El ministro Bustinduy insinúa que empresas españolas en Israel contribuyen «al genocidio en Palestina»

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, insinúa que hay empresas españolas con actividades en Israel que están contribuyendo «al genocidio en Palestina». Así lo sostiene en una carta enviada a las entidades que operan en el país hebreo, en la que les pide que adopten las «medidas inmediatas y efectivas para impedir un genocidio en la Franja de Gaza».

«Como ministro del Gobierno de España responsable de Consumo y del
cumplimiento de la Agenda 2030, es por tanto mi responsabilidad instarles a que adopten las actuaciones necesarias, de acuerdo con el Derecho Internacional, para evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a vulneraciones de derechos humanos que practica dicho Estado en los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza», sostiene Bustinduy en esta misiva.

El ministro de Derechos Sociales y de Consumo hace alusión al dictamen del pasado mes de enero de la Corte Internacional de Justicia, que ordenó al país hebreo a «adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir un genocidio en la Franja de Gaza». «Esta orden se suma a distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ponen de manifiesto que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados suponen una grave vulneración del Derecho Internacional», asegura Bustinduy.

Por ello, Pablo Bustinduy pide a las empresas españolas que operan en Israel que reporten a su ministerio las evaluaciones y estudios que hayan realizado con el fin de evitar los «riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos» en la Franja de Gaza, Palestina y Cisjordania. El ministro de Sumar pide a las empresas que describan «la metodología adoptada para identificar y evaluar estos impactos». «En particular, consultas a expertos/as en derechos humanos internos y/o independientes, con grupos potencialmente afectados y con otras partes interesadas», añade.

Bustinduy exige a las entidades que rindan cuentas «sobre las medidas que está tomando su empresa para prevenir cualquier consecuencia negativa de su actividad en los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza, y el seguimiento de la eficacia de su respuesta». Otra de las acciones que pide realizar a las empresas que operan en el país hebreo es «informar de los mecanismos y disposiciones que su empresa ha puesto en marcha para que las personas consumidoras en tengan pleno conocimiento de estas actuaciones».

Desde el Ministerio de de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aseguran que esta carta de Pablo Bustinduy es una iniciativa «que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU».

Las mismas fuentes explican también que la misiva de Bustinduy responde a la «preocupación» que el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, le trasladó en la reciente reunión que mantuvieron sobre la vinculación de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los territorios palestinos ocupados y en el genocidio en curso. «Ningún actor económico debe contribuir a la vulneración de derechos humanos de la población palestina», sostiene el ministro en un mensaje colgado en las redes sociales.

«Información para los consumidores»

Pablo Bustinduy recuerda distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que piden a los Estados adoptar «medidas para que las empresas domiciliadas» en Israel «se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos
humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas, conforme a las normas previstas en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos».

«Estos principios determinan la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos identificando, previniendo y mitigando los efectos adversos de sus operaciones, incluyendo en sus relaciones comerciales y cadenas de valor. En el caso de empresas que operan en territorio israelí, estas obligaciones se extienden a las operaciones que pudieran tener efectos sobre la población de los territorios palestinos ocupados», recuerda Bustinduy en esta misiva.

Además, el ministro de Derechos Sociales y de Consumo hace alusión al Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos aprobado en 2017 y a la directiva aprobada en el Parlamento Europeo que pide «garantizar el derecho de las personas consumidoras a contar con información que permita el disfrute de bienes y servicios plenamente respetuosos con los derechos humanos».

«El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 insta a los Estados a promover en todas sus actuaciones el estado de derecho a nivel nacional e internacional, así como a impulsar el respeto de los derechos humanos como condición sine qua non para la construcción de paz y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades», apostilla.