Interior pide «cautela» a Montero para aplicar la Ley Trans en la cárcel por su impacto en la «seguridad»

La Ley Trans entra este jueves en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La polémica norma, que permite el cambio de sexo sin aval médico a partir de los 12 años, ha generado muchas dudas de aplicación. Entre ellas, en el ámbito penitenciario. Tras su aprobación en el Congreso, Interior decidió esperar a la publicación de la ley para estudiar si debe cambiar la instrucción, de 2006, que, hasta ahora, regulaba cuestiones como la asignación de módulos y cacheos de personas transexuales. Esta instrucción requiere de los «preceptivos informes de valoración médica y psicológica» para decidir sobre cada caso, algo que la ley de Irene Montero rechaza. El ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska trasladó a Igualdad su inquietud durante el proceso de elaboración de la ley y reclamó «cautela» para aplicarla en las prisiones.

Así consta en un informe al que ha tenido acceso OKDIARIO, y que fue enviado al departamento de Irene Montero. En concreto, Instituciones Penitenciarias pidió un plazo de hasta un año y medio, tras la publicación de la norma, para que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias llevase a cabo «las actuaciones necesarias para aplicar la ley en los centros penitenciarios».

Aviso

Interior advierte en el informe de que «es preciso tener en cuenta las circunstancias de un ámbito cerrado, como el penitenciario, que se constituye en un espacio multicultural, multiétnico y de compleja administración, fuertemente normativizado y con múltiples aristas, en el que aspectos como la seguridad y el buen orden en los centros penitenciarios, en general, así como de la propia seguridad personal de quienes están privados de libertad, requieren de la necesaria intervención sobre toda la población reclusa y el personal que presta servicio en ellos, generando un clima social de respeto y convivencia, lo que obliga a la debida cautela en la implementación de nuevos procedimientos administrativos».

La ley no hace ninguna referencia específica a cómo debe ser el tratamiento de los presos trans, y se limita a destacar en su exposición de motivos el «avance normativo» que supuso la aprobación de la Instrucción 7/2006 «sobre integración penitenciaria de personas transexuales», que actualmente regula en las cárceles cuestiones como la asignación de módulos y cacheos de personas transexuales, así como cambios de nombre o el acceso a las instalaciones de uso colectivo con vistas a facilitar un «internamiento adecuado». La instrucción, no obstante, exige para ello los «preceptivos informes de valoración médica y psicológica» en cada caso, mientras que la ley impulsada por Irene Montero los elimina para acceder al cambio de sexo.

Prisiones establecía desde 2001 como criterio el de la «identidad sexual aparente, tomando en consideración sus caracteres fisiológicos y su apariencia externa», pero en 2006, con la socialista Mercedes Gallizo al frente de la institución dependiente del Ministerio del Interior, se amplió el enfoque con otros criterios para valorar la «identidad psicosocial de género».

«Módulos adecuados»

El texto, consultado por OKDIARIO, indica así que «las personas transexuales sin identidad oficial de sexo acorde con esta podrán acceder a módulos y condiciones de internamiento adecuados a su condición», siempre y cuando cuenten con «los preceptivos informes de valoración médica y psicológica y el reconocimiento de la identidad psicosocial de género, a efectos penitenciarios».

En lo referente al informe psicológico se especifica que debe constar que la disonancia de género tiene una trayectoria «en un periodo suficiente de al menos doce meses», así como la «ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir de forma determinante en su elección» y una «evaluación de la presencia de disforia de género».

Todos esos requisitos chocan, sin embargo, con la Ley Trans, que elimina las actuales exigencias para acceder al cambio de sexo en el registro, un informe médico y un tratamiento de hormonación de al menos dos años. Durante la elaboración de la ley, el Ministerio del Interior advirtió a Igualdad de la necesidad de «cautela» a la hora de adaptar sus protocolos.

Procedimiento

Prisiones fija un plazo de 30 días desde la apertura del expediente de solicitud del interno transexual para emitir informe médico y psicosocial, aunque la dirección del centro, previa motivación, puede ampliar el plazo. En el informe debe constar todo el proceso de transexualización del preso y cualquier información relevante de su historia clínica.

La dirección del centro tiene a partir de entonces 15 días para resolver el expediente. En aquellos casos que no se apruebe el traslado a otro centro penitenciario, la instrucción obliga a «adoptar las medidas necesarias para garantizar una integración penitenciaria adecuada a su identidad de género».

La instrucción regula cuestiones como los cacheos, que se hacen «con respeto a la identidad de género reconocida», así como el acceso a las instalaciones de uso colectivo para «compatibilizar la protección de su derecho a la intimidad y del resto de personas que las utilicen».

También autoriza los cambios de módulos o centros penitenciarios para los internos trans cuya identidad oficial de sexo no concuerde con su identidad psicosocial de género.

Polémica

La polémica por el tratamiento de los trans en prisión fue el motivo de la reciente dimisión de la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon. El caso que precipitó su caída fue el de Isla Bryson, quien violó a dos mujeres y cambió de sexo durante el proceso judicial. El debate por su traslado a una cárcel femenina incendió el país y, finalmente, tras ser condenada, cumple condena en una prisión de hombres.