La «masa incontrolable» como ejercicio de violencia previsible en la hoja de ruta del ‘procés’

La tesis que soporta el delito de rebelión en el escrito de acusación de la Fiscalía es que, en su objetivo independentista, los líderes separatistas catalanes se habrían servido de puntuales focos violentos, en el marco de «una movilización decidida» mucho más amplia, para lograrla.

Por ello, el Ministerio Público trata de demostrar ante el tribunal cómo los promotores del ‘procés’ habrían utilizado las concentraciones populares cual forma de presión social coactiva útil -con pretendida apariencia de normalidad, pacifismo y espontaneidad- que ellos podían modular y controlar y, por tanto, orientar a la consecución de su fin político último: la declaración unilateral.

Así se infiere del interrogatorio practicado por la acusación a los únicos testigos citados en la jornada de hoy: dos oficiales de la Guardia Civil al mando del dispositivo policial que integró la comisión de Justicia, cuya letrada salió escoltada por los tejados de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat, aquel fatídico 20 de septiembre de 2017. Así se deriva de lo declarado por ambos en sede judicial. El 20S existió «un riesgo objetivo y evidente», compartido por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, de que los manifestantes les atacasen.

Conviene, por tanto, recordar en este punto cómo el propio instructor de la causa, el juez Pablo Llarena, remarcó en su auto de conclusiones que «la interna y personal renuncia a la violencia» -de quienes se manifestaron en las vías públicas en apoyo a los detenidos durante aquel y otros registros- no excluye «la responsabilidad» de quienes instaron a dichas movilizaciones, y se sirvieron de ellas, con la «sugerencia razonable de que la violencia puede ser ejercida de manera incontrolable».

La estrategia de movilización de masas del independentismo durante el ‘procés’ pasó por simulacros de apariencia festiva para ocultar focos de violencia previsiblemente incontrolable. 

El teniente C57393S de la Guardia Civil ha asegurado que no tuvo la «osadía» de salir del edificio cuando hubieron terminado su labor, en cumplimiento de una orden judicial, porque les «habrían machacado». «Si salís con las cajas os matan» llegaron a decirles dos agentes de los mossos. Algo que apoya esa tesis, compartida entre el magistrado Llarena y el Ministerio Fiscal, de que el comportamiento de la multitud que les asedió supuso una «clara y plural expresión de violencia» que es, también, el «aislamiento» de una comitiva judicial.

Que los concentrados no fuesen conscientes de cuál era la finalidad real de aquella llamada a la protesta y que el civismo acompañase a la mayoría de ellos, algo que explicaría sin duda los daños materiales limitados -inexistentes más allá del ‘siniestro total’ sufrido por los vehículos policiales aparcados frente a la puerta principal de aquella Consejería- no disipa la finalidad material de la hoja de ruta del ‘procés’. Los líderes independentistas, en connivencia con ciertas entidades presuntamente apolíticas como la ANC y  Òmnium Cultural, hicieron uso de un «instrumento de imposición de la situación de hecho» que ellos mismos habían creado «bajo la amenaza de un mandato popular que -de ser contrariado- podía resultar incontrolable». Y así sucedió.

«Me atrevo a decir que cuando Sánchez y Cuixart dijeron que no podían salir los agentes con las cajas es porque existía un riesgo de que nos atacaran, si no ¿qué más les da que hubiéramos salido?», ha destacado en sus respuestas, durante el interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza, el primer guardia civil en testificar. Pese a que Jordi Sànchez se presentó «como interlocutor válido de la masa» -y llevaba «la voz cantante» en la materia- «nunca accedió» a las propuestas de la Benemérita para garantizar unas mínimas condiciones de seguridad.

Jordi Sánchez se postuló como el «interlocutor» autorizado «en materia de seguridad», aseguran los guardias civiles citados.

El teniente del Instituto Armado -ahora capitán- confirmaba así que pese a que Sànchez, acusado de rebelión, decía tener «actitud colaborativa» y «aunque ofreció crear un pasillo de voluntarios para que entrasen los detenidos», inicialmente -y abandonasen el lugar los funcionarios de la comisión judicial con los efectos incautados, después- dijo también que estos debían acceder a pie. Algo que «no daba ningún tipo» de garantías.

Es más, el guardia civil ha dicho que no entendió cómo Sánchez accedió a habilitar un corredor de metro y medio, pero se negó a solicitar que se apartasen «cuatro metros» y no permitió que por el mismo accediesen «ni personal uniformado, ni vehículos logotipados», ni tampoco coches camuflados, ni las personas de paisano integrantes de la comitiva judicial. «La masa no los va a dejar pasar», aseguraba.

El «poder sobre la masa» de Jordi Sànchez, entonces, es ahora una evidencia innegable. Hasta que no lo fue. Se había producido, en algún momento de aquel día, un «elemento objetivo de afectación al orden público y de seguridad ciudadana» irreversible. Quizás porque llegados al punto de no retorno y exaltados los ánimos por encima de sus posibilidades, el inocuo ‘monstruo’ civil creado, a primera hora de la mañana por los de ANC y Òmnium Cultural, había mutado a lo largo de la jornada en una turba, hasta para ellos mismos, imposible de controlar.

La psicología de la masa

«La masa no piensa», asegura tajante el segundo guardia civil. El teniente B35974S cuenta con treinta y un años de servicio en el cuerpo y más de once dedicado al control de orden público. «Una multitud puede cambiar en cuestión de segundos», confirma, «pero yo jamás había visto algo similar a lo que pasó allí». Se refiere a las más de 45.000 personas concentradas en loor de multitud, el mismo 20S, frente a la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat.

Gustave Le Bon, el padre de la ‘Psicología de las masas’, sostiene que los seres humanos manifiestan colectivamente comportamientos que jamás desarrollarían de forma individual. Y lo hacen porque la masa se percibe, a sí misma, como un poder invencible donde el individuo entiende, erróneamente, que amparado en el anonimato se diluye la propia responsabilidad. Pero, además, porque la masa sugestiona al individuo para convertirlo en un elemento servil y hacerlo manipulable por un líder con fuerte personalidad, creencias muy definidas y una voluntad poderosa.

El responsable de seguridad de la Guardia Civil ratifica, casi sin querer, la teoría de Le Bon. «Tenía que entender que aquello era la voluntad del pueblo», le dijo el propio Oriol Junqueras en su visita a la sede institucional, durante los registros, para justificar la violencia contra ellos, como miembros del Instituto Armado. Un pueblo que era, en realidad, la expresión desbocada, en la práctica, de su hoja de ruta política, en la teoría. Un pueblo que fueron unos cuantos estratégicamente llamados a concentrarse durante horas, bajo el lema de ‘no pasarán’, frente a la puerta principal de aquella Consejería. La misma que «aguantamos», confirma el agente, «para que la masa no la derribara». 

“Aguantamos la puerta de la Consejería para que la masa no la derribara” confirma el teniente de la Guardia Civil

El panorama «exagerado» de la muchedumbre había alcanzado un cenit descomunal. Era el desenlace presumible de aquel caldo de cultivo en ebullición donde insultos, amenazas, lanzamiento de botellas, humillaciones, escupitajos y gritos de «asesinos», entre otros, salpicaban sin tregua a la pareja de guardias civiles, uniformados, que custodiaron estoicamente el acceso frente a la masa desbocada. Desde las 09.30 horas del 20S hasta pasadas las 02.00 de la madrugada del día siguiente.

La violencia ejercida a través de terceros -incluso aunque estos no fueran conscientes de que estaban siendo utilizados para perpetrarla, sostiene Llarena- por parte de quienes concertaron un plan dirigido a materializar su objetivo de independizarse del Estado español y subvertir, para ello, el orden constitucional vigente, amparados en un presunto mandato de la voluntad popular.

Violencia sin armas, pero instrumentalizada, concurrente y evidente, al fin y al cabo. La Fiscalía soporta su tesis de la violencia necesaria, para perpetrar la declaración unilateral de independencia, en las dos nuevas declaraciones de los testigos cualificados que fueron guardias civiles que vivieron, en primera persona, los hechos objeto de juicio. Y por el momento, aunque quien decidirá es el tribunal, la estrategia de la acusación pública arroja un balance positivo.