La Justicia admite la querella por prevaricación del CNIO que destapó OKDIARIO

El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por Vox contra varios directivos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) por el escándalo destapado por OKDIARIO. El único trámite pendiente para dar inicio a las actuaciones judiciales es ya la presentación de 6.000 euros de fianza que se ha solicitado a Vox.

Vox acaba de abrir, de este modo, un nuevo frente judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con su querella contra la cúpula del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el principal centro de investigación contra el cáncer, dependiente en estos momentos del Ministerio de Ciencia que lidera Pedro Duque.

El ministro, que ya tuvo que defenderse de la utilización de sociedades instrumentales, deberá explicar ahora en condición de testigo y en caso de que se acepte la petición del partido de Santiago Abascal, si su organismo ha permitido que un entramado de sociedades se haya dedicado a cargar gastos injustificables en las cuentas de la joya de la corona del Ministerio de Ciencia a razón de cinco millones de euros anuales, tal y como apunta el informe de la querella publicado por OKDIARIO.

Fuentes de Vox señalan que el caso «reviste una gravedad máxima». Y es que en plena pandemia, mientras el Gobierno no deja de lanzar mensajes en favor de la investigación, uno de los mayores orgullos públicos de la ciencia española, el CNIO se habría convertido en un nutriente de dinero malversado y destinado a fines extraños, tal y como señala el partido en la querella.

El CNIO fue creado en 1998 como un centro adscrito al Instituto de Salud Carlos III, y dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. Se ha mantenido desde entonces como uno de los mejores centros de investigación con los distintos gobiernos y signos políticos.

Desde Vox subrayan que en la actualidad el CNIO depende de Pedro Duque, que es el presidente de honor de su Patronato, un organismo con capacidad para controlar los gastos y el destino del dinero.

En estos momentos, uno de los principales proyectos del CNIO y del CSIC se centra en la detección masiva, precoz y «pie de calle» del SARS-CoV-2, actividad que se desarrolla con fondos del Instituto de Salud Carlos III. Esos proyectos, por lo tanto, son financiados en última instancia por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III con la ayuda de diversos organismos internacionales como la Comisión Europea.

Tráfico de influencias, malversación y fraude

En ese contexto, Vox ha decidido presentar una querella criminal contra el «Director Gerente, el ex Director de Personal y el Director financiero del CNIO, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa contemplado en el artículo 404 del Código Penal; de tráfico de influencias contemplado en los artículos 428 y 429 del Código Penal; fraude y exacciones ilegales por intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidaciones de haberes públicos contemplado en el artículo 436 del Código Penal; y de malversación contemplado en el artículo 432 del Código Penal».

Por ahora, la Justicia admite la querella por prevaricación. Los hechos querellados se centran en los ejercicios 2017 y 2018. Uno y medio de mandato del PP -cuando dependía del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad– y medio de ejercicio bajo mandato del PSOE. Un periodo en el que, según la documentación que acompaña la querella de Vox, se han estado realizando por el CNIO adjudicaciones replicadas y duplicadas a unas empresas con vínculos profesionales y personales directos con los querellados. Los datos de la querella, de hecho, avalan que se ha podido producir un incremento sin justificar del gasto en los años 2017 y 2018 de más de un 60% en algunos conceptos.

Las diligencias solicitadas por el equipo jurídico de Vox dejan constancia de la gravedad de los hechos y apuntan a testificales de «D. Pedro Duque y Raquel Yotti», la directora del Carlos III. La querella afirma que ambos cargos estaban plenamente al corriente de las supuestas irregularidades, ante las continuas denuncias de la presidenta del comité de empresa, llegando ésta a enviar tres correos al ministro sin que recibiera respuesta alguna.

La presidenta del comité de empresa, por otra parte, asegura «haber sido objeto de represalias laborales, coacciones y amenazas desde que puso esta situación en conocimiento de distintos responsables del CNIO», tal y como se recoge en la querella.

El CNIO se inauguró en 2003 por José María Aznar y bajo la dirección del prestigioso investigador Mariano Barbacid. Se trata de un centro de investigación público pero con una parte de financiación externa. El CNIO es una fundación del sector público, por lo que no existen funcionarios ni personal laboral, tiene libertad de contratación de personal y a efectos de contratación funciona como una empresa privada. En cuanto a la compra de fungibles, la contratación de servicios y suministros, funciona como un centro del sector público, es decir, ha de someterse a licitaciones y concursos públicos. La actual directora científica es María Blasco y el director gerente es Juan Arroyo Muñoz, cuyas funciones y competencias están reguladas en los estatutos aprobados por el Instituto de Salud Carlos III.

Inicialmente (en el año 2003) en el CNIO no existían subcontratas, todo el personal era personal contrato internamente por el centro. Desde el 2005, sin embargo, se fueron subcontratando departamentos completos hasta llegar a la situación actual de amplia subcontración. Y es ahí donde entra la querella: por existir “una relación directa de algunas de estas empresas con empleados o ex-empleados del CNIO”.