La «solución» de Montero fracasa: sólo pone pulseras telemáticas a 2 de los 74 violadores excarcelados

Poner pulseras telemáticas a los violadores excarcelados por la Ley del sólo sí es sí ha sido la única propuesta del Ministerio de Igualdad para responder a la incesante cascada de beneficios a los agresores sexuales. El pasado diciembre, el departamento de Irene Montero emitió una instrucción para atender en 24 horas a las víctimas que pidiesen dispositivos telemáticos de control para defenderse de sus agresores sexuales, debido a las «excarcelaciones sorpresivas o inesperadas». Varios meses después, el ministerio admite, en respuesta a este periódico, que «hasta la fecha se han atendido todas las solicitudes presentadas por los órganos judiciales, que han sido dos». El número de agresores excarcelados asciende, al menos, a 74, según el último balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de principios de marzo.

La cifra demuestra la escasísima acogida de esta medida improvisada por Igualdad ante las graves -y anunciadas- consecuencias de su ley. Algunos de los agresores sexuales que han salido de prisión gracias a la norma estrella de Montero presentan un elevado riesgo de reincidencia, como es el caso de Daniel P. G., un violador con un historial de 17 agresiones sexuales y que está en libertad después de que la Audiencia de Lérida le rebajara a nueve y medio los 15 años de condena. Los servicios penitenciarios han alertado de su perfil, pues en 2008 tardó apenas un mes en violar tras salir de prisión por otra condena.

Reincidencia

El Gobierno, sin embargo, ignoró estos riesgos para aprobar la Ley del sólo sí es sí y, con ella, una rebaja de las horquillas penales que ha provocado que centenares de agresores sexuales se hayan visto ya beneficiados, en muchos casos, con una salida anticipada de prisión. Igualdad ha evitado cualquier autocrítica y se ha limitado a atribuir a los jueces una «mala aplicación» de la ley, acusándoles de prevaricar.

Ante la polémica, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, anunció que había dado instrucciones para colocar dispositivos telemáticos en el caso de que las víctimas los solicitasen.

Estas pulseras se están utilizando desde 2009 en el ámbito de la Ley contra la Violencia de Género, pero Igualdad defendió que «de forma extraordinaria» se habían puesto también «a disposición inmediata los dispositivos ya existentes para los casos afectados por las rebajas de condena o excarcelaciones de agresores sexuales, si así lo solicita el juzgado correspondiente». La pulsera telemática permite la geolocalización del agresor y de la víctima generando una alerta –gestionada por el sistema conocido como Cometa y por la Policía– si el agresor incumple este alejamiento, y requiere de una autorización judicial.

La excarcelación de violadores por la aplicación de la Ley del sólo sí es sí ha obligado a Igualdad a improvisar esta «solución», pues hasta febrero del año que viene no tenía previsto ampliar este sistema de protección a todas las violencias contra las mujeres, y no sólo a los casos de violencia de género que se producen en el seno de la pareja o ex pareja. En la actualidad hay algo más de 3.000 de estas pulseras en uso.

En enero, Rosell anunció que se habían instalado «todos» los dispositivos que les habían solicitado judicialmente, aunque no precisó el número concreto por «cuestiones de seguridad». La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género rebatió además las críticas sobre esta medida, algunas procedentes del propio ámbito judicial, que la han tachado de cosmética e inservible. «Esta medida que ha sido cuestionada por algunas personas, medios u opinadores sí sirve», aseveró Rosell.

En su respuesta a OKDIARIO, Igualdad intenta además justificar que la Ley del sólo sí es sí «no sólo incluye entre sus disposiciones finales la modificación del Código Penal» -que ha rebajado la horquilla penal de los delitos sexuales- «sino que prevé la adopción y puesta en práctica de políticas que garanticen una respuesta integral y especializada a las víctimas de violencias sexuales, lo que incluye medidas de sensibilización, prevención, detección, protección, y sanción de las violencias sexuales».

Como reveló este periódico, Moncloa alertó a Igualdad de las rebajas de las condenas de su norma estrella, pero, aun así, Pedro Sánchez le dio el visto bueno en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021.

El PSOE trata ahora de enmendar su propia ley con una reforma, en trámite en el Congreso de los Diputados, que Podemos rechaza. Pese a que los socialistas plantearon su urgencia, dilata ahora su tramitación para negociar posibles modificaciones con el resto de grupos parlamentarios. Su intención es aprobarla a finales de abril, para reducir el debate de cara a la campaña de las elecciones del 28 de mayo.