Ley del 'sólo sí es sí'

El Gobierno sólo controla a 2 de los 121 violadores excarcelados con su ley del ‘sí es sí’

Gobierno violadores
Irene Moreno (Podemos), ministra de Igualdad.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Sólo dos de los 121 agresores sexuales excarcelados gracias a la conocida como ley del sólo sí es sí cuentan actualmente con una pulsera telemática para controlar el acercamiento a sus víctimas. Así lo ha admitido el Ministerio de Igualdad tras una consulta de OKDIARIO. La cifra permanece invariable desde el pasado abril, cuando este periódico también se interesó por cuántos dispositivos habían sido instalados ante la incesante cascada de salidas de prisión de estos delincuentes.

Instalar estos dispositivos es la única medida que ha articulado Igualdad ante las dramáticas consecuencias de su ley que, según los últimos datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya ha rebajado la condena a 1.205 agresores sexuales. 121 han podido salir anticipadamente de prisión. La medida, improvisada por el departamento de Irene Montero, se ha confirmado como un rotundo fracaso y su alcance es mínimo.

El pasado diciembre, Igualdad emitió una instrucción para atender en 24 horas a las víctimas que pidiesen dispositivos telemáticos de control -hasta ahora limitados a los casos de violencia de género- para defenderse de sus agresores sexuales, debido a las «excarcelaciones sorpresivas o inesperadas», como las calificó el Gobierno.

La cifra, revelada ahora por Igualdad, demuestra la escasísima acogida de la medida. En la respuesta ofrecida a este periódico, el ministerio reconoce que «hasta la fecha, se han atendido todas las solicitudes presentadas por los órganos judiciales, que han sido dos».

Así, la mayoría de las víctimas de excarcelados por la ley del sí es sí no cuentan con protección reforzada, ni los agresores, con un mayor control, más allá del seguimiento que puedan hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La necesidad de contar con más dispositivos para extenderlos a las víctimas de delitos sexuales obligó a Igualdad a licitar un nuevo contrato para dotarse de más pulseras telemáticas. En la abundante documentación, como reveló OKDIARIO, se reconoce que la estimación del número de dispositivos necesarios para proteger a las víctimas «podría verse incrementada» debido al «repunte» en el número de mujeres asesinadas y a la entrada en vigor del sí es sí. En su artículo 45, esta ley incorpora como novedad que «se deberá vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órganos judiciales encaminadas a la protección de la víctima a través de la vigilancia de los investigados o condenados o el control de localización a través de dispositivos telemáticos de control del cumplimiento de penas y medidas de seguridad de alejamiento, cuando su utilización sea acordada mediante resolución judicial».

Excarcelados

Mientras, la aplicación de la norma, impulsada por Igualdad con el visto bueno de todo el Consejo de Ministros, sigue permitiendo la salida de prisión de delincuentes sexuales.

Una de las últimas excarcelaciones, revelada en exclusiva por OKDIARIO, ha sido la de un violador condenado a quince años de cárcel por dos agresiones sexuales a la misma víctima, a la que dejó embarazada.

La primera violación tuvo lugar en 2008, cuando el agresor accedió al domicilio de su víctima, sin su consentimiento y aprovechando que conservaba una copia de la llave de la vivienda. «Tras quitarle la ropa la víctima, la empujó sobre la cama y la penetró vaginalmente, eyaculando en su interior, dejando embarazada a la denunciante y viéndose obligada a abortar», resalta en los hechos probados de la sentencia condenatoria del violador, el cual meses después repitió la agresión.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado en un año la pena de cárcel impuesta a Ángel Boza, condenado por la violación grupal de los Sanfermines. Boza fue condenado a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. Esta pena pasa a ser de 14 años de cárcel tras la aplicación de la Ley Montero.

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