El viaje en el que se coló el vicepresidente Iglesias dio sus frutos: Bolivia archiva el ‘caso Neurona’

Pablo Iglesias se coló en el viaje del Rey Felipe VI y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, afín a Evo Morales. La presencia del vicepresidente en La Paz marcó un antes y un después en la trama de corrupción del caso Neurona.

El líder de Podemos se desplazó al acto de toma de posesión de Arce pese a que en esta ceremonia España ya estaba representada por el Rey y por Laya. Sin embargo, el chocante interés del secretario general podemita por asistir al evento no fue en vano. Iglesias aprovechó su periplo al otro lado del charco para acudir a actos fuera de la agenda oficial. Con todo ello ha conseguido que finalmente la Fiscalía boliviana de carpetazo a la investigación de la consultora chavista Neurona Consulting por recibir 1,6 millones de dólares del Gobierno de Morales, según un escrito al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO.

El entonces número tres del Ejecutivo viajó a Bolivia entre el 8 y 9 de noviembre del año pasado para acudir a la toma de posesión del sucesor de Evo Morales. Además, Iglesias acudió a otro evento extraoficial junto al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el propio Arce, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y los ex mandatarios Evo Morales, Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil) y Alexis Tsipras (Grecia).

En ese encuentro entre líderes de izquierda se firmó un texto bautizado como Declaración de La Paz. El manifiesto apuntó a un «golpismo de ultraderecha» como la «principal amenaza a la democracia y la paz social» que «se expande a nivel global y propaga la mentira y la difamación sistemática de los adversarios», «apela a la persecución y la violencia política» y «promueve desestabilizaciones y formas antidemocráticas de acceso al poder». El Ejecutivo de Pedro Sánchez se desvinculó de este escrito y aseguró que se circunscribía a una posición personal e individual de Iglesias.

El líder de los morados no plasmó de manera gratuita su firma en ese acuerdo de dirigentes izquierdistas. Iglesias tenía un interés personal: poner punto y final a la investigación judicial del caso Neurona que estaba siendo investigada por el desvió de 1,6 millones de dólares del Gobierno de Morales. La consultora chavista también figura en un procedimiento judicial en España que mantiene imputado a Podemos como persona jurídica.

Iglesias y Zapatero

Iglesias y Zapatero estaban pendientes de ser llamados a declarar en esta trama de corrupción que se investigaba en el país andino. Tal y como adelantó este periódico, el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Jeanine Áñez instó a la Fiscalía, a través de una misiva, a que llamara a declarar a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Baltasar Garzón y José Luis Rodríguez Zapatero para que aclarasen si se habían lucrado con el dinero de la empresa mexicana vinculada a Podemos.

Precisamente fueron el ex presidente Zapatero y Pablo Iglesias los ejecutores del mandamiento firmado en Bolivia y ambos se libran ahora de la investigación judicial. La fiscal Rocío Feraudi ha puesto punto y final a esta causa después de tenerla un año paralizada. 

La resolución número 01/2021 de la Fiscalía, que desvela ahora OKDIARIO, acuerda el sobreseimiento de la causa que afecta a 17 imputados, trabajadores del Ministerio de Comunicación que intervinieron en la contratación de Neurona Consulting. Según la Fiscalía «no se ha podido acreditar la participación de los investigados en los hechos delictivos» y acuerda «que los elementos de pruebas son insuficientes para fundar la acusación».

Señala la fiscal: «El transcurso de la investigación y de la etapa preparatoria se han agotado con los mecanismos necesarios para poder establecer en forma cierta y fehaciente la participación de los imputados en los ilícitos descritos. Sin embargo, los elementos acumulados no son suficientes para sustentar de manera indubitable la responsabilidad ni la existencia del hecho tipificado como uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y falsedad ideológica», de acuerdo al Código Penal boliviano.

La fiscal Feraudi asegura que en el tiempo transcurrido no ha podido averiguar la participación de los imputados en los hechos delictivos. Pero lo cierto es que no ha decretado ni una sola diligencia durante la investigación para averiguar tal extremo, según fuentes solventes consultadas por OKDIARIO.

La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por el anterior Gobierno de Jeanine Áñez. El escrito, de 134 páginas y fechada a 29 de noviembre de 2019 relataba todo el listado de presuntas irregularidades cometidas en ocho contratos con Neurona Consulting, que suman 12 millones de bolivianos (más de un millón y medio de dólares) entre 2017 y 2018. Por otra parte, el documento subrayaba que no se justificaron correctamente en los expedientes los precios estipulados para los ocho contratos: «Los precios de referencia aparecen sin respaldo, no cuentan con ninguna documentación que respalde el cálculo». En este sentido, fuentes consultadas consideraron inflado pagar 1,6 millones de dólares por estas campañas audiovisuales de publicidad.

En el mismo sentido, la denuncia cargaba contra Neurona por no cumplir los requisitos para trabajar en Bolivia. En este contexto, señalaba que no respetaron el Código de Comercio vigente en el país y que obligaba a tener una empresa registrada en el Estado para poder operar en el mismo.