Otra cosa es que las haya habido más o menos afortunadas y me refiero de manera general (no estoy hablando de una comunidad autónoma ni del Gobierno de la nación, sino de todos).

P.- Como jurista, ¿cree que el estado de alarma es la figura constitucional precisa para regular el confinamiento de miles de españoles?

R.- Eso es muy difícil y lo he pensado. Bueno, ahí está y lo tenemos regulado para situaciones excepcionales como las que hemos vivido y en el caso que se ha adaptado ha funcionado. Estamos como estamos pero en parte funcionó.

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