PP y Vox tuvieron 3 meses para analizar la enmienda de Sumar que les coló la ‘reforma Txapote’

PP y Vox tuvieron tres meses para darse cuenta de la enmienda que beneficiará a los etarras. La modificación de la ley orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, que incluye una de las exigencias históricas de Bildu para favorecer a los presos de ETA, fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 18 de septiembre, por unanimidad. Sin embargo, el plazo para presentar enmiendas -entre ellas las dos que han originado la polémica- se había cerrado ya el 19 de junio. La reforma permitirá que los presos de ETA puedan descontarse los años de cárcel que han cumplido en Francia, lo que acelerará su salida de prisión.

El 26 de junio, el Boletín Oficial de las Cortes Generales -a disposición pública- recogía dos enmiendas clave, registradas por Sumar, que atienden a los anhelos de Bildu y los etarras: por un lado, la derogación de la disposición adicional única de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, que impedía a los presos de ETA condenados antes de 2010 descontarse las penas cumplidas en Francia. Por otro, la modificación del artículo 14.1 de esta ley, que quedaba así redactado: «Las condenas anteriores firmes dictadas en otros Estados miembros contra la misma persona por distintos hechos surtirán, con motivo de un nuevo proceso penal, los mismos efectos jurídicos que las condenas anteriores firmes dictadas en España».

14 páginas

Los grupos apenas registraron 13 enmiendas. Bastaba revisar sólo 14 páginas del boletín de las Cortes para percatarse de la modificación sustancial de la nueva ley que intentaba aprobar el Gobierno para contentar a sus socios proetarras.

Tras el registro de enmiendas, llegó el turno de los representantes de cada partido encargados de elaborar el informe de la ponencia. Fueron los siguientes: Rafael Benigno Belmonte Gómez (PP), María Jesús Moro (PP), José Manuel Velasco Retamosa (PP), María Adrio Taracido (PSOE), Margarita Martín Rodríguez (PSOE),  Artemi Rallo Lombarte (PSOE), Emilio Jesús del Valle Rodríguez (Vox),  Pedro Fernández Hernández (Vox), Verónica Martínez Barbero (Sumar),  Enrique Santiago Romero (Sumar), Pilar Vallugera (ERC), Josep María Cervera Pinart (Junts), Jon Iñarritu (Bildu), Mikel Legarda (PNV) y Martina Velarde (Podemos). Todos ellos firmaron haber estudiado «con todo detenimiento» la iniciativa «así como las enmiendas presentadas». Sólo se excluyeron cuatro. El resto, incluidas las dos de Sumar, se aceptaron.

El 10 de septiembre se celebró la reunión de la Comisión de Justicia para aprobar la ponencia y emitir el dictamen. El informe incorporó, como es preceptivo, las enmiendas de la polémica aprobadas. Y así quedó también reflejado en la publicación de las Cortes Generales.

«Elimina las limitaciones»

El informe de la ponencia incluso aplaudió en su exposición de motivos la modificación que beneficiará a los etarras: «Además, la presente ley orgánica elimina las limitaciones introducidas en la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, para mejorar la efectividad de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, para la fase de ejecución de las condenas». Todos los grupos, incluido el PP, votaron a favor -salvo tres diputados de Vox, que se abstuvieron por otro motivo- de la ley que favorece a los etarras.

José Manuel Velasco, representante del PP en la Comisión de Justicia, defendió la transposición de la directiva, con la enmienda en cuestión. «El Gobierno debería haber conseguido que esta transposición se hubiera realizado en tiempo y forma y no dos años después», afirmó.

Y así, el texto definitivo enfiló el camino del Pleno del Congreso, donde se votó el 18 de septiembre y se aprobó por unanimidad. 3.  votos a favor, cero en contra.

La reforma permitirá que históricos terroristas, algunos de los más sanguinarios de la banda, como Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, salga antes de la cárcel. La Asociación de Víctimas del Terrorismo estima que se perdonarán 400 años de cárcel a 41 etarras.