Junts ya acepta investir a Sánchez con tan sólo registrar la ley de amnistía en el Congreso

Las conversaciones de Pedro Sánchez con el independentismo para lograr su investidura avanzan, y a buen ritmo para los deseos del socialista. Tal es la sintonía entre los equipos negociadores que Junts, según ha podido saber OKDIARIO, ya sólo exige a Sánchez un gesto para desencallar la investidura: le basta con que el PSOE registre la futura ley de amnistía en el Congreso. Es decir, la ley no tendrá que estar aprobada para que el partido de Carles Puigdemont vote a favor de que el ahora presidente en funciones siga en La Moncloa.

Sánchez tiene hasta el 27 de noviembre para lograr una mayoría que le permita su investidura, para la que necesita el sí de Junts. Si ese día no ha logrado ser investido presidente, España celebrará nuevas elecciones generales el 14 de enero. Hace tiempo que el ex presidente catalán prófugo dejó claro que ese voto afirmativo pasa por una ley de amnistía que permita el borrado de los delitos del proceso separatista.

El diseño de esa ley centra los trabajos de Moncloa desde hace meses. Se busca que el texto sea fácilmente digerible para el Tribunal Constitucional que previsiblemente tendrá que pronunciarse sobre un eventual recurso. El órgano de garantías, presidido por Cándido Conde – Pumpido y con mayoría de izquierdas, no tendrá aparente problema en avalar esta nueva concesión de Sánchez.

No obstante, Junts exige que el texto esté bien atado y así se lo ha hecho llegar al PSOE tras recibir un primer avance del texto, en concreto, la exposición de motivos. El objetivo es que la propuesta que entre finalmente en el Congreso, en forma de una proposición de ley registrada por los socialistas, sea inapelable.

Junts en la investidura de Sánchez

Así pues, el tiempo apremia ahora para ultimar el texto y llevarlo a la Cámara Baja. Una iniciativa de este tipo podría estar aprobada en unas cuatro semanas, y como precedente basta recordar que la supresión del delito de sedición, otra de las concesiones de Sánchez al separatismo, se aprobó por la vía exprés. Pero Junts ha rebajado en este caso las exigencias y admite que la ley de amnistía sea simplemente registrada.

Al estar en funciones, el Gobierno no puede presentar un proyecto de ley, por lo que la fórmula elegida será la proposición de ley. Según el reglamento del Congreso, estas iniciativas irán acompañadas de una exposición de motivos y «de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellas».

Para registrarlas, basta que lo haga un diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara, o bien un Grupo Parlamentario con la sola firma de su portavoz. A continuación, la Mesa del Congreso ordenará su publicación y su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración. Si el Ejecutivo no pone objeción -como será el caso- está en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno. 

Una de las grandes ventajas para Moncloa de esta fórmula es que la Mesa puede acordar el trámite de urgencia y en lectura única, según recoge el artículo 150 del Reglamento, por lo que podría estar aprobada en sólo una votación. Esta tramitación se reserva a los casos en que «la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita».

Tras ello, la propuesta pasaría al Senado. Aunque el PP tiene mayoría absoluta y podría bloquear la tramitación, al ser un procedimiento de urgencia ese retraso apenas sería de 20 días y no de dos meses como ocurriría en el caso de un trámite ordinario. La otra ventaja que la proposición de ley le brinda a Sánchez es que podrá eludir los informes de los órganos constitucionales, como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Según fuentes parlamentarias, todo el trámite duraría aproximadamente un mes.

La amnistía ya tiene nombre

En cualquier caso, a Sánchez le bastará que el texto de la amnistía esté listo y registrado para comprar el sí de Junts y lograr su investidura. La proposición, de hecho, ya tiene nombre: Ley Orgánica de Amnistía por la convivencia institucional. El eufemismo con el que Moncloa intenta enmascarar ante la opinión pública todo un ataque al Estado de Derecho. El texto asume el mismo argumentario que en los últimos años viene desplegando el separatismo.

El propio presidente en funciones ya se mimetizó hace unos días con esas tesis, al defender por primera vez la amnistía como «una forma de superar las consecuencias judiciales de la situación que se vivió en España». El mismo Sánchez que prometió juzgar a Puigdemont y que, apenas tres días antes del 23-J rechazaba rotundo esa nueva concesión: «El independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum de autodeterminación y no ha habido amnistía y no habrá referéndum de autodeterminación».