Esta es la ley del PP para proteger a las víctimas de ETA: fin de los homenajes y menos beneficios a etarras

El Partido Popular desplegará toda una ofensiva legal para proteger a las víctimas de ETA frente a la rendición de Pedro Sánchez ante Bildu. Pablo Casado ya avanzó este martes que su partido llevará a su debate en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para acabar con los homenajes a etarras y con los beneficios penitenciarios a aquellos que no colaboren con la Justicia. El texto completo de la ley del PP, al que ha tenido acceso OKDIARIO, obligará a Sánchez a retratarse en la Cámara baja mientras negocia los Presupuestos Generales del Estado con los proetarras.

«En un país que ha sufrido 850 asesinatos y muchos intentos de asesinato, no puede ser que esta gente diga que se sienta en los mandos del Estado y que el PSOE de Sánchez lo permita, esto es algo que tiene que acabar y no pasa en ningún lugar del mundo», aseveró Casado.

La ley para la «mejora del régimen de protección de las víctimas» contiene ya en su exposición de motivos toda una declaración de intenciones sobre la política de los populares contra la violencia de ETA.

«Las medidas de protección deben garantizar efectividad frente a las represalias, la intimidación, la victimización secundaria, los daños psíquicos o agresiones a la dignidad de las víctimas», señalan desde el PP, que ve «lagunas» en la actual legislación, como en el Estatuto de la víctima del delito.

Así, por ejemplo, destacan que «la protección otorgada a la víctima por el Estatuto no da cobertura suficiente ante la intimidación, la victimización secundaria, los daños psíquicos o agresiones a su dignidad que pudieran producirse una vez que el penado disfrute de libertad de carácter provisional o definitiva. Siendo por ello necesario establecer una protección reforzada ante actos especialmente graves, como pueden ser el enaltecimiento, el recibimiento y homenaje público a los condenados por delitos con normativa especial en la materia, como el terrorismo». La ley también se aplicará a otros colectivos, como menores de edad víctimas de abuso, explotación o pornografía infantil, víctimas de trata, personas con discapacidad, víctimas de una organización criminal o víctimas de delitos con pluralidad de afectados y los de efecto catastrófico.

Las medidas reforzarán además la participación de las víctimas en la fase de ejecución de la condena, permitiendo que puedan recurrir o alegar las decisiones de las autoridades penitenciarias sobre los beneficios a los presos.

Control de los beneficios

Una de las modificaciones afecta al Reglamento Penitenciario en lo relativo a la «clasificación penitenciaria». El PP condicionará cualquier flexibilización de grado a que «el penado reniegue de los actos delictivos cometidos, muestre arrepentimiento, abandone la voluntad de reincidir y colabore en la investigación y prevención de delitos análogos a los que motivaron su condena». La Junta de Tratamiento deberá realizar una labor de comprobación de estas circunstancias antes de elevarla al Juez de Vigilancia para su aprobación. Aprobación sin la que la propuesta de este modelo de ejecución no tendrá efectividad.

Asimismo, tras la polémica por las cartas de los etarras, se eliminará la posibilidad de que los presos puedan acreditar su supuesto arrepentimiento para acceder al tercer grado con una «declaración expresa» de «repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito». Según la ley del PP, sólo será «mediante informes de la Audiencia Nacional y de la fiscalía adscrita a la misma, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades».

Por otro lado, se modifica el derecho de reunión añadiendo un nuevo supuesto para prohibir los homenajes a etarras. Así, la «autoridad gubernativa» podrá suspender y disolver reuniones y manifestaciones «cuando se organicen para recibir y rendir homenaje al autor de un delito» de terrorismo, y otros recogidos en el Estatuto de Víctimas del Delito. Los ayuntamientos tendrán prohibido facilitar la celebración de la misma con ningún tipo de medida. Las autoridades o funcionarios del ayuntamiento que fueran responsables del incumplimiento de esta obligación, cometerán una infracción muy grave.