Montero fichó para la SEPI al detenido Fernández y luego Cerdán lo recolocó en Servinabar

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI y ex directivo de Servinabar, la empresa de Santos Cerdán. La operación, ordenada por la Audiencia Nacional, se produce mientras esa empresa está siendo investigada por recibir comisiones en contratos de obra pública.

Fernández Guerrero fue nombrado para la SEPI por la hoy vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero en 2018, que se le trajo de la Junta de Andalucía. Años después, tras dimitir por su imputación en el caso Aznalcóllar, el alto cargo afín al PSOE recaló en Servinabar, la empresa navarra de de Cerdán y Antxón Alonso.

El arresto se ha producido en el marco de una causa bajo secreto de sumario que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña. Junto a Fernández Guerrero ha sido detenida la ex militante del PSOE Leire Díez. Ambos se encuentran en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en Tres Cantos.

La detención de Fernández Guerrero conecta dos escándalos políticos que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez. Por un lado, el caso Aznalcóllar, donde la Audiencia Provincial de Sevilla le absolvió la semana pasada junto a otros 15 acusados. Por otro, la trama de presuntas comisiones en obra pública que rodea a Servinabar 2000 SL y a Santos Cerdán.

Fernández Guerrero llegó a la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en junio de 2018 de la mano de Montero. La entonces consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía le trajo desde Sevilla, donde ejercía como interventor general. Su nombramiento fue considerado un «agradecimiento a los servicios prestados».

La relación entre Montero y Fernández Guerrero se remonta a la etapa andaluza del PSOE, cuando ella era consejera con Susana Díaz y él ocupaba puestos de confianza en la administración autonómica. El salto a Madrid supuso para el andaluz acceder a uno de los cargos más codiciados de la Administración General del Estado, donde se cobran más de 220.000 euros anuales.

Su gestión al frente de la SEPI duró apenas 16 meses. En octubre de 2019, Fernández Guerrero dimitió tras ser imputado en el caso Aznalcóllar. La investigación, impulsada por la juez Mercedes Alaya, analizaba la adjudicación en 2015 de la explotación de la mina sevillana, una de las mayores reservas de zinc y plomo de Europa.

El proceso judicial le señalaba como presunto responsable de irregularidades en el concurso público. La Fiscalía llegó a solicitar 19 años de cárcel, 60 años de inhabilitación y dos millones de euros de multa por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a todos los acusados el pasado 3 de diciembre.

Durante los 18 meses posteriores a su dimisión, el puesto de presidente de la SEPI permaneció vacante. El Gobierno no nombró a ningún sustituto hasta que la situación judicial de Fernández Guerrero se clarificó parcialmente. Esta dilación administrativa generó críticas por la paralización en la toma de decisiones de una entidad que gestiona empresas públicas estratégicas. Ahora se sospecha que estaban esperando a que Leire Díez maniobrara para lograr la desimputación del alto cargo miniterial.

La absolución en el caso Aznalcóllar no ha impedido que su nombre continúe apareciendo en investigaciones relacionadas con tramas de corrupción. Los documentos judiciales del caso revelaron que Fernández Guerrero mantuvo más de 40 intercambios de correos electrónicos con empresarios beneficiados en el concurso minero. Muchos de estos emails fueron enviados en fin de semana y de madrugada, «a horas intempestivas».

Fichaje por Servinabar

Tras abandonar la SEPI, Fernández Guerrero solicitó compatibilidad en mayo de 2021 para incorporarse a Servinabar 2000 SL. La empresa está controlada por el empresario vasco Antxon Alonso, amigo personal de Santos Cerdán. Alonso también conocía a Koldo García, con quien fundó una sociedad y a quien patrocinó durante sus exhibiciones como aizkolari en localidades de Navarra.

La Oficina de Conflicto de Intereses le autorizó para dar el salto del corazón de las empresas estatales a una pequeña empresa de Pamplona que cobraba por trabajos inservibles. La UCO ha documentado que Servinabar pagó a Fernández Guerrero un total de 68.632 euros sólo en 2021.

La empresa navarra fue objeto de una entrada y registro por parte de la UCO el pasado 10 de junio. Los agentes, dirigidos por el teniente coronel Antonio Balas, buscaban documentación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Navarra, especialmente el desdoblamiento del túnel de Velate.

Servinabar formó parte de una unión temporal de empresas que se adjudicó más de 60 millones de euros públicos del Gobierno de Navarra y del Estado. La adjudicación estuvo rodeada de controversia, ya que varios de los ocho integrantes de la mesa de contratación pusieron en duda el procedimiento y la evaluación técnica. Según el expediente, otra oferta iba en primera posición hasta que intervino el voto del presidente de la mesa de contratación.

El Tribunal Supremo investiga si Santos Cerdán utilizó su cargo como secretario de Organización del PSOE para favorecer a Servinabar en contratos públicos.

El informe policial señala que estas adjudicaciones «se habrían producido como consecuencia de la posible intervención ilícita» de Koldo García, quien «habría obtenido un beneficio económico determinado, tal como él mismo podría haber admitido en ciertos pasajes de las conversaciones registradas».

La UCO también ha revelado que Servinabar costeó el alquiler de dos viviendas utilizadas por Santos Cerdán en Madrid. La primera, cerca de la glorieta de Quevedo, fue pagada desde octubre de 2017 con transferencias mensuales de 800 euros bajo el concepto «alquiler Madrid». La segunda, en el distrito de Moncloa, ha sido la residencia familiar del dirigente socialista hasta julio de 2025, con pagos que ascendieron a 44.645 euros entre julio de 2018 y octubre de 2019.

Además, la mercantil sufragó gastos de mobiliario y una tarjeta de crédito que Cerdán o su entorno familiar utilizaron para gastos personales por valor de 33.574 euros. Los cargos incluyen restaurantes, viajes a Ibiza y Tenerife, y establecimientos de lujo.

El piso franco

Vicente Fernández Guerrero también ha sido vinculado con uno de los pisos francos que el PSOE utilizaba en Madrid. Fuentes vecinales aseguran haberle visto en numerosas ocasiones en el edificio de la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca, que Leire Díez utilizaba para sus reuniones con confidentes.

El inmueble, situado en la sexta planta, no estaba amueblado ni habitado. Únicamente era utilizado por «la cloaca del PSOE» para obtener información. Al piso accedían también una abogada llamada María, experta en contabilidad, y un empresario sevillano. Todos ellos dijeron que habían alquilado el piso para montar un despacho de abogados, aunque los socios nunca aparecieron.