Podemos presiona a Sánchez para que los golpistas puedan pasar la pandemia fuera de la cárcel

El Gobierno tiene sobre la mesa una iniciativa de Podemos para que los presos que se encuentran en segundo y tercer grado penitenciario que cuenten con permiso para salir de la cárcel puedan permanecer confinados en sus domicilios y no tengan que hacerlo prisión mientras dure la pandemia del coronavirus. Esta medida beneficiaría a los presos golpistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O, a Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol, o a otros reclusos condenados por corrupción como Iñaki Urdangarin.

Así lo ha anunciado este viernes Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso y portavoz de En Comú Podem (la marca electoral podemita en Cataluña), a través de una entrevista concedida a Europa Press. El dirigente podemita ha asegurado que su formación se encuentra negociando la medida con el Gobierno y que se aprobaría mediante un decreto ley. «Es un debate que hemos trasladado al seno del Gobierno, que tiene diferentes aristas, dificultades y planteamientos, pero que está sobre la mesa», ha asegurado Jaume Asens.

«Se puede adoptar mediante un decreto ley y afectaría a todos los presos que cumplan los requisitos, independientemente de quiénes sean los condenados. Efectivamente afectarían a todas las personas que están en situación de semilibertad, también a Iñaki Urdangarin o a los políticos condenados por corrupción como el caso del hijo de Jordi Pujol u otros políticos del PP que están en situación de semilibertad», ha añadido.

El dirigente de Podemos ha reconocido que esta medida «puede tener un efecto colateral» con los presos golpistas del 1-O, que cumplen condena con el régimen de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, si la Generalitat de Quim Torra, con competencia en prisiones, aplica también esta medida como es previsible.

El total de presos que se encuentran en segundo y tercer grado penitenciario es de 43.567, según el balance realizado por Consejo General del Poder Judicial en 2019. El total de la población reclusa es de 47.806.

«No están a salvo»

La propuesta plantea ir más allá de la orden dictado por la la Secretaría General de Instituciones Penitenciaria, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, el pasado mes de marzo para que las juntas de tratamiento de las prisiones o de los centros de inserción social (CIS) estudiasen «individualmente» esta posibilidad de que los presos en tercer grado o con 100.2 del Reglamento Penitenciario no vuelvan a los centros penitenciarios.

«La crisis sanitaria ha afectado también a las cárceles españolas, y a pesar de la privación de libertad de la población penitenciaria, no están a salvo, porque los contagios existen y la prueba más evidente es que se producen fallecimientos en las cárceles», ha argumentado Asens.

El dirigente podemita defiende esta medida porque organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Europa o la ONU «están haciendo este tipo de recomendaciones por una cuestión «de salud pública y también de tratamiento de los internos».

Jaume Asens ha agregado que «nosotros creemos que se deberían poder plantear los confinamientos domiciliarios para todos los condenados que están en régimen de semilibertad, ya sea en tercer grado segundo grado, y eso supone que se adopten las medidas de seguridad oportunas para que no se rompan eso confinamientos domiciliarios. Pero en una situación como la actual, no se puede perjudicar las evoluciones del tratamiento de todos esos internos ni se puede poner en riesgo su salud».