Sánchez ofrece a Junts y ERC camuflar en los Presupuestos cesiones fiscales a cambio de sus votos

Los próximos Presupuestos Generales del Estado formarán parte del pacto de investidura entre el PSOE y los partidos separatistas. Un acuerdo que los socialistas defienden asegurando que «dará estabilidad a la legislatura». Se trata de un movimiento astuto por parte de Pedro Sánchez para garantizarse un mínimo de dos años en el Gobierno sin contratiempos ni órdagos de ERC y Junts. Sin miedo a que las primeras cuentas públicas decaigan en el Congreso.

Los negociadores del PSOE ya han trasladado a Junts y ERC su oferta: camuflar algunas de sus exigencias dentro los Presupuestos a cambio de alcanzar este gran acuerdo antes del 26 de noviembre. Algunos sectores de Junts y ERC recelan de esta estrategia diseñada por Moncloa porque «nos resta capacidad de influencia en un futuro».

La corrección del déficit fiscal, que según los últimos cálculos de la Generalitat asciende a 22.000 millones anuales, con datos de 2021, es una de las cuestiones que el separatismo quiere arañar en la negociación con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Fuentes de Hacienda consultadas por este periódico señalan que «esa cantidad es muy difícil de asumir en un corto plazo de tiempo». Pero el departamento que dirige la vicesecretaria general socialista, María Jesús Montero, sí tiene intención de poner fin de alguna forma a una larga reivindicación del independentismo. Parte de esa corrección podría reflejarse ya en las próximas cuentas públicas.

El traspaso de los trenes de Rodalies (Cercanías), otra vieja reivindicación de los distintos gobiernos autonómicos catalanes, es otra de las exigencias que Sánchez y Montero se verán obligados a encajar en los Presupuestos si quieren que ERC y Junts los aprueben junto al acuerdo de la investidura.
A finales de 2021, el Gobierno estimaba que los recursos económicos para Rodalies se movían en una horquilla entre los 270 y los 350 millones de euros anuales, si bien la cifra definitiva debe todavía fijarse. Y es que la Generalitat pide el traspaso para su gestión, pero también los recursos económicos necesarios para su sostenimiento.

El partido de Carles Puigdemont ha cifrado en 450.000 millones de euros la «deuda histórica del Estado con Cataluña». La cifra queda recogida en un informe presentado en el Parlament. En él se exige la condonación de todo lo que Cataluña le debe al Estado por los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 72.000 millones según la cifra que han tomado como referencia los secesionistas, y que además España le pague a la Generalitat 378.000 millones de euros contantes y sonantes para, de esa forma, alcanzar los 450.000 millones que exigen los independentistas. Precisamente, esa condonación de la deuda del FLA, algo con lo que Sánchez se encontrará con el rechazo frontal de la mayoría de comunidades autónomas, es lo más difícil de encajar en este acuerdo. Y que aleja a ERC y Junts de ceder a las pretensiones de Sánchez.

Bilateralidad

Como con la mesa de negociación, que pactaron en 2019 a cambio del apoyo de ERC a la investidura de Sánchez, el partido del president Pere Aragonés quiere que la negociación entre el Estado y la Generalitat a nivel fiscal sea «bilatearal, de tú a tú». De esta forma el Govern rechaza los foros ya existentes como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), dónde tienen representación todas las autonomías, para obtener un trato preferencial y más opaco en lo que a los pactos se refiere. Cabe recordar que a la última convocatoria de esta reunión la Generalitat no mandó ni a su consejero ni a su número dos. Con el objetivo de evidenciar el desprecio hacia el CPFF.

Sánchez, en manos de ERC y Junts

La inestabilidad que, a priori, tendrá el futuro gobierno formado por el PSOE y Sumar, por culpa de las justas mayorías que lo deberán sostener, es una de las cuestiones que más preocupan a los socialistas. Pese al convencimiento de que «hay que aprovechar la situación para reeditar un nuevo gobierno progresista», admiten que «las diferencias entre los socios nos dificultará mucho la acción».

En la anterior legislatura, con más escaños en el bloque parlamentario que apoya al Ejecutivo, Sánchez jugó con los partidos de izquierdas -ERC y Bildu- y los de derechas -Junts y PNV- para aprobar leyes en materia social y económica ideológicamente muy alejadas. Ahora todos esos partidos tendrán que formar parte obligatoriamente de la ecuación, por lo que la tramitación parlamentaria será más laboriosa.