Las grabaciones de ‘Kitchen’: «Tenemos todas las pruebas de la Soraya llenando el Congreso de micrófonos»

La ex vicepresidencia del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría organizó un dispositivo de espionaje dentro del Congreso de los Diputados, según una conversación grabada por el comisario José Manuel Villarejo que forma parte del sumario del caso Kitchen, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En la conversación participan el ex agente infiltrado y los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza. Los interlocutores comentan que Villarejo sacó de un «zulo» información sensible de altos cargos del Partido Popular. Se trata, según fuentes consultadas por OKDIARIO, del domicilio de un amigo del ex tesorero popular donde éste guardaba documentos sensibles.

Además, en ese zulo también estaban «todas las pruebas de las facturas falsas que hicieron con Paco Villar y el grupo parlamentario Grupo Popular para justificar unos pagos de la imagen de Soraya» e incluso «todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda», según consta en el sumario. Villarejo explica: «Me ordenaron a mí y a mi gente quitarla (toda esa documentación) de un agujero, de un zulo».

Extracto de la conversación

– Villarejo: Del tonto polla del Asturiano (Mariano Rajoy), eh, me toca la polla y que, bueno, me podrá meter en el maco (en la cárcel), me podrá no se qué… pero le busco una avería que se caga, eh, le busco una avería que se caga.
– De la Joya: Tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda, las tenemos.
– Villarejo: Pero si es que no, verás, si es que me ordenaron a mí y a mi gente quitarla de un agujero, de un zulo que había…
– De la Joya: Pero es que tenemos todas las pruebas de la Soraya entrando en el Parlamento con electrónica, ¿me entiendes?
– Villarejo: ¡Con mi gente!
– De la Joya: Para meter todo de micrófonos. Pero es que tenemos todas las pruebas de facturas falsas que hicieron con Paco Villar y el grupo parlamentario Grupo Popular para justificar unos pagos de la imagen de Soraya. Vamos a ver, tenemos… que duran en el poder 33 centésimas de segundo todos, saltan por los aires todos, y no te quiero ya decir…

Como telón de fondo de esta conversación está el nombramiento del director del CNI. Los tres interlocutores quieren maniobrar para condicionar ese puesto. Villarejo recuerda que «entre 2009 y 2010 Soraya nos ayudó a nosotros a meter en el Congreso los equipos de rastreo». Sería, explica el ex comisario, para saber «quién iba, quién no iba, quién no sé qué, y cómo se hizo y qué día…». «Es la hostia la pava, ¡eh! Un angelito», comenta Alberto Pedraza.

El objeto de la charla informal, según el informe de Asuntos Internos recogido en el sumario, es «la colaboración que personalmente habría prestado (Soraya Sánez de Santamaría) en el año 2009 o 2010 para que Rafael Redondo (socio de Villarejo), actuando por orden de del ex comisario, efectuase ‘barridos’ con material electrónico en el Congreso de los Diputados». También hablan en dicha conversación de «una campaña de imagen que hizo ella (la vicepresidenta)» que se pagó «con unas facturas chungas», que al parecer conservan Villarejo y De la Joya, acordando que se traslade parte de esa información al Secretario de Estado (Paco Martínez)».

Este lunes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado a conocer el sumario de caso que hasta ahora estaba secreto. Se trata de la pieza separada dentro de la macro causa del caso Villarejo que investiga el operativo policial pagado con fondos reservados para robar documentación comprometedora que tenía Luis Bárcenas. Un dispositivo que desveló OKDIARIO en noviembre de 2018.

Caso Kitchen

En este punto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha decidido citar al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz como imputado. Tendrá que declarar el próximo 30 de octubre para que aclare qué sabe, entre otros puntos, de las maniobras para pagar con fondos reservados al chófer del ex tesorero del PP para sustraer información clave en causas judiciales que acorralaban al partido.

Las responsabilidades de esta operación se están investigando también en las figuras de la que fuera secretaria general del PP y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. El Ministerio Fiscal solicitaba la imputación de ambos por presuntos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Sin embargo, García-Castellón ha decido no dar este paso por ahora.

El juez instructor del caso Kitchen entiende que antes de resolver sobre la citación solicitada por la Fiscalía respecto de Cospedal y su marido, se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez, el ex número dos de Fernández Díaz. Este alto cargo del Ministerio en su primera citación se negó a declarar pero ahora ha desvelado su voluntad de comparecer en presencia judicial. Será así el próximo 29 de octubre.

Anticorrupción ya pedía la imputación de Cospedal y López del Hierro tras tener acceso a documentos, mensajes personales de Martínez al ex ministro y los recibos de los pagos al ex chófer de Bárcenas, que habría recibido más de 53.000 euros por su colaboración en un operativo policial.

Otros testigos que han sido citados por el juez son el sacerdote Silverio Nieto –hombre de confianza del ex ministro–, el ex director de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a su asistente Icíar Castro Álvarez.

Pruebas «evidentes»

En uno de sus últimos autos, el juez bucea en la entrañas de la operación y apunta que es evidente la existencia de un encargo efectuado a Villarejo «por personas vinculadas al Ministerio del Interior» y encaminado a la obtención de documentos personales de Bárcenas. Expone que del estudio de las grabaciones incautadas se desprende que en verano de 2013 pudo producirse un acceso ilegal en el local de la calle General Díez Porlier –el estudio de arte de la mujer de Bárcena– donde se habría localizado un ‘zulo’ en el que se guardaría documentación comprometida sobre los altos cargos del PP.

García-Castellón apunta que esos papeles podrían haber estado en poder de otro de los imputados en la causa, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, al que Villarejo insistió para que se la hiciera llegar. Además, el juez señala que esa operación policial se realizó al margen de la que llevaba a cabo el grupo de la UDEF designado para las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5, y que se sostuvo con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior. Por todo ello, afirma que la documentación recabada en los registros, permite sostener la existencia de pagos efectuados al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que habrían captado como colaborador.

Pistola de 700 €

El ex jefe de la UCAO  ha reconocido que se compró con dinero de los fondos reservados de Interior una pistola por 700 euros para el chófer, y para comprar productos informáticos (1.905 euros). El juez recuerda también que este dinero público deben ser controlado por el ministro y por el secretario de Estado de Seguridad, en esos meses, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez respectivamente.

En su declaración García Castaño implicó a Francisco Martínez en la operación, como indica el juez, ya que el policía le habría hecho entrega al político de la información contenida en dos móviles que le entregó el chófer y que pertenecían a Bárcenas. También leyó tres mensajes de Whatsapp que le habría mandado el cura Silverio Nieto en nombre de Francisco Martínez.

En esos mensajes, Martínez hablaba de la necesidad de entregar actas notariales que incluían mensajes de 2013 y 2014 sobre Kitchen y que conllevarían «la situación de Jorge y probablemente Rajoy». Silverio Nieto le escribió a García Castaño que ese mismo mensaje se habría enviado a «JF» –en referencia Jorge Fernández Díaz–.

Por otro lado, de los mensajes cruzados entre Fernández Díaz y Francisco Martínez se desprende que hablan del chófer de Bárcenas y que el que fuera ministro le pedía total coordinación y medios porque tenían «conseguir esa info». Esas conversaciones y la operación de volcado de dos teléfonos iPhone y un iPad que se habría realizado con éxito con información para la defensa jurídica de Bárcenas, el juez coloca en la diana de la instrucción a ambos altos cargos de Interior.

«La presencia de Jorge Fernández Díaz resulta necesaria, útil y
pertinente, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente, con la participación directa del ministro, y actuando por delegación de este, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad», enfatiza el juez.