En lo que llevamos de año, el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido que se celebren 28 homenajes a etarras. 66 desde que, en diciembre de 2018, el Parlamento Europeo requirió a los Estados miembros que evitasen las «humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor». El Ejecutivo lleva meses retrasando la reforma de la ley de víctimas para imponer sanciones a los organizadores de estos actos de enaltecimiento a terroristas. Sin embargo, al mismo tiempo, se jacta de «conocer» el «impacto» que suponen para las víctimas de ETA.
Así resuelve el Ministerio del Interior una pregunta, a través del portal de Transparencia, en la que se requerían los «informes sobre el impacto que para las víctimas suponen los actos de homenaje a los miembros de ETA». En su respuesta -firmada por la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo Montserrat Torija Noguerales- se indica: «Este Centro Directivo conoce el impacto que este tipo de actos produce en el colectivo de víctimas debido al seguimiento psicosocial personalizado a las víctimas del terrorismo que realiza su equipo de trabajadores sociales, así como a su labor de coordinación de Red Nacional de Psicólogos para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, que atiende las demandas de atención psicológica de las víctimas».
No obstante, alega que puesto que «se trata de un seguimiento individualizado, los datos resultantes de esta actuación son datos especialmente protegidos». De esta forma, resuelve de forma parcial la petición.
Recientemente el PSOE rechazó sendas iniciativas de Ciudadanos y PP para acabar con los homenajes a etarras condenados. La propuesta de los populares, como informó OKDIARIO, incluía además poner fin a la política de beneficios penitenciarios a miembros de la banda terrorista.
En respuesta, el líder del PP, Pablo Casado, anunció que su partido presentará una proposición de ley en el Congreso para que no haya «ni un beneficio más a los etarras si no se arrepienten y colaboran en esclarecer los más de 300 asesinatos que siguen impunes». En la iniciativa, que publicó este periódico, el partido plantea además «acabar con los ongi etorri, homenajes a asesinos» y que «los delitos de ETA no puedan prescribir».
«En un país que ha sufrido 850 asesinatos y muchos intentos de asesinato, no puede ser que esta gente diga que se sienta en los mandos del Estado y que el PSOE de Sánchez lo permita, esto es algo que tiene que acabar y no pasa en ningún lugar del mundo», aseveró Casado, en una entrevista en COPE.
La proposición del PP se basará en tres pilares: que no haya «ni un beneficio más a los etarras si no se arrepienten y colaboran a esclarecer 300 asesinatos que siguen impunes»; el fin de los homenajes a etarras y que los delitos de ETA «no puedan prescribir». Según Casado, «no puede ser que haya 300 familias que no saben siquiera quién mató a su padre o quién secuestró a su hermano».
En estos momentos, el Gobierno negocia con Bildu los Presupuestos Generales del Estado. La formación proetarra ha renunciado a presentar una enmienda a la totalidad, lo que allana la tramitación de unas cuentas públicas vitales para el socialista.
«Eso no quiere decir, sin embargo, que le demos un cheque en blanco; en absoluto. Que nadie piense que por no presentar una enmienda plenaria el Gobierno tiene asegurado nuestro apoyo. El Gobierno tendrá que ganar nuestros votos», avisó la portavoz, Mertxe Aizpurua, en una entrevista en Radio Euskadi.
Según explicó «las negociaciones van por buen camino» y Bildu espera «lograr puntos de consenso en las próximas semanas». «De momento estamos recibiendo un feedback positivo: tenemos una interlocución y un intercambio estable y continuo. Se ha priorizado mantener la ventana de negociación abierta», reveló la portavoz.
