La trampa de Sánchez al PP: quiso cerrar el pacto de la Justicia para dejarle atrapado antes del ataque al Rey

Pedro Sánchez anunció un supuesto pacto de la Justicia con Pablo Casado, pero lo cierto es que la renovación del Consejo General del Poder Judicial no estaba pactada, ni mucho menos. Más bien, todo lo contrario: porque el PP exigió como condición previa ineludible una reforma que restara politización a la elección de los cargos del Poder Judicial.

Pero Sánchez metió prisa al PP por un motivo. Quería generar en la opinión pública la imagen de que el PP estaba por la labor de un pacto antes de que ocurrieran dos cosas: la primera, la salida de Don Juan Carlos de España -cuestión que conocía y no comunicó al PP-; la segunda, la batalla que Podemos y el propio PSOE preparaban contra la Monarquía. Y necesitaban esa falsa foto de un supuesto prepacto en la Justicia para intentar dejar atrapado al PP antes de que esos dos factores hiciesen imposible cualquier acuerdo por la magnitud del desafío a las instituciones constitucionales españolas.

El 6 de julio, en el 40 aniversario del Tribunal Constitucional, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen  Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, solicitaron al presidente del Partido Popular iniciar conversaciones para la renovación de los órganos institucionales.
Pablo Casado no rechazó hablar con los responsables del Gobierno y del PSOE y encomendó las conversaciones al secretario de Justicia del PP, Enrique López.

López, en base a ese encargo, elaboró durante el mes de julio las bases de una «Ley para el reforzamiento de la independencia de la Justicia». Se trataba del paso previo al inicio de las negociaciones. Traducido: sin la aceptación de esa condición, no habría renovación de los cargos con el acuerdo del PP.

Esa ley partía de una base: el PSOE rechazó el 20 de diciembre de 2018 la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el PP y aprobada por el Senado previamente. La ley, además, avanzaba hacia un modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial mixto entre el actual y el previo a 1985.

Un esquema que forzaba a los diputados y senadores a tener que elegir los cargos del Poder Judicial entre una horquilla de 30-35 jueces preseleccionados por jueces, no por políticos. Un esquema que garantizaba una reducción de la influencia política en la selección de los responsables judiciales.

La Justicia cerca a Iglesias

Ese esquema hizo chirriar todos los esquemas en el PSOE. Y aún más en Podemos: las causas judiciales cercaban ya a Pablo Iglesias, quien no tardó en exigir la paralización de cualquier avance en la dirección de un aumento de la independencia judicial y un menor control político del órgano de Gobierno de los Jueces.

A partir de ese momento comenzó la famosa escena de los mensajes por Whatsapp. El 22 de julio, Pedro Sánchez propuso por Whatsapp a Pablo Casado los interlocutores para avanzar en las conversaciones de renovación de los órganos institucionales, que fueron aceptados con una escueta respuesta. Todo ello, con la propuesta de despolitización aún encima de la mesa y sin que el PP hubiese recibido un ‘no’ formal.

El 28 de julio, el Pleno del CGJP informó de estas conversaciones que fueron confirmadas por el Partido Popular y el Partido Socialista. A partir de ese momento es cuando el PP descubrió el resto de la agenda que Pedro Sánchez ya conocía y les había ocultado: el 3 de agosto, la Casa Real anunciaba la marcha de España del Rey Don Juan Carlos, todo un banderazo de salida para la izquierda, que se lanzó a un ataque -más o menos velado- contra el Rey Don Felipe.

El líder de la oposición no fue en ningún momento informado por el presidente del Gobierno y transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado.

Es más, el 11 de agosto, Podemos fue imputado por financiación irregular.
Y los deseos de manoseo de la Justicia por parte de loa partidos del Gobierno fue ya un acto obsceno y evidente. Por todo ello, el Gobierno necesitaba un preacuerdo previo del PP en algo que sonara a pacto de la Justicia. Porque los miembros del Gobierno pretendían forzar a Pablo Casado a estar atrapado previamente y no levantarse de esa mesa de negociación cuando descubriese los ataques al Rey y el deseo del PSOE y Podemos de usar la renovación del Poder Judicial para garantizarse una órbita de influencia sobre jueces que, como ahora se confirma, pueden tener que acabar decidiendo sobre el futuro judicial del propio vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.