Igualdad compra 11.371 pulseras para agresores pero admite que serán pocas por el «repunte» del maltrato

El Ministerio de Igualdad ha encargado la compra de 11.371 pulseras telemáticas destinadas a la protección de las víctimas de violencia de género y violencias sexuales. El contrato tiene un importe de 55 millones y una duración de 30 meses. Igualdad admite, no obstante, que su estimación del número de dispositivos necesarios para proteger a las víctimas puede quedarse corta debido al «repunte en el número de mujeres asesinadas» y por la «aplicación» de la Ley del sólo sí es sí.

Según se explica en la abundante documentación que acompaña el contrato, y que ha sido consultada por OKDIARIO, «el repunte en el número de mujeres asesinadas por violencia de género durante diciembre de 2022 y de enero de 2023, y el incremento del uso del servicio 016, podría conllevar un aumento de las denuncias presentadas y, con ello, de los procesos judiciales y de las decisiones judiciales adoptadas en las que se impusieran más medidas y penas judiciales de alejamiento controladas por aparatos electrónicos». «Igualmente, la necesidad de dispositivos para víctimas de violencias sexuales supone una novedad recogida por la ley orgánica 10/2022 que carece de precedentes», añade Igualdad.

El departamento de Montero explica que «ha realizado por ello una estimación de casos en base a la información estadística disponible respecto de delitos sexuales en España que podría verse incrementado con la aplicación de la normativa en la práctica».

Por todo esto, prosigue Igualdad, «podría conllevar un incremento de los sets de dispositivos electrónicos instalados por encima de las estimaciones», por lo que el contrato se daría por cumplido de forma anticipada «si se hubiera puesto a disposición del servicio la cantidad estimada de sets de dispositivos». En ese caso, «el contrato finalizará antes de dicho plazo si previamente se agotara el crédito destinado a la financiación de los precios unitarios», pudiendo modificarse posteriormente. Para estimar la evolución de las necesidades, el contratista deberá remitir a Igualdad cada seis meses un informe sobre el número de dispositivos instalados y desinstalados.

Sólo sí es sí

Instalar pulseras telemáticas a los violadores excarcelados por la Ley del sólo sí es sí  ha sido la única propuesta del Ministerio de Igualdad para responder a la cascada de beneficios a los agresores sexuales. El pasado diciembre, el departamento de Irene Montero emitió una instrucción para atender en 24 horas a las víctimas que pidiesen dispositivos telemáticos de control para defenderse de sus agresores sexuales debido a las «excarcelaciones sorpresivas o inesperadas». En abril, Igualdad admitía que, hasta entonces, sólo dos mujeres lo habían solicitado, como reveló OKDIARIO. Por entonces, el número de agresores excarcelados ascendía ya a 74.

Algunos de los agresores sexuales que han salido de prisión gracias a la norma estrella de Montero presentan un elevado riesgo de reincidencia, como es el caso de Daniel P. G., un violador con un historial de 17 agresiones sexuales y en libertad después de que la Audiencia de Lérida le rebajara a nueve y medio los 15 años de condena. Los servicios penitenciarios han alertado de su perfil, pues en 2008 tardó apenas un mes en violar tras salir de prisión por otra condena.

Los jueces estiman que las consecuencias del sólo sí es sí permanezcan aún durante cinco años. La reforma del PSOE para corregir la rebaja de las horquillas penales no tendrá efectos en aquellos condenados antes de su entrada en vigor, que podrán seguir beneficiándose de la ley más favorable al reo, en este caso, la impulsada por Irene Montero.

Como ha ido desvelando este periódico, Moncloa dio el visto bueno a esa ley pese a advertir a Igualdad sobre la rebaja de las penas para delitos sexuales. En un informe emitido por el Ministerio de la Presidencia durante la elaboración de la norma, se advertía de que esas penas quedarían «sustancialmente reducidas» y se instaba a mantenerlas en el mismo rango que entonces recogía el Código Penal. Además, Igualdad y Justicia mantuvieron distintas reuniones técnicas en las que se evaluó el impacto de la ley en los condenados, concluyendo que provocaría una revisión de sentencias. Pese a los dramáticos efectos, Sánchez ha seguido sosteniendo que se trata de una «buena ley» que «ha permitido frenar» las agresiones sexuales.