La ‘manada de los ERES’ camino de la cárcel

Este jueves venidero, si no se produce una maniobra dilatoria de última hora, que todo puede ocurrir, están llamados de nuevo a la Audiencia Provincial de Sevilla cuatro de los condenados por el escándalo de los ERES. Son los protagonistas de las penas máximas, siete años y pico de cárcel que, en todo caso, tendrán que ser revisadas por el Tribunal Supremo. Viera, Fernández, Guerrero y Márquez deberán comparecer personalmente (nada de escudarse tras sus abogados) para una vistilla de la que pueden salir muy perjudicados, tanto que casi todos los juristas consultados piensan que los cuatro, la manada más cutre del caso del latrocinio mayor de la historia de España, pueden entrar en la Audiencia por su pie y salir en furgón para la prisión más próxima.

Y es que el juez que podrá tomar una decisión como esta no es ya María Núñez Bolaños, la sustituta de Mercedes Alaya. Núñez, en todo el tiempo en que ha dirigido la instrucción, no ha hecho otra cosa que aplazar las piezas del sumario porque, como aseguran en la nueva dirección de la Junta de Andalucía, «no es una magistrada independiente, es una dependiente del PSOE”. Será otro juez, Ignacio Vilaplana quien en esa vistilla o bien enviará a los citados al trullo o, en el mejor de los casos para los penados, les impondrá rigurosas medidas de control no vaya a ser que se cumpla una amenaza que un día, con el mayor de los desparpajos posibles, anunció uno de los encausados, concretamente aquel director de Empleo, de apellido Guerrero, que se gastaba el dinero de los parados en casas de prostitución. “Esto -dijo Guerrero en una ocasión acosado por periodistas- es para largarse cuanto antes”. No es fácil que ahora pueda cumplir con su deseo.

El juez Vilaplana tiene sobre su mesa de Instrucción nada menos que 180 piezas separadas que en su momento también podrán ser objeto de juicio. Son piezas que afectan a los ya castigados y que inciden en dos delitos: la prevaricación y la malversación. También en el tráfico de influencias. Son delitos que han sido probados en el gran juicio de la llamada, mal llamada desde luego, “trama política” de los ERES y que han afectado también a los que fueron presidentes de la Junta socialista, Chaves y Griñán. Sorprende que aún no haya sido llamado a rebato judicial el ex ministro de Trabajo con Felipe González, pero según todas las impresiones si los encausados infrascritos marchan esta semana caminito de la cárcel de Jerez, pongamos por ejemplo, Griñán les acompañará en breve. Ahora bien: también puede ocurrir que la primera remesa, la manada de los cuatro condenados, sólo reciba esta semana apercibimientos con medidas cautelares. ¿Por qué? Pues porque el juez Vilaplana ha aceptado de antemano ampliar el plazo para que los abogados defensores planteen sus recursos antes el Supremo.

Curiosamente y sobre los letrados de las defensas es sorprendente que nadie se esté preguntando hasta ahora quién va a pagar sus minutas. Ya se sabe que la anterior presidenta de la Junta, Susana Díaz, bochornosamente, se retiró, como institución perjudicada, de las acusaciones lo que ahora, en opinión de algunos juristas, entorpece la posibilidad de que sea la propia Junta la que se haga cargo de las referidas minutas. De forma no oficial los servicios jurídicos de la entidad autonómica han reconocido que ya han recuperado una parte mínima de los 680 millones de euros robados pero, al tiempo, advierten que será casi imposible la devolución de la cantidad total, entre otras cosas porque, como en el caso de Griñán, los penados no se encuentran en situación de pagar lo sustraído que, en su momento, benefició a centenares de militantes del PSOE, a sus familiares y a una tribu de amiguetes que jugaban con aquel dinero como si fuera la herencia de un antepasado cercano.

El juez Vilaplana les está cercando a todos con singular presteza y ya hecho públicos autos por los que se procesa a varios empresarios receptores de ayudas procedentes de la Consejería de Empleo. Es decir que aún quedan muchos meses, probablemente años, para desmontar la trama de las diferentes manadas que sisaron el dinero de los parados para fines claramente ilegales, desde luego para instalar todo un montaje destinado a hacer del PSOE un partido imparable en Andalucía. Sánchez, con una desvergüenza inenarrable, ya ha avisado, por boca de su peculiar portavoz Celaá, que no tiene la menor intención de ofrecer explicaciones sobre el robo socialista. Veremos qué hace cuando sus antiguos compañeros de  partido, incluido Griñán, vayan entrando en la cárcel. Veremos hasta dónde quiere llegar la oposición, hasta ahora muy débil en sus requerimientos.