El juez cree que el PSOE ocultó entregas en efectivo a la trama de Cerdán en una caja B: «No hay correlación»

El instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sospecha que el PSOE habría ocultado pagos en metálico realizados a la trama de Santos Cerdán fuera de su contabilidad oficial. En el auto de este viernes, el magistrado señala que existen «pagos en metálico» localizados por la UCO que «no se ha podido confirmar su correspondencia» en «la información facilitada por dicho partido político en esta causa». El juez ha remitido los indicios de estas irregularidades a la Audiencia Nacional para su investigación porque ve indicios de delito.

El juez explica que «Víctor de Aldama tiene declarado que, aunque no fue nunca de ello testigo presencial, sí le dijeron, en particular el Sr. Koldo García, que buena parte de las cantidades que el primero le entregaba en metálico tenían por destinatario al partido. Finalmente, Carmen Pano aseguró, en la declaración testifical que, en dos oportunidades, acudió a la sede del PSOE, en octubre de 2020, y allí, en la segunda planta, les hizo entrega de 45.000 euros en metálico en cada una de las oportunidades». 

La resolución judicial se produce después de que un informe policial del 8 de octubre revelara discrepancias insalvables entre los mensajes hallados y los datos oficiales del partido. Según el auto, «en algunas ocasiones no se ha podido confirmar dicha correspondencia», ya que «algunos eventuales pagos a los que aluden las mencionadas comunicaciones no se encontrarían incluidos, teniendo en cuenta sus fechas y sus importes, en la referida información inicialmente aportada por el partido».

El instructor advierte en su resolución que «es claro que, de haber existido pagos en metálico distintos de los efectivamente contabilizados, tampoco podrían estarlo los ingresos con los que aquellos se nutrían». Esta afirmación sugiere una doble ocultación contable tanto en los pagos como en los ingresos de la formación política.

Silencio de los imputados

Tanto Ábalos como Koldo se acogieron a su derecho a no declarar. Esta circunstancia ha obligado al Supremo a recabar el testimonio de Celia Rodríguez, empleada de la Secretaría de Organización del PSOE, y de Mariano Moreno Pavón, director gerente del partido en aquellas fechas.

Ambos testigos han venido a confirmar el descontrol. No se chequeaban que los gastos reembolsados eran correctos. Además, había un cajón de sastre de «Secretaria de Organización» donde se pasaban gastos no individualizados por personas, lo que, tal como pretenden, pueden explicar descuadres.

El instructor ha detectado que todos los pagos en metálico efectuados bajo el concepto de devolución de gastos habrían sido reclamados por el asesor de Ábalos, «quien no consta desempeñara cargo alguno en la referida Secretaría de Organización».

Estos pagos le habrían sido abonados «en metálico, al mismo o a la persona que, a su plena discreción, él designara (su esposa, un mensajero que acudía a recoger el sobre a las oficinas del partido, etc.)». Este procedimiento sin aparente justificación orgánica ha llamado poderosamente la atención del magistrado.

Además, según consta en el auto, «no existe» tampoco «constancia alguna de que dichas cantidades fueran distribuidas posteriormente en favor de las personas (indeterminadas) del equipo de la secretaría de organización que hubieran podido incurrir en los gastos a cuya devolución obedecían los pagos».

Pagos sin control

La resolución judicial revela un sistema de compensaciones económicas carente de los más elementales controles. El magistrado ha constatado que «no quedó explicado, de manera suficiente, quién era la persona, y cuál el procedimiento, que comprobaba, en su caso, las facturas presentadas por quienes» obtenían «compensación en metálico».

El gerente ha reconocido ante el juez que «no había nadie por encima del Secretario de Organización» y que «su sola firma justificaba la procedencia de la devolución del gastos sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior». Esta admisión deja en evidencia la ausencia de cualquier mecanismo de supervisión.

El auto detalla que tampoco «se comprobaba, antes de proceder a la entrega del dinero en metálico» si «la persona que reclamaba la devolución de los pretendidos gastos era, efectivamente, quien, conforme a los tickets o facturas aportadas, los había realizado».

Esta falta de verificación habría permitido, según el juez, «presentar para devolución tickets por servicios que, en realidad, pudieran haber sido abonados por un familiar, por un amigo, un vecino, o simplemente encontrados por quien los presentaba al cobro». No se comprobaba si el pago inicial se había hecho a la empresa con tarjeta, con efectivo, etc. Eso abriría la puerta a que se estuviera «blanqueando».

Gastos en furgones

El magistrado ha cuestionado abiertamente la propia existencia y funcionamiento de la caja en efectivo del partido. En su auto señala que «no se comprende con facilidad que resultara necesario contratar, al menos para esos casos, una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran».

El juez plantea la alternativa evidente: en lugar de este complejo y costoso sistema, podrían haber procedido «más cómodamente, y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes transferencias».

Tampoco han quedado «suficientemente explicadas las razones que aconsejaban que dichas compensaciones económicas» se efectuaran «en metálico», ni «en qué momento se inició este procedimiento» ni «en qué momento cesó definitivamente, si cesó». El juez da a entender que el gerente del PSOE no ha colaborado con la Justicia y en lugar de arrojar luz respondió con calculadas evasivas. Ni siquiera ha explicado por qué la mayoría de gastos en metálico, en realidad, fueron a parar a otros altos cargos socialistas, empezando por Pedro Sánchez.

El magistrado Puente ha considerado que todas estas incógnitas «pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas». Sin embargo, ha concluido que la actividad del partido político «no se halla inescindiblemente vinculada a los hechos aparentemente delictivos» que constituyen el objeto de la causa del Supremo.

El auto abre una nueva línea de investigación que puede ampliar exponencialmente el alcance del caso. Lo que comenzó como una investigación sobre contratos de mascarillas amenaza ahora con desvelar una estructura paralela contable en el partido del Gobierno.