Pablo Iglesias, que lleva a sus tres hijos a un colegio privado, exigía que la educación «sea gratuita»

Tras años de demonizar la educación concertada y privada como herramientas de segregación social, el comunista Pablo Iglesias ha matriculado a sus tres hijos en un colegio privado de Las Rozas con una mensualidad de 500 euros por niño, tal como ha publicado OKDIARIO. El propio Iglesias pregonaba ya en los inicios de Podemos en 2014 la «eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos. Durante su etapa obligatoria, la educación debe ser gratuita».

Iglesias llegó a decir que «la educación privada no está pensada para que vaya todo el mundo, está pensada para una minoría que se lo puede permitir» y que es «un mecanismo de segregación social, donde las familias con más recursos se separan del resto».

Esta posición se mantuvo durante su etapa como vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, donde Iglesias fue uno de los principales defensores de políticas que limitaban el alcance de la educación concertada. Desmantelar la escuela concertada fue toda una obsesión para Iglesias y su mujer, Irene Montero, hoy instalados en la casta.

Como vicepresidente, Iglesias intensificó su retórica contra el sector educativo privado y concertado. En declaraciones especialmente virulentas, avisó a los «herederos ideológicos de los que entregaron la educación a la Iglesia y arrancaron a millares de niños de sus padres para enseñarles a cantar el Cara el sol» de que el Ejecutivo iba a defender la educación pública, frente a «los que quieren volver al pasado» y los que creen que educar en valores y en democracia es «adoctrinar».

Durante el gobierno de coalición PSOE-Podemos, se aprobó la nueva ley educativa conocida como Ley Celaá, que introdujo importantes restricciones a la educación concertada. La normativa establecía que estos centros no podrían percibir cantidades de las familias por las enseñanzas gratuitas, tampoco podrían imponer obligaciones de aportación a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios que requieran contribución económica familiar. Esta medida provocó las protestas de las asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos y otros colectivos vinculados a la educación concertada.

La Ley Celaá se aprobó en noviembre de 2020 con la educación pública como eje vertebrador pese a que la mitad del Gobierno de Sánchez —incluido el propio Iglesias— estudió en la escuela concertada. El mismo político que denunciaba que los padres llevaban a sus hijos a colegios privados «porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera» ahora paga 1.500 euros mensuales para que sus propios hijos no se mezclen precisamente con esa clase trabajadora que él decía defender.