El PP planta cara a Sánchez: presentará el lunes una proposición de ley para despolitizar la Justicia

Mientras el PSOE insiste en su asalto al Poder Judicial, el PP presenta una proposición de ley con el objetivo contrario: despolitizar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La proposición de ley del PP se presentará este lunes. El texto sentará las bases de una fórmula de elección que limitará la capacidad de designar miembros del Poder Judicial por parte de los partidos políticos, tal y como adelantó OKDIARIO.

El modelo del PP partirá del artículo 122.3 de la Constitución e introducirá un cambio en su desarrollo. Ese artículo señala que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión”.

La proposición de ley de los populares no reclama la elección directa por los jueces de los 12 a elegir “entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales”. Seguirán siendo elegidos finalmente en las Cortes, tal y como determinó la reforma de 1985, pero con una importante limitación: y es que esa elección política tendrá que ser sobre una preselección previa de entre 30 y 40 nombres -un número que se baraja como probable es el de 36- llevada a cabo por los jueces, tal y como adelantó este diario el pasado 8 de octubre.

Además, los candidatos que lleguen a esa lista de 30 a 40 tendrán que contar con un número elevado de avales, de forma que deberán gozar de una aceptación generalizada para poder ser admitidos como candidatos.

Que Podemos no tenga nada que ver

El cambio se plasmará en la mencionada proposición de ley. Pero se acompañará de exigencias políticas en una posible negociación con el PSOE: que los socialistas retiren la propuesta de elección de los vocales del Consejo, “contraria a la Constitución y a los Tratados Europeos, y que va contra la independencia judicial y la separación de poderes” y que Podemos no tenga nada que ver en este proceso “como partido imputado que arremete contra el Poder Judicial y contra el Rey”.

El PP quiere dejar clara, de esta manera, su postura, de forma que, en caso de iniciarse negociaciones con los socialistas para renovar los órganos judiciales, sean visibles las bases y los límites admisibles por su parte.

Los populares quieren acabar así con la inyección de continuos rumores sobre una supuesta predisposición a alcanzar un pacto con Pedro Sánchez.
Hay que recordar que Sánchez llegó a anunciar un supuesto pacto de la Justicia con Pablo Casado. Pero lo cierto es que la renovación del Consejo General del Poder Judicial no estaba pactada, ni mucho menos. Más bien, todo lo contrario: porque el PP exigió como condición previa ineludible una reforma que restara politización a la elección de los cargos del Poder Judicial.

Eso sí, Sánchez metió prisa al PP por un motivo. Quería generar en la opinión pública la imagen de que el PP estaba por la labor de un pacto antes de que ocurrieran dos cosas: la primera, la salida de Don Juan Carlos de España -cuestión que conocía y no comunicó al PP-; la segunda, la batalla que Podemos y el propio PSOE preparaban contra la Monarquía. Y necesitaban esa falsa foto de un supuesto prepacto en la Justicia para intentar dejar atrapado al PP antes de que esos dos factores hiciesen imposible cualquier acuerdo por la magnitud del desafío a las instituciones constitucionales españolas.

El 6 de julio, en el 40 aniversario del Tribunal Constitucional, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, solicitaron al presidente del Partido Popular iniciar conversaciones para la renovación de los órganos institucionales.
 Casado no rechazó hablar con los responsables del Gobierno y del PSOE y encomendó las conversaciones al secretario de Justicia del PP, Enrique López.

Esa ley partía de una base: el PSOE rechazó el 20 de diciembre de 2018 la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el PP y aprobada por el Senado previamente. La ley, además, avanzaba hacia un modelo de elección de los vocales del CGPJ mixto entre el actual y el previo a 1985.

Ese es, de hecho, el modelo que ahora se presenta como proposición de ley. Ese esquema hizo chirriar los esquemas en el PSOE. Y aún más en Podemos: las causas judiciales cercaban ya a Pablo Iglesias, quien no tardó en exigir la paralización de cualquier avance en la dirección de un aumento de la independencia judicial y un menor control político del órgano de Gobierno de los jueces.