El informe de la UCO sobre Torres tiene mensajes de Koldo ofreciéndole mascarillas

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tiene mensajes de Koldo García ofreciéndole mascarillas. 

Koldo García y Ángel Víctor Torres tenían una excelente relación. Ambos se conocían del partido y, durante la pandemia de coronavirus, el que fuera asesor de José Luis Ábalos facilitó material sanitario al Gobierno de Canarias, que entonces presidía Torres. García también ofreció mascarillas a otros presidentes autonómicos del PSOE, como Francina Armengol.

Koldo había pedido mascarillas a Víctor de Aldama y las trajeron de China con la empresa Soluciones de Gestión, principal compañía investigada en la Audiencia Nacional. El entonces asesor del ministro ofreció estos dispositivos de seguridad a sus contactos del PSOE, entre los que se encontraba Ángel Víctor Torres, que acabó pidiéndoles las mascarillas a ellos.

Los primeros aviones en aterrizar en España con material sanitario para protegerse del coronavirus fueron los del Ministerio de Transportes. Koldo y Aldama estuvieron gestionando personalmente los mismos. Algunas mascarillas llegaron defectuosas y hubo reclamaciones. 

El ministro Torres insistió a sus funcionarios y miembros de su Gobierno que debían contratar las mascarillas de Koldo. Mantenía informado al mismo de estas gestiones a través de mensajes que la UCO ha podido analizar después de intervenir su teléfono móvil.

El Juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investiga estos contratos de mascarillas de más de 50 millones de euros, en los que habría presuntamente cinco millones de euros repartidos en mordidas entre los imputados en el procedimiento judicial. El PP pidió la prisión de Koldo aludiendo a que el dinero supuestamente procedía de comisiones. 

Hasta ahora y después de las declaraciones del ex gerente de Ferraz Mariano Moreno y la secretaria Celia Rodríguez, aún no se ha podido demostrar que Koldo recibiera efectivo de las mascarillas y todo el metálico que manejaba procedía del PSOE. 

El juez ya tiene el informe

El instructor pidió hace unos meses a los agentes de la UCO que realizasen un informe sobre Ángel Víctor Torres tras contratar a la trama. Los agentes del Instituto Armado han trabajado durante semanas en este documento que, en la mañana del pasado jueves 30 de octubre, ya ha recibido el instructor Ismael Moreno en su despacho de la Audiencia Nacional.

Será en los próximos días cuando dé traslado a las partes e incluso podría mandarlo al Tribunal Supremo al tratarse Ángel Víctor Torres de una persona aforada por razón de su cargo en el Ejecutivo.  La causa no está bajo secreto de sumario.

Si el juez Ismael Moreno considera que hay suficientes indicios delictivos contra Ángel Víctor Torres en el informe elaborado por la UCO, podría solicitar su imputación ante el Tribunal Supremo. Lo tendrá que hacer presentando una exposición razonada, tal y como marca la ley y ocurrió con el ex ministro José Luis Ábalos.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional trasladan que, en principio, no ven indicios de presunta actividad delictiva en el caso de Ángel Víctor Torres. No obstante, será el fiscal del Tribunal Supremo el que tendrá que apreciar los mismos si el ministro acaba imputado en el Alto Tribunal.

La tanquería de Ángel Víctor Torres

Ángel Víctor Torres no sólo habló con Koldo de mascarillas. Hace unos años, Koldo también contactó con él para decirle que había unos empresarios que querían implantar una tanquería para almacenar combustible en el suelo de un puerto de las Islas Canarias.

Los empresarios pidieron a Koldo una reunión con las instituciones canarias para implantar esta industria y ver si era viable hacerla, ya que mucho suelo de los puertos de las islas está ya ocupado por grandes empresas del sector de los hidrocarburos.

Ángel Víctor Torres hizo la gestión e incluso la derivó en el consejero que se ocupaba de estos desarrollos industriales. El objetivo es que el consejero especializado de la Administración canaria les trasladase si estos empresarios cumplían con todos los requisitos que mandaba la legislación.