La Audiencia Nacional ordena entregar los audios del supuesto espionaje a Podemos tras pedirlo el PSOE

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado que se entreguen los audios íntegros del supuesto espionaje policial a Podemos tras pedirlo el PSOE, que ejerce como acusación popular en el procedimiento. En concreto, la Sala ha ordenado al juez instructor que tres medios de comunicación entreguen las grabaciones y una factura para que sean investigadas.

El PSOE pidió al juez que se aportaran al sumario los audios publicados en diferentes periódicos digitales sobre la reunión de tres policías que viajaron a Estados Unidos para negociar con un disidente chavista información sobre la financiación del partido de Pablo Iglesias. El encuentro se celebró el 12 de abril de 2016 en el Consulado de España en Nueva York.

La petición de las diligencias de investigación fue rechazada por el instructor Santiago Pedraz el pasado 24 de abril. El PSOE recurrió la decisión en reforma, algo que fue rechazado. De este modo, los socialistas pidieron a la Sala que se volviera a considerar la decisión.

La Fiscalía se opuso, sin embargo, la Sala de lo Penal ha acordado que se deben practicar las diligencias de investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La ponencia corre a cargo del magistrado Francisco Javier Vieria, que ha estimado el recurso del PSOE por unanimidad.

Las grabaciones de Podemos

La Sala considera que los periódicos Moncloa.com, El Confidencial y Abc deben aportar la totalidad de los audios que publicaron en 2019 sobre la reunión de los policías en la que se trataron temas vinculados a la formación de Iglesias. El objetivo es poder continuar la investigación sobre el supuesto espionaje a Podemos.

La Sala solicita así que se aporten las grabaciones completas de los fragmentos de audio publicados en las noticias tituladas; «Los policías del espionaje a Podemos: ‘Tengo un mandato del ministro y del presidente’» y «Los policías de José Ramón y Leonardo: ‘Si Podemos no llega al Gobierno… mejor’».

También se solicita la factura publicada en Abc sobre una noticia en la que se hablaba de que Pablo Iglesias había cobrado 93.000 euros de Irán entre 2013 y 2015.

Diligencias necesarias

La Sala expone que la necesidad de la práctica de estas diligencias se justifica en el recurso al tratarse de documentación que ha sido publicada sólo de forma parcial en esos medios, con el fin de garantizar la integridad del documento. No obstante, pide que se mantenga en el anonimato la identidad de las fuentes periodísticas y las comunicaciones mantenidas con los informadores.

«Limitado el objeto del recurso a la incorporación de la documentación completa que puede obrar en tres medios de comunicación y que motivó las publicaciones que se indican, debe considerarse pertinente la práctica de esa diligencia», exponen los jueces en el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO. 

Y prosiguen: «Publicados en esos medios datos fragmentarios de grabaciones a las que se refieren las informaciones reseñadas, aparece útil para la investigación contextualizar los fragmentos publicados con la totalidad de la grabación, a los efectos de determinar su eficacia en la investigación en marcha. Igualmente, la aportación del documento íntegro al que se refiere otra información puede aportar datos esenciales sobre su autenticidad».

El PSOE ejerce de acusación

El PSOE ha tratado durante los últimos meses de prohibir la figura de la acusación popular al ver que se iniciaban en los tribunales investigaciones judiciales sobre el entorno de Pedro Sánchez.

La acusación popular tiene la posibilidad de promover la acción penal y al conocer que distintas asociaciones se personaban en los casos que afectaban al PSOE desde el Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, han tratado de ilegalizarla.

El PSOE registró el pasado mes de enero una proposición de ley para limitar la figura de la acusación popular, prohibiendo que partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos puedan ejercerla. Sin embargo, los socialistas utilizan la acusación popular para dar la batalla judicial a sus rivales políticos.

Tanto es así que se ha personado como acusación popular en varios procedimientos que afectan al PP como, por ejemplo, el supuesto espionaje a Podemos. Esta causa comenzó a raíz de una querella de Podemos contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre las personas que conformaban la formación morada.

El PSOE pide diligencias y recurre las decisiones judiciales para que estas investigaciones contra la oposición sigan su curso en los tribunales.