Ya tiene nombre: «Ley Orgánica de Amnistía por la convivencia institucional»

El plan de Pedro Sánchez ya tiene nombre: «Ley Orgánica de Amnistía por la convivencia institucional». Este es el nombre que lleva el borrador de la exposición de motivos de la ley de amnistía, condición sine qua non para conseguir los siete votos de Junts necesarios para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO de fuentes socialistas. Una jerigonza legal para que los golpistas blinden a Sánchez en la Presidencia del Gobierno. «Se trata de defender la amnistía como una herramienta que fomente la convivencia en Cataluña y no como una censura a la Justicia», dicen las mismas fuentes.

El texto asume de forma implícita un argumentario similar al que desplegó el PSOE con los indultos a los golpistas: dar carpetazo a una anomalía, pasar página de situaciones nunca deseadas, o cómo dijo Salvador Illa el pasado 2 de octubre, «explorar las posibilidades de estiramiento de las políticas de convivencia en Cataluña». Todo un galimatías que oculta una cacicada que supone, de facto, el reconocimiento de que el Estado se excedió en su defensa del marco constitucional y que, por lo tanto, ahora debe ponerse de rodillas ante unos sediciosos.

Al igual que el texto registrado en el Congreso de los Diputados el 16 de marzo de 2021, nombrado «Proposición de Ley Orgánica de Amnistía y Resolución del Conflicto Político entre Cataluña y el Estado Español», este se trata de una proposición de ley orgánica que, a diferencia del proyecto de ley ordinaria, se presenta ante el órgano legislativo competente por un órgano distinto del Gobierno, ya sea por el Congreso, el Senado, la Asamblea Legislativa Autonómica o una iniciativa legislativa popular. Su aprobación exige una mayoría absoluta del Congreso, pero podría salir por tramitación directa y en lectura única, procedimiento especial regulado en el artículo 150 del Reglamento del Congreso, que permite concluir la tramitación parlamentaria en un único debate ante el Pleno.

Sánchez negó la amnistía en campaña

Hace apenas tres meses, en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 23 de julio, Sánchez repitió en distintos medios, por activa y por pasiva, que otorgar la amnistía no entraba en sus planes. Así lo dijo, por ejemplo, en una entrevista en La Sexta, el 20 de julio: «¿Qué pedía el independentismo? ¿La amnistía es un indulto condicionado? Entiendo que estamos en campaña y tienen que decir estas cosas… Pero el independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum de autodeterminación y no ha habido amnistía y no habrá referéndum de autodeterminación». Un día después, insistió en la misma respuesta en TVE: «No es algo futurible, ya llevo cinco años gobernando. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido, lo que han tenido son indultos condicionados, en los que se han mantenido las penas de inhabilitación al ejercicio del cargo público para los líderes del llamado procés».

En otro sorprendente «cambio de opinión» -el eufemismo que utiliza Sánchez para hacerse perdonar sus flagrantes mentiras- ahora el candidato a la investidura socialista sí se atreve a pronunciar la palabra amnistía. Sucedió el pasado 6 de octubre en Granada delante de los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen. El jefe del Ejecutivo en funciones reconoció que «conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos las propuestas de otros partidos políticos en relación con la amnistía». Acto seguido, defendió que la amnistía que negocia con Junts y ERC «es una forma de superar las consecuencias judiciales de la situación que se vivió en España, con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017». Otra pirueta más de un Sánchez que prometió juzgar a Puigdemont y ahora dice que el 1-O «nunca debió derivar en una acción judicial».

Como adelantó OKDIARIO, Junts ha recibido una parte de la ley de amnistía, la previa al articulado, -que consta de unas cinco páginas con seis apartados-, pero exige al Gobierno del PSOE y de Sumar «retoques para blindarla». No le basta con la exposición de motivos -la descripción de las necesidades y objetivos que trata de cubrir la norma- y exige conocer el articulado de la ley para estudiar su encaje legal para que no sea tumbada por el Tribunal Constitucional. Las prisas de los de Puigdemont por conocer el articulado de la ley se basan en la necesidad de «amarrar bien el texto sin dejar flecos ni huecos de inconstitucionalidad», según afirman fuentes cercanas a Junts. Por eso exige al Gobierno «más concreción y menos literatura».